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Una mujer fue arrestada y podría enfrentar cargos después de que dos niños se quedaron solos en un vehículo estacionado que repentinamente se incendió, lo que obligó a los compradores cercanos a ayudar, todo mientras ella aparentemente estaba robando en un centro comercial de Florida, reportaron medios de EU.

Alicia Moore, de 24 años, estacionó su automóvil frente a la tienda departamental Dillard’s en Oviedo Mall, donde dejó a dos niños “que no podían cuidar de sí mismos” dentro del vehículo, según el informe, reportó Fox Orlando.

Luego entró a la tienda con otro hombre, que no fue identificado, y supuestamente comenzó a robar artículos, dijo la policía en su informe.

Aproximadamente una hora más tarde, caminó hacia la salida para encontrar su automóvil completamente envuelto en llamas.

La policía dijo que dejó caer los presuntos artículos robados y salió corriendo del lugar.

Los compradores cercanos corrieron hacia el auto y ayudaron a rescatar a los dos niños adentro, indicaron las autoridades. Ambos fueron llevados al hospital. Un niño sufrió quemaduras de primer grado en la cara y las orejas, según el informe.

“Había un automóvil, no sé, de alguna manera se está incendiando afuera en el estacionamiento de Dillard’s”, se puede escuchar decir a una persona que llama. “Y había dos niños y una madre, y creo que se dio cuenta de que todavía había un niño en el auto, y el auto está completamente envuelto en llamas”, dijeron testigos, reportó Click Orlando.

El video compartido por la Ciudad de Oviedo, capturado por un Tesla cercano, mostró que el fuego atravesó rápidamente el vehículo, rompiendo una ventana del pasajero y lo que parecía ser el parabrisas delantero.

Las autoridades dijeron que el fuego destrozó el vehículo. La causa del incendio no quedó clara de inmediato, reportó el New York Post.

Moore fue arrestada el 31 de mayo y acusada de negligencia infantil agravada e incendio premeditado, así como de hurto menor y cargos de agresión. Está detenida en la cárcel del condado de Seminole con una fianza de 48 mil dólares, según los registros de la prisión.

Cerca de 86% del personal educativo en México percibe que el presupuesto asignado a las escuelas es insuficiente para atender las necesidades educativas de niños y adolescentes migrantes, mientras que otro 40% considera que niños y adolescentes en contexto de movilidad sufren discriminación en la escuela y recomiendan visibilizar esa situación, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).

“La niñez y adolescencia migrantes son de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, a los cuales generalmente se le niega el acceso a la educación [comunitaria o escolarizada] y, en consecuencia, a un espacio seguro y protector en donde se les brinden herramientas y habilidades fundamentales para la vida, así como oportunidades para un presente y un futuro mejor”, señaló el organismo internacional.

“Independientemente de su situación migratoria, los niños y adolescentes tienen derecho a la educación, lo cual se estipula en instrumentos internacionales que México ha ratificado, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco jurídico nacional”, señaló Maki Kato, representante adjunta de Unicef en México, quien resaltó que “es una responsabilidad compartida el garantizar que todos los niños y adolescentes, sin distinción, tengan ese derecho cumplido”.

Expresó que, aunque son las mismas condiciones de movilidad las que hacen indispensable un ejercicio estandarizado que permita identificar las barreras que enfrentan los niños y adolescentes migrantes y sus familiares para ejercer plenamente su derecho a la educación, en México existen pocos estudios al respecto.

Tampoco se cuenta con datos estadísticos o sistemas de información que den seguimiento a las solicitudes de acceso ni a las trayectorias educativas de esta población, lo cual imposibilita la toma de decisiones sobre cómo mejorar sus necesidades educativas.

Por ello, Unicef México y la Secretaría de Educación Pública realizaron el diagnóstico Infancias en movilidad y barreras para su educación, que menciona que 71% del personal educativo señala que conoce la Normativa de Acceso y Control Escolar de la Secretaría de Seguridad Pública (SEP), que establece los requisitos para la inscripción en las escuelas; sin embargo, únicamente dos de cada 10 personas encuestadas pudieron describir sus componentes.

Según el estudio, este desconocimiento de la normatividad se suma a la escasa información sobre la oferta educativa y la forma de acceder a la educación a la que tienen acceso padres y personas cuidadoras de niños y adolescentes migrantes, incluso nacionales, quienes se enfrentan también a estas barreras.

También en el estudio las familias señalan sentir miedo por la inseguridad y los riesgos que se corren fuera de los albergues, por lo que salir a la escuela no es una opción. Las familias priorizan necesidades como la seguridad, los recursos económicos y la vivienda, dejando en último lugar la educación.

El diagnóstico de la Unicef resalta, además, que México tiene las herramientas para mejorar las condiciones de atención educativa, cobertura y calidad de aprendizaje de niños y adolescentes migrantes durante su estancia y su trayecto por el territorio nacional.

Entre mayo de 2021 y abril de 2023 se han reportado 25 casos de abuso sexual contra niñas y niños entre los tres y seis años de edad, asegura la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).

En su reporte Ya no es un secreto. Ahora se grita en las calles, destaca que entre enero de 2022 y abril de 2023 se registraron cuatro casos más de ataques sexuales contra personas menores de edad, que cuentan con características de abuso sexual organizado dentro de las escuelas.
Los cuatro casos que se documentaron en ese lapso, dos ocurrieron en la Ciudad de México; uno en Guanajuato, y uno más en el Estado de México.

“En los últimos años se han registrado numerosas manifestaciones de padres y madres de familia afuera de primarias y preescolares exigiendo justicia para sus hijas e hijos víctimas de violencia sexual por el personal escolar”, señala el texto.

Según el reporte, en escuelas de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California, es donde se han registrado los abusos sexuales principalmente contra estudiantes de preescolar y primer grado de primaria.

Resalta que “una de las acciones de encubrimiento es el ocultamiento de información sobre los hechos y las dinámicas de violencia de las que fueron víctimas las niñas y niños, así como evitar que las denuncias trasciendan a otras instancias, lo que limita el registro y acceso a la información de esos hechos”.

Destaca que en la agresión sexual contra una niña o un niño existen distintos patrones: participan múltiples personas agresoras; múltiples víctimas que sufren la violencia en grupos.
Las agresiones son ritualistas, escenificadas y violentas; hay empleo de cámaras durante el abuso; indicios de sedación y personal escolar que encubre el abuso. Mientras que en mayo de 2021 se registraron 17 actos de encubrimiento de personal escolar, esa cifra se elevó a 20 en enero de 2022 y a 24 en abril de 2023, en tanto que hace dos años se documentaron 16 agresiones contra niñas y niños en los que adultos presenciaron el abuso, este año la cifra subió a 22 casos.

En su informe, la ODI destaca que en lo que va de 2023 se han registrado 20 casos en los que hubo prácticas ritualistas y grotescas; en otros 20 se narró el uso de disfraces en el abuso; en 19 se agredió a víctimas en grupo; en 18 utilizaron cámaras durante el abuso, en tanto que en cinco casos hubo indicios de sedación.

A inicios de 2022 se obtuvieron tres sentencias que condenan al Estado por su responsabilidad en los de abuso sexual en preescolares públicos, específicamente mandatan acciones por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para evitar su repetición.

“Pero hasta ahora dicha autoridad no ha realizado ninguna acción. No se puede permitir que la indiferencia y negligencia por parte de la SEP frente a estos casos ponga en riesgo a más niños o niñas”, dijo a El Universal Yuli Pliego, abogada de la ODI.

Activistas y senadores destacaron que el diariamente en el país son secuestrados o sustraídos ilegalmente alrededor de 14 menores de edad y en el 60 por ciento de los casos los responsables son algunos de los padres o exparejas, por lo que es necesario fortalecer el marco legal para sancionar este tipo de delitos y agilizar mecanismos como la Alerta Amber.

La activista y promotora de la llamada “Ley Camila”, Cynthia Bravo Moore, impulsora de la Ley Camila, refirió el rescate a finales de abril de dos menores que había sido sustraídas ilegalmente por su padre y los mantenía encerradas e incomunicadas.

En rueda de prensa en el Senado, dijo que desafortunadamente este no es un caso aislado porque diariamente se reporta la desaparición de 14 niñas, niños y adolescentes según la Red de los Derechos de la Infancia en México, mientras que, en el caso de Estados Unidos, Missing Children Center estima que el 60% de desapariciones infantiles se trata de secuestros parentales cometidos por padres o familias extendidas.

Dania Michelle Casillas Zea, dijo que su expareja Germán “N” sustrajo ilegalmente a sus hijas menores Leonora y Amelia, las cuales mantuvo escondidas con el apoyo de familiares y que finalmente con fallos del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y la intervención de la fiscalía capitalina y del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se lograron recuperar.

“Para mí fue una pesadilla. Todos los días que yo las buscaba, que iba a la casa de sus abuelos en las noches a gritarles para que las pudieran asomar, los vecinos llamaban a la patrulla, me corrían, me decían que me fuera a mi casa, que ellas estaban bien, y yo lo único que les decía: no van a estar bien hasta que yo las vea. Yo sé la calidad de persona que es con la que están”.

“Lo que fue capaz de hacerme a mí, que no haga a sus propias hijas. No es algo que pasa cuando se las llevan. Esto venía siendo desde años antes, pero nos da miedo, nos sentimos solas, la dependencia económica, la dependencia emocional, el miedo que nos causan estas personas”, indicó en la sede del Senado.

“Todas las veces que nosotras queremos huir de ahí escuchamos el: “si te vas te voy a quitar a los niños”, ¿no? Y ese es nuestro mayor miedo que enfrentamos cuando decidimos romper con esta violencia que viene de años, o de una historia atrás. Para mí fue un milagro poder volver a ver a mis hijas”, apuntó acompañada de senadores.

El abogado Pablo Huerta, destacó la labor de las autoridades de la Ciudad de México en este caso y dijo que el acceso a la justicia no debe condicionarse a la capacidad económica y que deben los abogados litigantes realizar un ejercicio ético de la profesión y no lucrar con este tipo de situaciones.