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narcolaboratorio

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acumulan ya más de siete horas rindiendo declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), en relación con los hechos ocurridos en la sierra durante el operativo del pasado mes de abril.

Por el momento, cerca de una docena de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, entre ellos el fiscal especializado Arturo Zuany, continúan al interior de las instalaciones federales presentando su testimonio.

Los agentes comenzaron a llegar desde las 10:00 de la mañana a la sede de la FGR, ubicada en la avenida Lincoln, y hasta ahora permanecen en el lugar, como parte de las diligencias que mantiene abiertas la autoridad federal.

Comparecencias se prolongan en la sede federal

La comparecencia forma parte de la investigación federal relacionada con el operativo realizado el pasado 19 de abril en la zona de El Pinal, municipio de Morelos, donde fue localizado un presunto narcolaboratorio y en el que habrían participado agentes estadounidenses.

Zuany Portillo arribó a las instalaciones federales acompañado de otros agentes estatales que también fueron requeridos para rendir declaración. Algunos medios señalaron que el funcionario intentó evitar el contacto con reporteros y habría ingresado en vehículos oficiales, uno de ellos presuntamente sin placas visibles.

El caso se desarrolla en medio del escándalo político generado por las versiones sobre la presunta participación de agentes de inteligencia de Estados Unidos —incluyendo elementos de la CIA— en operativos realizados en Chihuahua sin conocimiento del Gobierno Federal. La FGR abrió una carpeta de investigación para determinar posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y esclarecer si existió actuación irregular de autoridades estatales en coordinación con corporaciones extranjeras.

Según información publicada este jueves, además de Zuany Portillo, al menos siete agentes de la Agencia Estatal de Investigación acudieron a declarar ante autoridades federales. Reportes extraoficiales indican que alrededor de 50 funcionarios podrían ser llamados a comparecer dentro de las indagatorias.

Operativo en El Pinal desata crisis política y revisión federal

En la víspera, el nombre del fiscal especial circuló en una serie de trascendidos y comentarios de prensa, según los cuales él habría dado el “pitazo” a la CIA sobre el narcolaboratorio encontrado en la sierra de El Pinal, municipio de Morelos.

Otras versiones han apuntado a que, en fechas recientes, el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa, con lo cual quedaría impedido para entrar a ese país.

La semana pasada, el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, informó que se llamaría a comparecer a 50 agentes de la FGE de Chihuahua para declarar sobre los hechos ocurridos en aquel fin de semana entre el 18 y el 19 de abril.

El caso escaló políticamente luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara en días recientes que el Gobierno de México no fue informado sobre la participación de agentes estadounidenses en el operativo del 19 de abril.

La mandataria sostuvo que cualquier colaboración internacional debe apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

La investigación federal también se desarrolla en un contexto de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, luego de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles acciones directas contra cárteles mexicanos y la clasificación de algunas organizaciones criminales como grupos terroristas.

Hasta la tarde de este jueves, ni la FGR ni la Fiscalía General del Estado habían emitido un posicionamiento oficial detallando los motivos específicos de las comparecencias ni el alcance jurídico de las investigaciones abiertas.

El caso del narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua dio un giro inesperado: en el sitio intervenido por autoridades no se encontraron drogas, de acuerdo con información publicada por La Jornada, lo que abre nuevas interrogantes sobre el operativo y la versión oficial difundida en un inicio.

Según el reporte del diario, en el lugar no se localizaron sustancias ilícitas terminadas ni rastros concluyentes de producción activa de droga, pese a que el operativo fue presentado como un golpe relevante contra la fabricación de narcóticos.

El dato contrasta con la narrativa inicial de autoridades estatales, que habían señalado el hallazgo de un complejo importante para la elaboración de drogas sintéticas en la región serrana del municipio de Morelos.

En los días posteriores al operativo, el caso se convirtió en un tema de alcance nacional no solo por el presunto laboratorio, sino por la polémica presencia de agentes estadounidenses en el despliegue, lo que detonó cuestionamientos sobre la legalidad de su participación y la coordinación institucional.

Incluso, investigaciones posteriores han señalado inconsistencias en la información oficial, así como omisiones en la cadena de mando y comunicación, lo que derivó en la renuncia del entonces fiscal estatal y en la apertura de indagatorias federales.

Además, reportes previos indicaban que en el sitio se localizaron instalaciones, tambos, cilindros y equipo químico, lo que sugería la existencia de infraestructura para producir drogas sintéticas, aunque no necesariamente la presencia de producto terminado.

El señalamiento de que no se encontraron narcóticos refuerza la incertidumbre sobre lo ocurrido en la sierra de Chihuahua y deja en el aire preguntas clave: si no había droga, ¿qué se desmanteló realmente?, ¿qué tan preciso fue el reporte inicial y quién construyó esa narrativa?

En medio de una crisis política por la posible injerencia extranjera y las contradicciones oficiales, el caso del llamado narcolaboratorio sigue lejos de cerrarse.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desmintió que el narcolaboratorio localizado en la sierra de Chihuahua sea el más grande del país, luego de versiones que lo posicionaban como el de mayor dimensión tras su hallazgo.

De acuerdo con lo publicado en diversos medios de comunicación, la dependencia federal precisó que, aunque se trata de un complejo significativo por su infraestructura y capacidad de producción, no puede considerarse el más grande asegurado en territorio nacional.

El laboratorio fue ubicado en una zona serrana del municipio de Morelos, donde autoridades detectaron instalaciones destinadas a la elaboración de drogas sintéticas, con equipo especializado y grandes cantidades de precursores químicos.

Tras el aseguramiento, distintas autoridades estatales habían destacado la magnitud del sitio; sin embargo, Sedena aclaró que en operativos anteriores se han localizado instalaciones de dimensiones iguales o superiores en otras regiones del país.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República, al tratarse de delitos del orden federal relacionados con la producción y distribución de sustancias ilícitas.

La precisión de la Sedena busca evitar interpretaciones incorrectas sobre el alcance del hallazgo, aunque mantiene la relevancia del operativo en el combate a la producción de drogas sintéticas en el país.

El Gobierno de México reconoció que dos agentes estadounidenses que murieron en Chihuahua no contaban con acreditación formal para participar en operativos y que, además, las autoridades federales no tenían conocimiento de su presencia en acciones dentro del territorio nacional.

A través de una tarjeta informativa emitida por el Gabinete de Seguridad, se detalló que, de acuerdo con registros migratorios, una de las personas extranjeras ingresó al país como visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que la otra lo hizo con pasaporte diplomático.

Sin embargo, ninguna de las dos contaba con autorización para participar en actividades operativas, lo que refuerza la posibilidad de que su presencia en el operativo realizado en Chihuahua haya ocurrido fuera de los mecanismos legales establecidos.

Federación niega haber sido informada

En el mismo documento, el Gobierno federal precisó que ni las instituciones de seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando o participando físicamente en alguna acción dentro del país.

El señalamiento abre cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades locales, federales y agencias internacionales, en un contexto donde la colaboración en materia de seguridad ha sido constante, pero regulada bajo esquemas específicos.

Revisión en marcha y llamado a la soberanía

Las autoridades informaron que ya se realizan revisiones en coordinación con instancias locales y con la Embajada de Estados Unidos en México, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante el operativo en el que fue desmantelado un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.

El Gobierno de México reiteró que la legislación nacional no permite la participación directa de agentes extranjeros en operativos, y que la cooperación internacional debe limitarse al intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica.

Asimismo, subrayó que cualquier relación bilateral en materia de seguridad debe darse con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad y la confianza mutua.

El posicionamiento se da en medio de la controversia generada por el operativo en Chihuahua, que ya escaló a un tema político y diplomático entre distintos niveles de gobierno.

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