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El homicidio de Miroslava Breach Velducea sigue impune, porque el gobierno anterior no procedió contra los actores políticos involucrados en el crimen, quienes incluso ocuparon cargos públicos en la administración anterior, afirmó Rosa María Breach, hermana de la periodista asesinada el 23 de marzo del 2017.

En el aniversario número 8 del asesinato de Miroslava Breach Velducea, Rosa María, su hermana, demandó que se continúe con el proceso y que las autoridades aprehendan a todos los autores materiales e intelectuales de ese hecho, incluidos los dos miembros de la dirigencia del Partido Acción Nacional que participaron en ese entramado.

“Nos dimos cuenta que las autoridades de Chihuahua, si bien señalaron desde un principio que sí era un crimen de narcopolítica, pero curiosamente no abrieron ninguna línea de investigación que involucrara actores políticos”, exclamó Rosa María Breach.

“Muy por el contrario, los personajes políticos involucrados que desempeñaron puestos de gobierno, sin lugar a dudas, fueron protegidos por el entonces gobernador que se decía, “Amigo de Miroslava”, expresó, en una obvia referencia al exgobernador Javier Corral, en cuyo período de gobierno ocurrió el homicidio.

En un discurso pronunciado en el exterior del Palacio de Gobierno, junto a la placa conmemorativa de Miroslava Breach, en la banqueta de la calle Libertad, la hermana de la periodista recordó que el 15 de junio del 2021, a más de 4 años del asesinato de Miroslava, fue sentenciado el ex presidente municipal de Chínipas, Hugo Amhed Shultz,

Eso fue posible, afirmó, gracias a que aceptó los hechos de la acusación que le hacía la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno a su responsabilidad penal por haber grabado una llamada telefónica que tuvo Miroslava con el entonces vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, donde confirmaba los nexos de candidatos postulados por ese partido y por el PRI con organizaciones delictivas.

En ese sentido, se refirió a la defensa que ha esgrimido Shultz, en el sentido de que fue torturado y por eso aceptó su culpabilidad:

“Este personaje argumenta que fue torturado, (pero) no ha podido probar su dicho”, enfatizó Rosa María Brecah.

Tras asegurar que lo único que busca el exalcalde sentenciado es burlar la justicia mediante ese alegato, “pero qué mayor tortura que la muerte de una periodista, una tortura familiar que nos priva de su presencia, una tortura social que nos quita el derecho a la información y nos encierra en el silencio”, dijo.

“Como familia como sociedad, tenemos confianza en que ha de cumplir su sentencia y así lo exigimos. Como familia exigimos que ese personaje nefasto cumpla su sentencia total de 8 años y más si se puede”, concluyó.

El exalcalde de Chínipas, el panista, Hugo Amed Shultz Alcaraz, sentenciado como auxiliador en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo de 2017, solicitó el beneficio de libertad condicionada.

Esto significa que no se le exentará de la pena que le fue impuesta, sino que continuará su sentencia fuera de la cárcel, informó Sara Mendiola, representante legal de la familia de Breach y directora de Propuesta Cívica.

El próximo lunes 3 de marzo a las 11:30 de la mañana la petición será atendida en una audiencia gestionada en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, de acuerdo con la notificación enviada el miércoles 19 de febrero a las abogadas de la familia de la periodista.

El procedimiento está registrado con el número 265/2024 dentro del expediente de Solicitud de Inicio de Procedimiento de Ejecución (SIPE) 2006/2021.

De acuerdo con Mendiola, la diferencia entre libertad condicionada y libertad anticipada, radica en que la primera permite que el inculpado continúe con la pena privativa de su libertad fuera del Centro de Readaptación Social (Cereso).

Lo anterior bajo supervisión de autoridad judicial y “cumpliendo con un esquema de obligaciones que el juez de ejecución le imponga en la audiencia”.

La libertad anticipada -que no es el caso- es la extinción de la pena de prisión, es decir, liberaría al sentenciado de sus obligaciones. 

Shultz Alcaraz fue detenido en diciembre de 2020 y sentenciado en junio de 2021 a 8 años de prisión, por su participación en la trama que terminó con el asesinato de la reportera.

Fue alcalde de Chínipas en el periodo 2023 a 2016 por el Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), él habría entregado a uno de los asesinos, Juan Carlos Moreno Ochoa alias el Larry, la grabación de la llamada en la que Miroslava se negaba a revelar fuentes de información.

Dicha grabación habría servido de prueba para que el capo del grupo delictivo conocido como Los Salazar, José Crispín Salazar Zamorano, ordenara su asesinato, según la teoría del caso presentada por la Feadle.

Shultz aceptó en su declaración haber entregado esa grabación a los maleantes, sin embargo, unos años después en una entrevista con un medio estadounidense, dijo que actuó bajo amenazas.

Con todo y haber alegado amenazas en esa declaración mediática, el también profesor y ex funcionario de la Secretaría de Educación de Chihuahua, firmó una disculpa pública el día de su sentencia, 15 de junio de 2021, en la que lamentaba que sus acciones hubieran derivado en el homicidio.

“Lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio”, afirmó.

Una trama oscura revelada por Miroslava

En noviembre de 2016, recién electo el entonces gobernador Javier Corral Jurado, Breach delineó en la columna Don Mirone de Periódico Norte de Ciudad Juárez una visita de Shultz a Palacio de Gobierno en Chihuahua.

Antes, con la publicación de reportes sobre narcopolítica, la periodista habría causado que el PRI bajara de la candidatura a quien sustituiría a Schultz, Juan Miguel Salazar Ochoa alias Juanito.

En su lugar fue puesto otro candidato aliado de Los Salazar, el médico Jesús Ramón Quinto Agramón Varela, quien finalmente fue electo.

Al periodo siguiente la historia volvió a repetirse con la elección de Salomé Ramos Salmón, cuyos periodos de gobierno de 2018 a 2024, se vieron bajo el ojo público cuando se difundió que el grupo criminal había financiado la construcción de una escalinata en el pueblo.

La grabación de la llamada telefónica entre Miroslava y el vocero del PAN Alfredo Piñera, fue el elemento que usó la Fiscalía para señalar la participación de Hugo Schultz.

También fue un eslabón para documentar como los carteles del narcotráfico incidían en procesos electorales de municipios de la sierra.

En la historia de los últimos ocho años, el caso Miroslava ha dejado en claro que el asesinato fue por su labor periodística y que quienes la mataron pertenecían al grupo criminal que tiene su base en Chínipas.

Además se ha develado que dicha organización continúa activa y que por parte de las autoridades federales, están pendientes de ejecutar al menos dos órdenes de aprehensión contra el autor intelectual y otro cómplice del crimen.

En la presentación del libro Reporte Miroslava, Oswaldo Salvador Ang, periodista del estado de Chihuahua, compartió que la muerte de Miroslava Breach, ha sido uno de los episodios más brutales, no solo en el ejercicio de periodismo sino dentro de la escala de violencia que durante décadas azoto al estado.

“Miroslava no merecía morir por publicar y ejercer el derecho de la libre manifestación de las ideas, que hoy se han convertido en un derecho humano”, expresó el colega periodista de Breach.

Salvador Ang dijo que lo delicado en el caso fue que desde el gobierno se dejó pasar un homicidio de alto impacto, lo que fue captado por la escritora y periodista, quien lo materializó en el documento Reporte Miroslava.

Sin registro de tortura a los asesinos de la periodista Miroslava Breach

“Deja constancia y abre un expediente social sobre la herida que causó el homicidio y será imborrable, aunque transcurra el tiempo”, agregó Salvador, quien dijo que el asesinato estuvo planeado y mencionó a Javier Corral, ex gobernador como uno de los involucrados principales.

Además de mencionar que Corral se escondió detrás de Breach para dar a conocer información que beneficiará a sus propios intereses.

Aunado a atestiguar que él, escuchó a los audios hechos desde la oficina de despacho del entonces gobernador, que el propio Javier Corral, Arturo Peniche, José Luevano y Antonio Piñera, hicieron a la periodista en la que le solicitaron sus fuentes, audio que se volvió parte de las pruebas en el caso.

“Hubo información de la periodista al propio Corral de las amenazas y él dejó que las cosas corrieran, espero que el libro de Guadalupe Lizárraga sirva para no cerrar el caso, la justicia no fue justicia”, acusó.

Y pidió que la compilación del caso de Lizárraga sirva para que paguen todos los involucrados incluyendo al ex funcionariado público en cuestión.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami (Florida), ha emitido un llamado a las autoridades judiciales de México para que continúen las investigaciones sobre la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida hace 19 años, informpo a través de un comunicado

La organización, en el marco de su campaña “Voces que reclaman justicia”, ha recordado las circunstancias en las que desapareció Jiménez y ha enfatizado en “el valor de su valiente tarea”.

Alfredo Jiménez Mota, quien tenía apenas 25 años al momento de su desaparición el 2 de abril de 2005, dedicó su carrera profesional a investigar temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad pública para el diario El Imparcial, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, según informa la SIP en un comunicado.

De acuerdo con una investigación encargada por la SIP a la periodista María Idalia Gómez en 2009, las autoridades mexicanas reconocieron en su momento que la desaparición del periodista estaba vinculada a sus reportajes sobre el narcotráfico a nivel estatal.

Tras la desaparición de Jiménez Mota y las amenazas recibidas por otros dos colegas suyos, El Imparcial decidió suspender las investigaciones sobre asuntos relacionados con el narcotráfico, argumentando que no había condiciones para garantizar la seguridad de sus reporteros.

En mayo de 2009, la SIP elevó la investigación periodística del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, ha reiterado la exigencia de la organización de “seguir combatiendo la impunidad en los casos de asesinatos contra periodistas”. Asimismo, Jornet ha exhortado a los candidatos a la Presidencia de México a incluir en su agenda política “el rol esencial del periodismo en una democracia, a impulsar las acciones necesarias para frenar la violencia contra la prensa y a garantizar la seguridad de los periodistas durante el ejercicio de su trabajo”.

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