multa

Como parte de los esfuerzos por reducir la incidencia en accidentes de tránsito, durante la semana del 12 al 17 de mayo la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desplegó el “Operativo Radar” en el que sancionó a 330 conductores que circulaban a exceso de velocidad.

El despliegue se efectuó principalmente en zonas de alta afluencia en la ciudad de Chihuahua, como el boulevard Fuentes Mares, las avenidas Teófilo Borunda, Nogales, Sacramento y Heroico Colegio Militar, así como el periférico R. Almada.

Los agentes hicieron uso de radares tipo pistola, con los cuales se sustentaron las infracciones.

La aplicación de las multas fue de la siguiente manera:

Lunes 12: 88 sanciones

Martes 13: 47 sanciones

Miércoles 14: 85 sanciones

Jueves 15: 60 sanciones

Viernes 16: 23 sanciones

Sábado 17: 27 sanciones

El “Operativo Radar”, desde su implementación el 25 de junio de 2024 hasta el último corte estadístico de abril, registró 12 mil 343 sanciones a ciudadanos que superaron el exceso de velocidad.

La SSPE dio a conocer que implementa esta medida como método para inhibir la conducción imprudente y riesgosa, ya que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes viales, pues solo en el primer cuatrimestre de 2025, se registraron 434 percances.

Claudio Trenta tiene 72 años, está jubilado y vive en Barlassina, un municipio italiano de unos 7 mil habitantes. Por meses, luchó por que las autoridades locales le hicieran caso y taparan un bache ubicado en un paso peatonal y que representaba un riesgo para todos.

Incluso subió un video, donde mostraba la amenaza que representaba el bache. Los vecinos, en una página de Facebook, llevaban tiempo denunciando que las autoridades no hacían algo para reparar el bache y que lo consideraban una prioridad.

Pasaron tres meses, y nada. Así que Trenta, extécnico informático, pensando en el bien de la comunidad, puso manos a la obra. Compró un saco de alquitrán y rellenó el bache. Le tomó 30 minutos y el saco le costó 14 euros (267 pesos mexicanos), de acuerdo con medios locales. Sin embargo, su buena obra recibió una respuesta que lo dejó impactado, e indignado.

Veinte días después de haber tapado el bache y de recibir el agradecimiento de los vecinos, Trenta recibió un documento del Ayuntamiento, donde le informaban que debía pagar una multa de 882 euros (casi 17 mil pesos), por llevar a cabo una “obra no autorizada”. La sanción, señalaba el documento, podía rebajarse a 600 euros (11 mil 434 pesos) si la pagaba de inmediato.

Eso no era todo. El Ayuntamiento señaló en su documento que dado que la obra no estaba autorizada, debía quitar el rellenado del bache y dejar el agujero como estaba.

La reacción de Trenta no se hizo esperar. Enfurecido por el documento, envió un duro mensaje: “Se piensan que me están poniendo en un aprieto, pero no saben lo que se han buscado. Me han provocado, así que presentaré una contradenuncia”.

Trenta, cuya fama llegó a España, donde medios como El Español han reproducido su historia, se mantiene firme en lo que hizo. No sólo no piensa pagar la multa que se le impuso, sino que de ninguna manera, asegura, destapará el bache.

El italiano presentó ya una denuncia contra la policía municipal y el funcionario que emitió la multa. Según el Ayuntamiento, Trenta actuó “sin tener título ni competencia alguna para colocar alquitrán en frío”, y realizó un trabajo “de riesgo” en un espacio público.

Una pena de prisión de tres a ocho años y multa de 500 hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente es la que plantea en su iniciativa el diputado pevemista Fausto Gallardo García, para quien exhume un cadáver o restos humanos de manera ilegal con fines de enajenación y/o comercialización.

La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, expone que se busca incrementar la sanción punitiva consistente en la privación de la libertad, así como el incremento en la pena pecuniaria, para prever sanciones más rigurosas para quien viole la dignidad post mortem de los cuerpos y restos humanos.

Menciona que en la Ciudad de México, como en otras localidades, existe un mercado negro en el cual se comercia con restos óseos humanos y los responsables de este ilícito obtienen ganancias que oscilan entre los 50 y los 7 mil pesos por un esqueleto entero.

Diversos reportajes, añade, evidencian que la capital del país es la entidad con mayor incidencia de ese ilícito, en los cuales se detalla la gravedad y recurrencia de los casos.

“Quienes cometen este delito se aprovechan de la poca o nula seguridad en los panteones y de la baja penalidad por la exhumación ilegal de restos humanos, práctica en la cual intervienen desde trabajadores y personal administrativo, hasta quienes los comercian”, indicó el legislador.

Argumentó que la situación que se suscita en los panteones de la capital del país, así como de otras entidades federativas ha trascendido a los medios digitales, siendo Facebook el espacio donde más interactúan quienes buscan restos óseos humanos y los comercializan.

Agregó que la dignidad humana es abordada por diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración y Programa de Acción de Viena y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Además, dijo, esa situación es alarmante porque a pesar de que la exhumación ya se encuentra regulada en el Título Decimoséptimo del Código Penal Federal, bajo la denominación de “Delitos en Materia de Inhumaciones y Exhumaciones”, esto no ha sido un desincentivo para esta práctica ilegal.

Por mayoría, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó aplicar una multa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 97 millones 916 mil 665 pesos a causa de los desvíos de recursos públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua hacia ese instituto político, durante el 2015.

El consejero Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, afirmó que había “muchos indicios concatenados” para corroborar que el PRI de Chihuahua recibió entregas de dinero en efectivo del gobierno estatal por 39 millones 166 mil 666 pesos.

Mencionó que el entonces secretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli Romero, era el encargado de recibir esas ministraciones de recursos públicos, mismos que se destinaban a pagar sueldos de dirigentes de 65 comités municipales de dicho partido en el estado.

El asunto inició por una vista que dio la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihua en el año 2018, cuando dicha dependencia detectó la salida de dinero que terminaba en la secretaría de Finanzas del PRI, agregó.

Luego de que la representación del partido tricolor en el INE solicitara que el dictamen regresara a Comisión por considerar que no había pruebas suficientes para demostrar que el dinero sustraído de las arcas del gobierno de Chihuahua llegó a su institución, el consejero respondió que había evidencias, “y muchas”.

“Se acreditó plenamente que la Secretaría de Hacienda entregó en el año 2015 al representante de finanzas (Pedro Mauli Romero Chávez) 39 millones 166 mil 666 pesos”, dijo.

“Está bien acreditado la calidad del secretario de finanzas del Comité del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez; de eso no hay duda”.

“Están también acreditadas las entregas en efectivo que se realizaban mensualmente en las instalaciones de la tesorería estatal, previa firma de un recibo simple del secretario de finanzas”, continuó el consejero.

Mencionó que existen pruebas de que se usó para el pago de sueldos de 65 presidentes de comités municipales.

“Este hecho fue declarado por el secretario de finanzas del PRI en el estado. No son meras especulaciones, se trata de una cadena de hechos probados y algunos indicios que, concatenados, brindan pruebas es una investigación amplia, muy completa, cuyos hallazgos no han sido desvirtuados”.

Tras dos rondas de discusión, donde la representación del PRI pidió que la Comisión de Fiscalización conociera primero la denuncia de tortura que ha interpuesto su extesorero en contra de Francisco González Arredondo, el fiscal anticorrupción que llevó la investigación, el Consejo General aprobó con nueve votos a favor y dos en contra el dictamen en el que se establece la sanción.