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CUERNAVACA, Morelos – Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional detuvieron este miércoles a cuatro funcionarios y exfuncionarios de municipios de la zona oriente de Morelos, presuntamente involucrados en una red de extorsión y facilitación de operaciones de grupos criminales.

Entre los detenidos destacan:

Agustín T. A., presidente municipal en funciones de Atlatlahucan (por el PAN).
Irving S., ex presidente municipal de Yecapixtla.
Pablo “N”, oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla y empresario.
Jonathan “N”, tesorero de Cuautla.
Arisbel Rubí V. A., excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión giradas por la FGR, con base en inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades los señalan por su presunta participación en delitos de extorsión y por presuntamente proteger o facilitar las actividades de organizaciones criminales en la región.

Harfuch informó que las acciones continúan y que se busca cumplimentar una orden de aprehensión contra Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya bloqueó cuentas relacionadas con esta red, en las que se incluyen 32 sujetos, 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con esta red de corripción, en Morelos, dijo el titular de la SSPC.

“Vamos a seguir limpiando las instituciones de cualquier infiltración del crimen organizado”, señaló el funcionario federal durante la conferencia en la que dio a conocer los resultados de la operación.

Este operativo forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y representa uno de los golpes más duros asestados hasta ahora contra la corrupción municipal vinculada a la delincuencia en Morelos.

JIUTEPEC, Mor. – Nueve personas murieron durante la noche del sábado tras ser acribilladas por un comando armado en una bodega que era utilizada como picadero.

Este ataque se casi a la misma hora en la que se registraba otra masacre, pero en Apaseo El Grande, Guanajuato, donde otras nueve personas fueron privadas de la vida en una zona comercial.

Reportes de medios de aquella localidad indican que el ataque se dio en el interior de una bodega localizada en la calle Turquesa de la colonia Vista Hermosa.

A dicho lugar ingresaron hombres con almas de alto poder y dispararon a quemarropa, cobrando la vida de manera instantánea de las nueve personas.

“La Policía municipal de Jiutepec como primer respondiente, resguardó el lugar de los hechos, hasta la llegada de las instituciones de Seguridad Pública federal y estatal, en donde la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente por este hecho delictivo”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Morelos.

En el lugar del ataque se encontraron distintos tipos de drogas, jeringas y focos. Vecinos del sector, señalaron que dicho edificio era utilizado para el consumo de estupefacientes.

“En los primeros reportes de entrevistas con vecinos del lugar, informaron que este domicilio era una bodega donde se comercializaban residuos industriales, que podrían tener una procedencia ilícita, además de ser un punto denominado como ‘El Picadero’”, se indicó.

Cabe mencionar, que originalmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana había informado que se trataba de siete muertos y dos heridos, sin embargo, esta mañana trascendió por parte de la FGE se habían confirmado 9 personas fallecidas, todas masculinos que se encontraron apilados en el lugar de los hechos.

Uriel Carmona, fiscal de Morelos, salió libre este viernes a las 9:48 horas por la puerta principal del penal del Altiplano en el Estado de México.

Tras una dura batalla legal, Carmona Gándara salió del penal, luego de que ayer jueves un Tribunal Colegiado ordenó su inmediata libertad, informaron sus abogados.

En los primeros días de septiembre, fue trasladado del Reclusorio Sur al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De esta manera, llevará sus procesos penales en libertad, relacionados con el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda y la presunta tortura contra Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias “El Diablo”.

Por unanimidad de votos, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, con residencia en Cuernavaca, Morelos, aprobaron revocar el fallo de la titular del Juzgado Quinto de Distrito, Martha Eugenia Magaña López, quien negó la suspensión provisional en el juicio de amparo que Carmona Gándara, preso en el penal del Altiplano, interpuso contra la prisión preventiva por el delito de tortura.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se logró la vinculación de Joel “N”, MP de Morelos por su probable participación en la comisión del delito en su calidad de auxiliador, debido a que contribuyó a desacreditar el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Por lo que se fijaron 2 meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Joel “N” fue instruido para iniciar la carpeta de investigación por el hallazgo del cuerpo de Ariadna Fernanda sobre la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos pero, de acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, realizó actos con la finalidad de desvirtuar dicha averiguación.

El fiscal Uriel Carmona Gándara fue liberado anoche del Centro Federal de Readaptación Social número Uno “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México, sin embargo, fue detenido por cuarta ocasión antes de cruzar la puerta del penal, informaron sus abogados.

Carmona Gándara enfrenta un nuevo cargo por el delito de tortura, cometido en contra de Luis Alberto Ibarra Ramírez, “El Diablo”, considerado por la fiscalía estatal como el presunto responsable del crimen de tres jóvenes, dos de ellos extrabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, en abril pasado.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, aunque la carpeta de investigación fue integrada por la Fiscalía General de la República, de acuerdo con fuentes federales.