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HERMOSILLO, Sonora – El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, desestimó este miércoles un reportaje del Los Angeles Times que lo señala como objetivo de una investigación federal de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Según el diario estadounidense, basado en fuentes anónimas familiarizadas con el caso, tanto Durazo como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, habrían visto revocadas sus visas el año pasado como parte de pesquisas penales.

El medio indica que Durazo es investigado por presuntos lazos con grupos criminales, mientras que Villarreal estaría relacionado con contrabando de combustible (huachicol).

A pesar de la supuesta cancelación de visas, ambos habrían continuado ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial de “parole por beneficio público significativo”, mecanismo reservado usualmente para casos humanitarios o testigos cooperantes.

En conferencia de prensa y a través de su vocera Paloma Terán, el gobierno sonorense calificó la información de “completamente falsa”.

Terán afirmó que el mandatario cuenta con visa vigente y que no ha recibido ninguna notificación oficial de investigación por parte de autoridades estadounidenses.

Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actual aliado cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum, minimizó el reportaje al calificarlo como “una nota más sin fuentes”.

En su intervención, destacó que en Sonora “todos se conocen” y que cualquier irregularidad sería de inmediato conocida por la población.

Se negó a mostrar su visa como prueba, argumentando que no lo haría para complacer a un periodista sin fuentes, y aseguró mantener comunicación frecuente con consulados estadounidenses.

Durazo dijo que él renunció al PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosion y que más allá de las diferencias políticas o profesionales, ha mantenido su postura crítica para confrontar a otros presidentes de la república.

Tengo la voz completa como gobernador del estado, para decir de frente a las y los sonorenses que aquí está un gobernador comprometido que no solo en este gobierno he actuado con limpieza, con rectitud, lo he hecho toda mi vida, casi sudo agua bendita”, concluyó.

Contexto del caso

  • El reportaje del Los Angeles Times, publicado este 3 de junio en colaboración con Puente News Collaborative, forma parte de una serie de notas sobre presuntas investigaciones de la administración Trump contra funcionarios mexicanos de alto nivel por presuntos vínculos con cárteles.
  • Durazo ha enfrentado señalamientos previos (no confirmados oficialmente) sobre posibles nexos con el crimen organizado en Sonora, un estado clave en la frontera por su ubicación estratégica en rutas de tráfico.
  • Tanto el gobierno de Sonora como el de Tamaulipas han rechazado categóricamente las versiones, calificándolas de infundadas.

Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Justicia de EE.UU. han emitido comentarios oficiales sobre el caso.

El gobernador Durazo afirmó que continuará trabajando con normalidad y que “las infamias se topan con la verdad”.

El diario Los Angeles Times publicó este miércoles que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con el reportaje, basado en fuentes anónimas familiarizadas con los casos, ambos mandatarios estatales —aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum— tuvieron sus visas estadounidenses revocadas el año pasado como parte de indagatorias penales.

A pesar de ello, han continuado ingresando a territorio estadounidense bajo un programa especial de “parole” que suele reservarse para testigos cooperantes o casos humanitarios.

En el caso de Durazo, la investigación se relaciona con presuntos vínculos con organizaciones criminales. El gobernador de Sonora, de 71 años, viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento médico.

Respecto a Villarreal, de Tamaulipas, la pesquisa estaría vinculada al contrabando de combustible (huachicol). Según el medio, forma parte de un programa de libertad condicional que implica acompañamiento de autoridades estadounidenses al cruzar la frontera.

Gobiernos estatales de Sonora y Tamaulipas niegan acusaciones

Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente los señalamientos.

El gobierno de Sonora calificó la información como “completamente falsa” y aseguró que carece de sustento.

Por su parte, el gobierno de Tamaulipas, a través de su coordinador de Comunicación Social, Gerardo Algarín, afirmó que los señalamientos son “falsos” y “sin pruebas”, y que no existen documentos ni expedientes que los respalden.

Hasta el momento, ni los gobernadores ni la Presidencia de la República han emitido declaraciones detalladas adicionales sobre el reportaje.

La información surge en medio de tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos por temas de seguridad, migración y narcotráfico.

En su Informe de Rendición de Cuentas realizado este domingo en el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó fuertes críticas contra los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes señaló directamente como responsables de lo que llamó “el verdadero narcogobierno” en México.

Durante su mensaje, Sheinbaum afirmó: “No olvidemos que durante el sexenio de Vicente Fox se vivió la cruel represión a los pobladores de San Salvador Atenco, o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero a Andrés Manuel López Obrador, y su obra cumbre, el fraude electoral de 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno”.

La mandataria agregó que la guerra contra el narco implementada por Calderón “fue planeada desde el exterior”, abrió las puertas a las agencias de Estados Unidos y mencionó el operativo “Rápido y Furioso” como ejemplo de esa intervención extranjera.

Sheinbaum enmarcó estas declaraciones en un contraste entre los 36 años de gobiernos neoliberales —a los que acusó de corrupción, entreguismo y represión— y su actual administración, que definió como “un gobierno honesto” que rinde cuentas al pueblo.

Las críticas forman parte de la respuesta del oficialismo a los recientes ataques de la oposición y de Felipe Calderón, quien en días pasados defendió su estrategia de seguridad y acusó al gobierno actual de complicidad con el crimen organizado.

El acto, que conmemora dos años del triunfo electoral de Sheinbaum, fue transmitido a plazas públicas en las 31 entidades del país.

La narcopolítica o la presunta vinculación con el crimen organizado no es un tema exclusivo de perfiles del movimiento de la 4T, sino que “ha sido de todos los partidos por la práctica política que se tenía, que se tuvo por décadas”, señaló la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados de la Rosa.

La dirigente estatal fue cuestionada sobre el control territorial y político que tiene el crimen organizado en diversos municipios del estado, particularmente en la Sierra, durante una conferencia de prensa que ofreció en Ciudad Juárez para dar detalles de la concentración morenista del próximo domingo, en donde se transmitirá el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a dos años de su triunfo electoral.

“Es un tema muy delicado y creo que todas y todos deberíamos de estar atendiéndolo, pero me parece muy irresponsable señalar, sin argumentos, sin razones, porque la gobernadora ya ha acusado a tres personas de nuestro movimiento que dijo que debería de venir Estados Unidos por ellos: por Ariadna Montiel, presidenta nacional; la senadora Andrea Chávez y el senador Juan Carlos Loera”, expresó.

Granados indicó que si tuviera verdaderamente elementos en su contra, la gobernadora podría mandarles a abrir una investigación desde la Fiscalía General del Estado que no es autónoma y depende directamente de ella.

“Si no tiene pruebas es irresponsable y lo que ya sabemos: aparte de mentirosa y traidora es una corrupta”, señaló.

Recordó que la gobernadora acusó al senador Loera de tener vínculos con el crimen porque existe una foto de él con el presidente municipal de Morelos, Chihuahua.

“Me parece que es la narrativa que quieren instalar y van a usar todo el estado para hacerlo, pero es una narrativa de desesperación porque saben que ya se van. Pero si tuvieran argumentos y pruebas de lo que dicen las llevarían ante las instancias correspondientes”, agregó.

Cuando se le insistió en que explicara qué es lo que está pasando hoy en varios municipios de Chihuahua donde el crimen manda y captura territorios, respondió que “es un tema muy delicado que debe de combatirse y que vamos a poder combatirlo exitosamente si se trabaja en coordinación”.

Aseguró que por parte del Gobierno Federal ha habido la voluntad para hacerlo y combatir el problema desde las causas.

“Independientemente de los temas político-electorales, yo invitaría al Gobierno del Estado a que haya coordinación con la Federación para que se puedan atender estos temas que nos preocupan a todas y a todos”, dijo la presidenta de Morena.

“Que los ciudadanos puedan ejercer su voto libremente, sin ser amenazados, sin ser hostigados, que sigue sucediendo en el estado y que sigue sucediendo en el país, afortunadamente cada vez menos porque cada vez se combate más”, añadió.

Brighite Granados indicó que la problemática en este tema se ha venido arrastrando por décadas.

“No es un tema del sexenio de Andrés Manuel López Obrador o de lo que lleva la presidenta de la República; lo venimos arrastrando por décadas y no olvidemos que el secretario de Seguridad de Felipe Calderón está preso por ser el socio del Chapo Guzmán”, destacó.

Consideró que si alguien quiere hablar de un narcopartido, “ese sería Acción Nacional”.