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Perú

El Congreso de la República del Perú declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusa de intervenir de manera indebida en los asuntos internos del país sudamericano.

La decisión fue aprobada este jueves 6 de noviembre con 63 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones, tras un debate en el que los legisladores peruanos reprocharon las declaraciones de la mandataria mexicana en defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones, destituido en 2022 tras intentar disolver el Congreso, así como el asilo político otorgado por México a su exprimera ministra, Betssy Chávez Chino.

“¡El Perú se respeta! El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú”, publicó el parlamento en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el dictamen aprobado, Sheinbaum habría emitido comentarios “ofensivos” contra el Gobierno de Dina Boluarte, al calificarlo como resultado de un “golpe de Estado” y al mantener un discurso de respaldo hacia Castillo y sus colaboradores.

El Congreso peruano también reprochó que la administración mexicana haya concedido asilo diplomático a Betssy Chávez, exprimera ministra procesada por los delitos de rebelión y conspiración, argumentando que esta acción constituye una intromisión en el sistema judicial de ese país.

Antecedentes de una relación tensa

La declaración de persona non grata contra Sheinbaum se suma a una serie de roces diplomáticos entre Lima y Ciudad de México desde 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador también fue declarado no bienvenido en Perú por expresar su apoyo a Pedro Castillo y cuestionar la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte.

Aunque el pronunciamiento del Congreso peruano es simbólico y no implica consecuencias prácticas inmediatas, refleja la continuidad de una crisis diplomática que ha tensado las relaciones bilaterales entre ambos países, en particular por los casos de asilo político otorgados por México y las declaraciones de sus líderes sobre la política interna peruana.

Hasta el momento el Gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre el nuevo pronunciamiento del Congreso del Perú.

En una sesión extraordinaria celebrada la noche del jueves, el Congreso peruano aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, con una abrumadora mayoría de 124 votos a favor y ninguno en contra.

La decisión pone fin a un gobierno marcado por la crisis política, el descrédito social y una creciente inseguridad en todo el país.

Minutos después de la votación, José Enrique Jerí Oré, entonces presidente del Congreso, juró como nuevo jefe de Estado para completar el mandato que concluirá en julio de 2026.

Las elecciones generales siguen programadas para abril del próximo año.

El argumento: incapacidad moral y pérdida de control político

El Congreso sustentó la vacancia en una serie de acusaciones éticas y legales contra Boluarte, incluyendo el llamado “Rolexgate” —por presunto uso de relojes de lujo no declarados—, la falsificación de firmas en documentos oficiales y el ocultamiento de su incapacidad médica temporal.

Además, la ya exmandataria enfrentaba una profunda crisis de legitimidad: su aprobación ciudadana cayó a menos del 3 por ciento, según las últimas encuestas, mientras las protestas sociales y el descontento por el aumento de la violencia urbana crecían en Lima y otras regiones.

Boluarte había resistido al menos seis mociones de vacancia previas, pero perdió el respaldo de los partidos que la sostenían cuando se volvió un pasivo político frente a las elecciones de 2026.

Quién es José Jerí Oré

El nuevo mandatario, José Enrique Jerí Oré, tiene 38 años, es abogado y militante del partido Somos Perú. Fue elegido congresista en 2021 por Lima y asumió la presidencia del Congreso en julio de este año.

Tras jurar como presidente, Jerí prometió encabezar “un gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional”, aunque su designación ya genera debate por su falta de trayectoria y por una denuncia de agresión sexual que fue archivada en 2025.

Un país al borde del colapso social

La salida de Boluarte ocurre en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. En los últimos meses, Perú ha registrado un aumento alarmante de homicidios y extorsiones, especialmente en Lima, donde transportistas y comerciantes han protagonizado paros y protestas por la ola de asesinatos.

Organismos internacionales han advertido sobre la fragilidad institucional del país andino, que ha tenido seis presidentes en menos de una década, reflejo de la inestabilidad política que mantiene a Perú en una crisis casi permanente.

Un nuevo capítulo en la inestabilidad peruana

Con la llegada de José Jerí, Perú abre un nuevo capítulo en su accidentada vida democrática.

Su principal reto será restablecer el orden público, recuperar la confianza ciudadana y conducir un proceso electoral transparente en abril de 2026.

Mientras tanto, Dina Boluarte se convierte en la sexta mandataria destituida en 20 años, sumándose a una lista que evidencia la inestabilidad crónica del país sudamericano.

Y ahora… el dengue. Sin superar las secuelas sanitarias como el tercer país más azotado por el coronavirus de 2020 a 2023 en América Latina y el Caribe, ni los traumas por un terremoto político con cinco presidentes en los últimos 31 meses y por un fallido golpe de Estado en 2022, Perú está hincado por una propagación incontrolable del dengue.

Con una cifra oficial acumulada sólo en 2023 de al menos 252 decesos entre más de 150 mil 200 enfermos de dengue, los peruanos quedaron atrapados este año en una nueva emergencia sanitaria y en un contexto que se agravó por las turbulencias políticas y la inestabilidad del gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Al menos 31 niños, niñas y adolescentes perecieron y otros 45 mil 900 fueron infectados “con el mortal virus del dengue, en la peor epidemia de la enfermedad en Perú en más de una década”, reveló este viernes Save the Children, institución mundial no estatal de defensa de los derechos de la niñez.

“Los niños, niñas y adolescentes de Perú son particularmente vulnerables al dengue, y las altas tasas de casos son notablemente preocupantes”, afirmó la bióloga y salubrista peruana Verónica Valdivieso, directora para Perú de Save the Children.

“Perú necesita desesperadamente un liderazgo nacional más fuerte para poner en marcha políticas que prevengan y respondan a epidemias como ésta. Hay que dar prioridad a los niños, niñas y adolescentes, mejorar la inversión en salud pública y reforzar las medidas preventivas para erradicar los criaderos de mosquitos”, dijo Valdivieso a EL UNIVERSAL.

Los menores “representan más del 30%” del total del último brote en Perú, por lo que “las alarmantes cifras” muestran su “alta vulnerabilidad”, insistió.

El Ministerio de Salud de Perú contabilizó 244 mil de 2017, uno de los años con más víctimas, a 2022, a un promedio anual de 48 mil 159.

Los totales pasaron de 68 mil 290 en 2017 a 4 mil 698 en 2018; a 15 mil 287 en 2019; a 47 mil 932 en 2020; a 44 mil 791 en 2021 y a 63 mil 168 en 2022, precisó. De los fallecidos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) notificó que hubo 84 en 2022; 39 en 2021; 88 en 2020; 37 en 2019; 15 en 2018 y 76 en 2017.

En una muestra de la profundidad del problema, la médica peruana Rosa Gutiérrez renunció anteayer como ministra de Salud precisamente por el incesante repunte del dengue y luego de comparecer ante el Congreso de ese país para rendir cuentas sobre su impacto.

“Vengo (…) a aceptar los errores (…). Cuando asumí [el 10 de diciembre de 2022] lo hice en medio de una gran crisis política y, a pesar de eso, buscamos la manera de trabajar en favor de la población”, alegó.

Tras acudir al plenario legislativo, Gutiérrez sorpresivamente dimitió. La nueva oleada del dengue coincidió con una de las más agudas tormentas políticas en Perú luego de que, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente peruano, Pedro Castillo, intentó sin éxito ejecutar un golpe de Estado y disolver el Congreso.

Al rechazar la maniobra de Castillo, el Congreso lo destituyó y reemplazó por Boluarte en la línea inmediata de sucesión como vicepresidenta.

Castillo quedó preso desde ese día y sometido a proceso judicial. Boluarte asumió para cumplir con el quinquenio que Castillo inició en julio de 2021 y, si los plazos se cumplen, gobernará hasta julio de 2026, pero navegará en una permanente inestabilidad en un país que tuvo cinco presidentes en pandemia: Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (noviembre 2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Castillo (2021-2022) y Boluarte.

Recién designada ministra, Gutiérrez confirmó, el 14 de diciembre de 2022, que en el nororiente se detectó la presencia de dengue.

Provocado por el mosquito Aedes aegypti, la afección causa fiebre persistente, somnolencia, falta de energía, irritabilidad, sarpullido, sangrando por encías o nariz, dolores de cabeza, huesos, ojos, musculares y de articulaciones y abdominales acompañados de vómito.

Los síntomas aparecen de cuatro a siete días después de la picadura del mosquito infectado y el padecimiento arrastra el riego de convertirse en el mortal dengue grave con severos malestares abdominales, vómitos, diarreas, convulsiones, hematomas, hemorragias incontroladas y fiebre alta que puede durar de dos a siete días.

El ataque se multiplicó por la combinación de fenómenos climáticos en Perú, como el ciclón Yaku en marzo de 2023, con lluvias e inundaciones en el norte peruano, y El Niño, que ocasiona el calentamiento anómalo del mar, humedad, fuertes aguaceros e inundaciones y arrastra lodo, piedras, grava, sedimento, arena y arcilla.

Tras esos eventos persisten condiciones para que proliferen dolencias oftalmológicas, respiratorias agudas, leptospirosis, diarreicas y otras, como el dengue. El gobierno peruano instó a eliminar criaderos del mosquito en objetos con agua acumulada. La verificación del acelerado rebrote del dengue se produjo en diciembre de 2022, cuando Perú evidenció el continuado aumento del saldo negativo del Covid-19, todavía presente en esa nación como en el resto del mundo.

La Universidad Johns Hopkins, centro privado de educación superior de Virginia, Estados Unidos, que llevó la suma diaria mundial de los efectos del virus y de las vacunaciones, reportó que Perú tuvo 4 millones 487 mil 553 pacientes con 219 mil 539 muertos.

El dato de Perú contempló del 6 de marzo de 2020, con el primer caso, hasta el 3 de marzo de 2023. Dicho país quedó tercero en la zona y sólo precedido por Brasil y México, según la universidad.

La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador como persona non grata por el Congreso de Perú es un hecho inédito resultado de una postura injerencista, que refleja el deterioro de la política exterior del país, consideraron especialistas en temas internacionales.

La internacionalista Arlene Ramírez Uresti explicó que la declaración de persona non grata implica que el Titular del Ejecutivo no pueda asistir a ningún evento o acto de gobierno en Perú. Además, impediría la firma de cualquier instrumento internacional.

“Era de esperarse con tantos intercambios y retórica de adversidad entre los dos gobiernos y que de alguna forma llega a reiterar el alejamiento diplomático que ya se había visto”, indicó.
Si bien dijo que ninguno de los dos países se ha pronunciado sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas, en este momento se encuentran en el nivel de encargado de negocios.

Mencionó que el gobierno peruano tiene una agenda interna muy convulsa, lo que ha complicado la situación y consideró que el hecho que detonó la declaración del Presidente como persona non grata fue negarse a entregar a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que le correspondía asumir este año.

Respecto a la política exterior del país, lamentó que se ha deteriorado esta área en el sexenio.

“Creo que es uno de los momentos más complicados que hemos visto. Además, uno de los más lamentables porque tenemos muchos frentes de confrontación abiertos y eso no abona para nada el sentido internacional de México”, señaló.

Aribel Contreras, maestra en Estudios Diplomáticos, señaló que la decisión del Congreso peruano es una respuesta con un tinte político, al considerar que el Mandatario federal es injerencista con los asuntos internos de su país.

En cuanto a las relaciones diplomáticas entre ambos países, indicó que no van a cambiar al menos hasta después de la elección de 2024.

“Es un tache para la diplomacia mexicana. No nos deja bien parados. Y todo por un capricho de querer apoyar a Pedro Castillo, de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico y a darle batalla al gobierno de Dina Boluarte”, expuso.

Recordó que ya son tres personas en esta administración que han sido declaradas non gratas: la exembajadora de Bolivia, María Teresa Mercado; el exembajador de Perú, Pablo Monroy, y el presidente López Obrador.

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