poder judicial

El diputado de Morena, Óscar Castrejón aseguró que hay “manoseo” en la selección de magistrados y magistradas de 6 salas en el Poder Judicial.

En la Primera Sala Civil Regional en Distrito Bravos advirtió que se busca poner a María Ávila Serna; en la Octava Sala Civil Morelos dijo que PRI-PAN quieren imponer a Fernando Mendoza Ruiz, “el fue secretario del magistrado José Alfredo Fierro, representante en la Comisión Especial de selección por parte del Poder Judicial”.

En el caso de la Cuarta Sala Penal Regional Bravos aseguró se busca colocar a José Caín Lara Dávila, quien fue “como 10 años, el secretario del magistrado Luis Villegas, muy cercano y con mucha influencia en Acción Nacional”.

Sobre la Sala Civil y Familiar Regional Hidalgo, el diputado morenista dijo que se impondrá a Julio César Merino Enríquez, quien ayer mismo en la comparecencia señaló que fue quien resolvió muchas de las impugnaciones por corrupción contra la gobernadora María Eugenia Campos.

Respecto a la Primera Sala Familiar Morelos, comentó que no tiene información de quién se busca que quedé como magistrada, ya que está en suspensión definitiva por un juez de distrito.

Mientras que la Segunda Sala Penal Regional Bravos se declaró desierta, por lo que no se tiene definido cuándo se realizará la convocatoria para integrar la terna correspondiente.

Exhibe Morena “irregularidades” en selección de Magistrados

El Poder Judicial de la Federación dictó en audiencia incidental del juicio de amparo promovido por la jueza Alejandra Ramos, para que se evite la votación de las ternas para definir magistrados y magistradas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La comisión especial de elección podrá continuar con el proceso que marca la convocatoria, como la comparecencia pública de las personas integrantes de las ternas ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Sin embargo, esta suspensión definitiva no permitirá avanzar más, ya que no se podrá votar ante el Pleno del Congreso del Estado, hasta que se defina sentencia en la audiencia constitucional programada para el 21 de diciembre del año en curso.

Este amparo se basa en la reforma judicial hecha en 2022, que modificó el artículo 101 de la Constitución Local al establecer que la elección de las personas magistradas se realizará sin concurso y a través de un órgano de carácter político y no técnico.

Acción que alegó la jueza Alejandra Ramos, del Distrito Judicial Morelos con sede en la ciudad de Chihuahua, al argumentar que la convocatoria da preferencia a personas ajenas a la carrera judicial y pre designa las plazas que corresponden a hombre y mujer simulando la paridad de género.

Cabe señalar que esta misma semana, Integrantes del Movimiento Estatal de Mujeres entre las que destacan, Emma Saldaña (extitular de Ichmujeres), Isabel Encerrado (Unidad de Género de Secretaría de Desarrollo Humano), Graciela Ramos (Mujeres por México A.C), Martha González (Centro de Atención a la Mujer Trabajadora A.C.) y Erika Mendoza (extitular de Inforaj y aspirante en la convocatoria), se reunieron en torno al tema.

“Nos reunimos con las juezas Alejandra Ramos, Sabela Asiain y Perla Ruiz, mujeres empoderadas que están luchando en contra de decisiones antidemocráticas y patriarcales que están tomando en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua”, se lee en la plataforma de Facebook.

La diputada local de Morena, Jael Argüelles, pidió ante el Congreso del Estado que se exhorté a la Comisión Especial que lleva la selección de magistrados y magistradas de 7 salas vacantes en el Poder Judicial, que se suspenda la convocatoria hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad vigente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“¿Recordamos aquella ocasión en la que este Congreso se indignó ante la eliminación de fideicomisos al Poder Judicial Federal? En ese momento se dijeron defensores de la separación de poderes, pero no en lo local, en donde la gobernadora María Eugenia Campos Galván está intentando cooptar al Poder Judicial”, expresó Argüelles Díaz en el Pleno.

La diputada argumentó que en el 2022 se aprobó una reforma a la Constitución local, la cual denominó “Ley Dedazo”, reforma que planteó una designación de magistrados y magistradas “que limita” de forma importante la participación del Poder Judicial en este proceso, y sustituye una selección por méritos, por “una de consensos y acuerdos entre poderes”.

Jael Argüelles aseveró que estos cambios en el Poder Judicial se hicieron para “repetir el mismo esquema de simulación que utilizó César Duarte Jáquez para controlar al Poder Judicial local”.

Además, recordó, que el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua presentó una iniciativa para corregir la posible inconstitucionalidad de la “Ley Dedazo”, misma que a la fecha, no está dentro de la reforma integral, ni en proceso de corrección.

La legisladora se sumó al reclamo de la jueza Sabela Asiain sobre que las siete vacantes, cuatro están cerradas a las personas que integran el Poder Judicial, que no buscan fortalecer la carrera judicial, sino para debilitarla.

Aunado a que, reiteró que se discrimina abiertamente a la mujer, sobre todo aquella con carrera judicial, pues en el caso de las juezas en materia penal, “el camino les fue vedado, porque no fueron convocadas, la convocatoria solo fue abierta a mujeres externas al poder judicial”.

“Con solo ver algunos de los nombres de las personas que han sido registradas hasta el momento se logra percibir que tanto la reforma del año pasado como la convocatoria son tendenciosas. Por si fuera poco, el plazo para presentar documentación fue solo del 17 al 22 de noviembre de este año. Sí, durante los días de puente. Fue una convocatoria del Buen Fin; una convocatoria con descuentos, sin concursos de oposición, para premiar favores políticos y colocar a incondicionales”, concluyó.

Al terminar, solicitaron la palabra Alfredo Chávez, Georgina Bujanda e Isela Martínez como parte del debate legislativo en contra, en una primera ronda de intervenciones. El punto seguía en debate a las 13:00 horas.

Para que se elijan a jueces, magistrados y ministros tiene que haber una reforma constitucional que se tiene que aprobar en el Congreso con mayoría calificada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al acusar otra vez que impera la corrupción en el Poder Judicial.

“Es para iniciar la limpieza en el Poder Judicial, la limpieza de la corrupción que impera en el Poder Judicial porque si no quedaría pendiente resolver el problema de jueces, magistrados y ministros deshonestos”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 27 de noviembre en Palacio Nacional.

“En general, impera la corrupción en el Poder Judicial”, expresó López Obrador al asegurar que jueces, magistrados y ministros “hacen y deshacen” con un “pensamiento conservador”. Aclaró que “hay excepciones”.

Acusó también que están muy “distantes” de la impartición de justicia y volvió a señalar a jueces que favorecen a presuntos delincuentes.

Indicó que el mejor método para limpiar “un poder deshonesto” es “con la democracia” y “con el pueblo”.