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ONU

Amnistía Internacional (AI) recurrió a una videograbación de la fallecida activista Rosario Ibarra para hacer un llamado a la CNDH, que preside su hija, Rosario Piedra Ibarra, a que no cierre el diálogo con la ONU para atender el problema de las desapariciones forzadas en México.

En su cuenta de “X”, antes Twitter, la organización internacional se pronunció en torno a la reacción que ha tenido el gobierno mexicano y diversos actores políticos cercanos a la 4T en contra de la ONU y de su Comité de Desapariciones Forzadas.

El mensaje dice: “Ante el rechazo de la @CNDH a las acciones de la ONU para visibilizar la crisis de desapariciones en México, desde Amnistía Internacional hacemos un llamado.

También demando imparcialidad de parte del gobierno mexicano y a no dejar de aprovechar la oportunidad para identificar causas, patrones y soluciones junto a familias, expertos y sociedad civil.

Las desapariciones no se resuelven negándolas, sino enfrentándolas con verdad y voluntad. Queremos #BuscarSinMiedo”.

La relación entre el Estado Mexicano y la ONU se tensó, luego de que el Comité de Búsqueda de ese organismo anunciara la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para llevar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ante la sospecha de que  las desapariciones forzadas en México podrían estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática, según lo establece el tratado internacional firmado por el país.

En respuesta, grupos parlamentarios de Morena en ambas Cámaras legislativas y el propio Gobierno federal han expresado su rechazo a esa iniciativa y niegan rotundamente que las desapariciones sea producto de una acción de Estado.

¿Qué dijo Rosario Ibarra?

En el video difundido por AI, la activista Rosario Ibarra, quien dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de su hijo y a encabezar un movimiento que demandaba la reaparición de los desaparecidos políticos, le pide a la juventud de México que “actúen, que trabajen, que exijan el respeto a la ley de los derechos humanos”.

“No dejen hacer que lo hagan otros los más experimentados, los más viejos, los que han tenido algún problema de sufrimiento porque le han hecho algo, que luchen para que no vuelva a pasar lo que pasó en América del Sur, en Chile, en Argentina, en Uruguay, lo que pasó aquí en México, lo que pasó en Guatemala, por favor, miles de presos y desaparecidos”, clama Rosario Ibarra.

La controversia entre el Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en particular con el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), ha escalado en los últimos años debido a diferencias sobre la magnitud del problema y la respuesta del Estado mexicano.

En ese contexto, jueces del Poder Judicial se movilizaron a Ginebra, Suiza y desde la 57 reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se manifestaron en contra de la reforma de AMLO.

Ante la relatora especial de la ONU sobre la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, los trabajadores del Poder Judicial expusieron que la elección de jueces mediante el voto popular, tal y como busca la reforma, pone en riesgo la democracia.

La jueza de Distrito, Abigail Ocampo, señaló que de esta manera existe riesgo de complacencia al crimen organizado con candidatos propuestos para su beneficio.

Por otra parte, Francisco López Ávila, representante del Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial de la Federación, refirió que con la reforma de AMLO desaparecerá la carrera judicial necesaria para escalar al cargo de juzgadores.

“Someter a voto popular la designación de personas jueces de Distrito y magistrados de Circuito corta de tajo la carrera judicial, corta el sueño de todas las personas que integramos la carrera judicial para acceder a estos cargos”, dijo Francisco López Ávila.

México rechazó 14 de las 318 recomendaciones en materia de derechos humanos  que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo al país en el marco de la comparecencia por el Examen Periódico Universal (EPU) 2024 que evalúa temas de violencia de género, migración, desplazamiento y desaparición forzadas, entre otros.

Aunque en la revisión el Estado mexicano reconoció que existen varios desafíos en materia de derechos humanos, reviró en las recomendaciones de 115 países hechas en temas de militarización, seguridad, justicia, migración y desplazamiento forzado interno.

Entre ellas destacan las que tienen que ver con la militarización de la seguridad pública como el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de tareas civiles, el establecimiento de mecanismos externos para la rendición de cuentas de agentes militares y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas del orden.}

También las referentes a la eliminación de la figura de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y la modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes, así como la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad.

En respuesta, el estado mexicano afirmó que la Guardia Nacional (GN) se consolida con un mando civil. Además, rechazó que las Fuerzas Armadas cometan actos de vigilancia ilegal y violencia en contra de la sociedad civil, periodistas y activistas.

Por ello, el Colectivo Examen Periódico Universal México, conformado por más de 300 organizaciones no gubernamentales que presentaron sus análisis para calificar el sistema de gobierno en el país, llamaron a la próxima administración a considerar seriamente las recomendaciones realizadas en la comparecencia de la ONU en Ginebra, Suiza.

Asimismo, a implementar dichas recomendaciones como compromisos internacionales en favor de los derechos humanos y a tomar en cuenta la participación de sectores vulnerables, la sociedad civil y colectivos de víctimas y sus familias.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el Consejo de Derechos Humanos, pidió a México garantizar la rendición de cuentas ante la violencia y asesinatos que ocurrieron durante el proceso electoral.

“En México, hago un llamado a las autoridades a garantizar la rendición de cuentas por la violencia y los asesinatos ocurridos durante el periodo electoral, incluidos los de políticos”, dijo.

También destacó el Alto Comisionado de la ONU que, continúan los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

“Continúan los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras que tratan de arrojar luz sobre violaciones y abusos, así como las restricciones al espacio cívico. Debemos mejorar su protección”, denunció.

Según datos de UNESCO, 72 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados en 2023, en su mayoría en situaciones de conflicto.

Asimismo, al menos 42 personas indígenas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas en 2023 en 11 países, la mayoría de ellas por defender el medio ambiente, sus territorios y recursos.

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