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El Poder Judicial de la Federación inició este miércoles un Procedimiento de Evaluación de Seguimiento Especial al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, luego de las quejas presentadas por personal del órgano jurisdiccional en contra de su titular, el juez Gabriel Galván Morales, por presuntos malos tratos y acoso laboral.

La evaluación está a cargo del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes se encuentran ya en esta frontera para conocer de primera mano las condiciones que prevalecen en el juzgado y recabar información sobre su funcionamiento.

De acuerdo con la resolución, cuya copia obra en poder de Norte Digital, la Comisión de Evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial aprobó la visita mediante el acuerdo CEEBRADEV-19/2025, emitido el 29 de mayo de este año.

Los trabajos de evaluación estarán encabezados por Alberto Díaz Díaz, adscrito a la Región Norte del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.

El documento establece que durante la visita se recibirán opiniones, comentarios, quejas e información, ya sea de manera escrita, verbal o electrónica, relacionadas con el desempeño del Juzgado Quinto de Distrito.

La revisión se lleva a cabo después de que salieran a la luz diversas inconformidades del personal del órgano jurisdiccional, cuyos trabajadores señalaron al juez Gabriel Galván Morales por presuntos malos tratos y conductas de acoso laboral hacia sus colaboradores.

Como parte de las acciones previas a esta evaluación, el pasado 29 de junio estuvieron en Ciudad Juárez Catalina Ramírez Hernández, integrante del Órgano de Administración Judicial, y la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, ambas del Poder Judicial de la Federación.

Durante esa visita sostuvieron reuniones con trabajadores del juzgado para escuchar, de viva voz, las quejas e inconformidades relacionadas con las condiciones laborales y el trato recibido dentro del nuevo sistema judicial.

Con esta nueva diligencia, el Tribunal de Disciplina Judicial busca dar seguimiento a los señalamientos y obtener información que permita evaluar el desempeño del órgano jurisdiccional y determinar si existen elementos que ameriten la adopción de medidas adicionales.

La reducción a las percepciones de los juzgadores federales, tal como lo pretende aplicar el Órgano de Administración Judicial (OAJ), viola la Constitución y tratados internacionales, además de poner en riesgo la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, afirmaron integrantes de la agrupación Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed).

En un comunicado, la Jufed rechazó la medida proyectada para 2026 al considerar que violentaría el artículo 94 constitucional, que establece que la remuneración de magistrados de circuito, jueces de distrito y otros funcionarios no puede ser disminuida durante su encargo.

El posicionamiento responde a la propuesta de reducir los ingresos de los juzgadores con el fin de que ninguno gane más que la presidenta de la República, tal como lo marca el artículo 127 constitucional.

La agrupación agregó que el artículo 123 de la Carta Magna prohíbe la disminución del salario de cualquier persona trabajadora, independientemente de su función.

A ello se suma la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México forma parte, que ha sostenido que la inamovilidad del salario judicial es un requisito indispensable para garantizar la independencia de los jueces.

“Así lo ha interpretado el tribunal interamericano: sin remuneraciones estables, no hay independencia; sin independencia, no hay justicia; y sin justicia, no hay democracia posible”, señaló.

La Jufed advirtió que reducir los ingresos de ministros, magistrados y jueces altera el equilibrio entre poderes, rompe contrapesos y envía un mensaje de subordinación.

“Cuando el salario se convierte en instrumento de control, la imparcialidad deja de ser garantía y se vuelve un riesgo”, afirmó la organización.

“Lo que está en juego no es un ingreso personal. Lo que está en juego es la arquitectura institucional que permite que, cada día, podamos resolver controversias sin temer represalias económicas derivadas de nuestras decisiones”, agregaron.

Si se concreta la reducción salarial, alertaron, también estará en riesgo “la confianza ciudadana en que los tribunales siguen siendo un lugar de equilibrio, no de obediencia”.

¿Por qué el reclamo?

El OAJ aprobó nuevos tabuladores salariales en septiembre de 2025 para ajustar las percepciones de los altos mandos del Poder Judicial de modo que ninguno gane más que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, conforme al artículo 127 constitucional.

Además de implicar recortes sustanciales a los ingresos mensuales de ministros, magistrados y jueces de distrito, se eliminarían prestaciones previas y todos quedarían como derechohabientes del Issste.

El OAJ aclaró que los salarios de mandos medios y operativos no serían modificados, a fin de evitar afectaciones laborales en el personal que no forma parte de la estructura superior.

El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua inició su gestión en el presente ciclo del Sistema de Justicia Estatal con la adscripción de los jueces que resultaron electos en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para desempeñarse en la materia penal.

Son en total 135 jueces penales los que tienen ya su respectiva adscripción o especialidad, así como el distrito donde ejercerán su cargo en los siguientes años.

El distrito con la mayor cantidad de jueces penales es el de Morelos, con cabecera en la capital del estado, con un total de 54, mientras que el de Bravos, con asiento en Ciudad Juárez, tendrá 47.

El distrito fronterizo tendrá ocho jueces penales menos que el de Chihuahua, pese a que Juárez es la ciudad más poblada y con mayor incidencia de delitos.

La adscripción con el mayor número de jueces es la de Control, con un total de 53, seguida por las relacionadas con violencia de género, con 31, entre las cuales se incluyen las especialidades de adolescentes, control, enjuiciamiento y sistema tradicional.

Habrá, además, seis juzgados de enjuiciamiento, incluido uno para adolescentes; cuatro de Teviogen (Tribunal Especializado en Violencia de Género) de Control; cuatro juzgados Mixtos Especializados en Violencia de Género de Enjuiciamiento, así como tres Mixtos Especializados en Violencia de Género de Control.

La justicia para adolescentes tendrá seis juzgados; los especializados en narcomenudeo, ocho, misma cantidad que los juzgados que aún operan con el sistema tradicional.

De las casillas electorales a los juzgados

La adscripción de salas penales fue producto de un acuerdo del Poder Judicial del Estado mediante el cual quedaron adscritas las juezas y los jueces en materia penal electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, quienes deberán incorporarse a sus funciones el próximo 8 de septiembre de 2025.

Según el documento aprobado en sesión extraordinaria del Órgano de Administración Judicial, la adscripción a tribunales constituye una medida de carácter administrativo y operativo, que no altera la jerarquía, atribuciones ni obligaciones inherentes al cargo de las personas juzgadoras.

El acuerdo precisa que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los jueces penales tienen competencia en todo el territorio estatal y pueden actuar en distintas etapas del proceso penal, incluyendo ejecución, enjuiciamiento, control y justicia para adolescentes.

Asimismo, se establece que, en casos de urgencia o ausencia de titulares, los jueces podrán ejercer funciones en otros distritos judiciales sin necesidad de un nombramiento adicional, con el fin de garantizar la continuidad en la impartición de justicia.

La Dirección de Gestión Judicial Penal será la instancia encargada de coordinar estos apoyos, considerando criterios como cercanía territorial, recursos humanos y equilibrio en las cargas de trabajo.

El acuerdo también subraya que las adscripciones no afectan los derechos, prerrogativas ni percepciones económicas de las y los juzgadores, quienes conservarán en igualdad de condiciones su investidura y deberán desempeñarse bajo los principios de igualdad, no discriminación y seguridad jurídica.

El Poder Judicial del Estado reanudó la entrega de fechas para la celebración de audiencias este miércoles 3 de septiembre, luego de haber suspendido esa actividad desde el 27 de agosto pasado, con motivo del cambio de mandos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y en los juzgados locales.

La suspensión de plazos fue una acción programada con el objetivo de preparar la entrega-recepción de los juzgados y de las salas civiles, penales y familiares, según lo expuso el área de Comunicación Social del TSJ.

Sin embargo, agregó, la actividad en los juzgados no se detuvo, ya que se recibieron asuntos durante todos los días hábiles que duró la suspensión de plazos. Lo único que se reprogramó fue la asignación de fechas para celebrar audiencias, añadió.

El nuevo Poder Judicial del Estado tomó posesión el lunes 1 de septiembre en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.

Los nuevos magistrados del TSJ y los jueces de primera instancia de todas las materias rindieron protesta y asumieron el cargo.

No obstante, aún no se ha hecho la asignación de adscripciones, por lo que serán los encargados de juzgado o de sala quienes reciban y den trámite a los asuntos que lleguen a cada instancia, según lo informó el área de Comunicación Social del máximo tribunal del Estado.