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El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, afirmó que la tragedia ocurrida en una instalación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes, evidenció omisiones en la regulación de empresas de seguridad privada, particularmente cuando operan bajo autorización federal sin supervisión estatal.

En conferencia de prensa, el funcionario recordó que en ese caso, registrado en marzo de 2023, una empresa de seguridad privada que no contaba con registro estatal prestaba el servicio dentro de una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Se da un hecho muy lamentable en Ciudad Juárez, donde pierden la vida alrededor de 40 personas migrantes dentro de una instalación federal. Ahí se encontraba una empresa de seguridad privada que tenía un registro federal. Nosotros a esa empresa en dos ocasiones ya les habíamos hecho el requerimiento para que se regularan con nosotros”, señaló.

Agregó que tanto la empresa como la autoridad federal rechazaron someterse a la supervisión estatal.

“La misma autoridad federal, lo mismo que la empresa, se negaron a hacerlo y al poco tiempo pasó una desgracia”, afirmó.

Loya Chávez afirmó que la SSPE es la única entidad reguladora de las empresas de seguridad privada que operan en Chihuahua, incluso cuando cuenten con autorizaciones federales.

Indicó que la regulación implica verificar la capacitación del personal, antecedentes, certificaciones, uniformes y la existencia de pólizas de garantía para responder ante posibles daños a los usuarios.

“El único regulador dentro del estado es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Nosotros hemos tomado esto muy en serio”, subrayó.

Aumenta número de empresas reguladas

El secretario informó que en 2021 existían alrededor de 80 empresas de seguridad privada reguladas en el estado, cifra que generaba aproximadamente 4 millones de pesos en ingresos por concepto de permisos y supervisión.

Sin embargo, aseguró que durante la actual administración el número se ha incrementado a más de 230 empresas.

“De 80 en 2021 hemos pasado a regular a más de 230 empresas. Era una gran cantidad de empresas que estaban ejerciendo la función, pero que no estaban reguladas con la Secretaría de Seguridad Pública”, explicó.

Añadió que la supervisión estatal también incluye la revisión de pólizas de garantía para cubrir posibles omisiones en la prestación del servicio, así como la regulación de uniformes y la acreditación del personal.

El funcionario reconoció que aún existen compañías que prestan servicios en instalaciones federales sin someterse a la autorización estatal, lo que calificó como un tema delicado.

Indicó que la ley estatal establece que cualquier empresa de seguridad privada, incluso con permiso federal, debe contar con autorización local para operar en Chihuahua.

“Hay empresas que prestan el servicio en zonas federales”, advirtió, al insistir en la necesidad de que todas se regularicen para evitar omisiones como las señaladas en el caso del recinto migratorio.

El traslado del centro de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a Ciudad Juárez, al inicio de la actual administración, fue un factor determinante para la reducción de la violencia en la frontera, aseguró el secretario Gilberto Loya Chávez.

El funcionario explicó que esta decisión estratégica permitió una operación permanente de la Policía del Estado, así como una respuesta más inmediata y una coordinación diaria entre las distintas corporaciones de seguridad que operan en la ciudad.

Loya Chávez destacó que los resultados se reflejan en indicadores recientes, como la salida de Ciudad Juárez del ranking de las 15 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo con el reporte más reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que ubica a la frontera en la posición número 17.

Juárez sale del top ten… pero con cifras bajo sospecha

Esto representa, añadió, un descenso de cinco lugares, además de una reducción superior al 42 por ciento en el delito de homicidio doloso, cifras que calificó como medibles y verificables.

Actualmente, la tasa de homicidios en Ciudad Juárez es de 60.6 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos ocho años, de acuerdo con datos oficiales presentados por la SSPE

Durante la conferencia, el secretario subrayó que el resultado no puede atribuirse a una sola corporación, sino a un trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la SSPE y la Policía Municipal.

Se aleja Juárez del top 10 de las ciudades más violentas del mundo

“Los resultados en seguridad no dependen de un solo factor. Son decisiones estratégicas, coordinación y trabajo constante lo que genera condiciones distintas”, señaló.

Loya Chávez reconoció que, si bien se ha logrado reducir delitos de alto impacto, como el tráfico de personas y el trasiego de drogas, particularmente fentanilo, la amenaza persiste debido a la condición fronteriza de la ciudad, por lo que no se puede relajar la vigilancia.

Recordó que Ciudad Juárez llegó a ocupar el primer lugar mundial en homicidios hace más de una década, durante el periodo más álgido de la violencia entre grupos delictivos, una etapa que dejó una profunda huella social y económica en la frontera.

Finalmente, sostuvo que, pese a la tendencia favorable, las corporaciones de seguridad deben mantener la presencia permanente y la coordinación, ante el riesgo constante que representan las organizaciones criminales que operan en la región.

l secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, afirmó que la Plataforma Centinela puede utilizarse para detectar y prevenir cualquier amenaza contra la paz pública, incluidos actos que pudieran ser considerados como terrorismo, y subrayó que el principal detonante de la violencia en Chihuahua es el ingreso de armas desde Estados Unidos a través de las aduanas mexicanas.

Al respecto, sostuvo que el tráfico de armas se da principalmente por los cruces formales, y no por rutas irregulares como el desierto o el río Bravo.

“Hemos detectado que por las aduanas es por donde pasa principalmente el tráfico de armas y dinero, de los Estados Unidos hacia México”, señaló.

Loya Chávez enfatizó que no se ha detectado otro punto de ingreso relevante del armamento que termina en manos de grupos delictivos. “No hemos detectado que estén cruzando por el desierto o por el río. Es por las aduanas”, reiteró.

El funcionario explicó que en las reuniones permanentes con autoridades estadounidenses se da seguimiento prioritario a dos temas: el tráfico de armas y el flujo de dinero ilícito provenientes del vecino país del norte.

“Prácticamente todas las armas que llegan al territorio mexicano vienen del país vecino al norte”, sostuvo. Precisó que, con base en los análisis y aseguramientos realizados, el cruce de armamento se concentra en las aduanas y los puentes internacionales ubicados en territorio mexicano.

Destacó que la Guardia Nacional realiza decomisos constantes en los cruces fronterizos y presenta informes semanales sobre las armas aseguradas que intentan ingresar de Estados Unidos hacia México. No obstante, reconoció que la revisión en sentido norte-sur no es total, lo que permite que parte del armamento logre internarse al país.

Añadió que los retenes carreteros implementados por fuerzas federales —incluida la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana— han reforzado la detección de armas en tránsito dentro del estado.

Centinela, contra cualquier amenaza

Sobre el posible uso de la Plataforma Centinela para enfrentar actos de terrorismo, Loya Chávez señaló que el Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a calificar como “narcoterrorismo” las acciones de grupos delictivos mexicanos, lo que eventualmente podría tener impacto en la legislación nacional.

Indicó que, más allá de la denominación jurídica, el sistema tecnológico estatal está diseñado para apoyar en la investigación y detección de cualquier amenaza grave.

“La plataforma está diseñada para ayudar en la investigación y detección de cualquier amenaza contra la paz y la seguridad en el estado, incluyendo acciones terroristas, estén o no calificadas legalmente como tal”, afirmó.

El titular de Seguridad insistió en que la coordinación binacional y el fortalecimiento de los controles en las aduanas mexicanas son claves para contener el flujo de armas que, dijo, alimenta la violencia en la entidad.

El estado de Chihuahua registró en siete días 40 presuntas víctimas de homicidio, la mayor cantidad sobre el resto de las entidades federativas, seguido por Guanajuato, que acumuló 33 casos, según el informe diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

Entre el domingo 26 de octubre y el sábado 1 de noviembre, las cifras diarias de víctimas en el llamado estado grande fueron: nueve, siete, seis, dos, once, una y cuatro, respectivamente.

Tan solo entre el 1 y el 2 de noviembre, Chihuahua concentró 11 asesinatos, lo que lo colocó en el tercer lugar nacional en homicidios durante ese periodo, de acuerdo con el reporte federal.

Pese a ese panorama, el secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, aseguró que 2025 ha sido “el año más pacífico de los últimos tiempos” para Chihuahua.

Durante una conferencia de prensa, Loya informó que en lo que va de la actual administración se han reducido en mil 800 los homicidios, lo que —dijo— representa “mil 800 familias menos enlutadas”.

El funcionario destacó que, gracias a la coordinación entre la SSPE y otras corporaciones estatales y federales, 44 de los 67 municipios del estado no han registrado homicidios dolosos.

Respecto a Ciudad Juárez, señaló que octubre fue el mes con menos asesinatos en la historia reciente de la frontera.

“Todo esto fue gracias a un trabajo de inteligencia coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y nosotros, para poder dar golpes muy precisos que nos permitieron lograr estos resultados”, explicó.

Ante las críticas al desempeño de la SSPE y los retrasos en la construcción de la Torre Centinela, el secretario reiteró su llamado a no politizar el tema de la seguridad.

“En seguridad, el que no suma, resta”, concluyó.

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