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El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña dijo que la petición del cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria del exgobernador César Duarte, que solicitaron esta mañana más de 200 personas, corresponde exclusivamente al Poder Judicial.

“Nosotros respetamos la libre manifestación de personas que creen que ese es el conducto, este es un país de leyes y eso se tiene que impulsar, y si hay alguna intención alrededor del proceso que se sigue de esta persona, tienen que hacerlo a través de los tribunales, el conducto son sus abogados, no una manifestación”, comentó.

Protestan en Ciudad Judicial y Palacio de Gobierno para exigir liberación de exgobernador César D.J.

Por su parte, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos que se encontraba en un evento público, fuera de Palacio de Gobierno cuando se suscitó la manifestación, expresó que “lo que dicta la ley, es que tiene que estar en el Centro de Reinserción Social Aquiles Serdán, donde se encuentra desde que fue extraditado y compete a los jueces”.

Mientras que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, añadió que la justicia no se litiga a través de los medios de comunicación, que coincide en que el exgobernador “es un corrupto y eso nadie se lo va a quitar”, y que la medida cautelar es decisión del Poder Judicial.

En este mismo sentido, negó que la gobernadora María Eugenia Campos, tenga tiempo para “pagar” documentales como La Farsa, en donde se muestran testimonios de personas allegadas exmandatario César Duarte, donde acusan a Javier Corral Jurado de tortura durante la Operación Justicia para Chihuahua.

Y aprovechó para mencionar que, Corral Jurado es el “prestanombres de Morena” para golpetear a Gobierno del Estado.

El Colectivo de Mujeres Víctimas de Violencia en la ciudad de Chihuahua, se manifestaron este lunes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado para denunciar el actuar de la jueza Nicolasa Concepción Payán Holguín, a quien acusaron de haber cometido diversas negligencias documentadas en más de 120 casos por falta de perspectiva de género.

En su denuncia, dos mujeres que llevan varios años con medidas de protección y denuncias por violencia familiar, denunciaron que la jueza ha impuesto pensiones alimenticias que son injustas, ya que apenas alcanzan los 13 pesos diarios; además de que les obligan a encarar a sus hijos e hijas con sus agresores.

Entre las denunciantes había personas migrantes y personas de pueblos originarios, quienes son acompañadas y asesoradas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, mismas que también afirmaron temen por su vida y la de sus familias, ya que algunas de ellas, tuvieron incluso intentos de feminicidio sin obtener justicia hasta el momento.

De acuerdo al Cedehm, la jueza del Séptimo de lo Familiar del Distrito Morelos cuenta con denuncias por su actuar ante el Consejo de la Judicatura y se ha solicitado en más de una ocasión y manifestación, cita con la magistrada presidenta, Myriam Hernández, sin que la petición haya sido atendida.

Por lo que esperan una respuesta de la titular del Poder Judicial; la manifestación se llevó a cabo de forma pacífica sin afectar a las personas usuarias que acuden a realizar trámites al edificio público.

“No podemos permitir un Poder Judicial del Estado parcial y politizado, ante la información que se ha hecho pública en las últimas horas sobre la solicitud de licencia de Luis Villegas Montes, como magistrado para incorporarse a tareas partidistas contra la Cuarta Transformación”, señaló el mensaje firmado por el Colectivo de Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional radicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral.

El colectivo exigió a Villegas Montes que no solicite licencia y que renuncie al Poder Judicial, ya que no puede encabezar un poder y estar abiertamente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, con “nexos cercanos y estrechos” con la gobernadora.

Los militantes de la Cuarta Transformación dijeron que también deben irse de la Judicatura Estatal, Minerva Correa Hinojosa, Francisco Javier Acosta Molina y Filiberto Terrazas Padilla.

Además de Rubén Aguilar Gil, director de Justicia Alternativa; Carlos Alberto de Lascuráin Ochoa, director Administrativo; Luis Rubén Maldonado Alvídrez, coordinador de Comunicación Social y LA jueza Hebe Mónica Morales Reyes, del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

“Han demostrado públicamente sus nexos con la titular del Poder Ejecutivo Estatal, lo que pone en entredicho el funcionamiento íntegro e imparcial de la justicia en Chihuahua.  Todos ellos contaminan la impartición de justicia y deben renunciar por el bien de México”, concluye la misiva.

Enrique Lomas

La jueza Aurelia Alejandra Martínez Rosales ganó un amparo para ser reinstalada hoy al frente del juzgado décimo civil.

Luego de poco más de dos años de haberle sido negada su ratificación como juez del Décimo Juzgado, hoy deberá ser reinstalada la jueza y pagados sus salarios caídos.

La jueza mostró su preocupación por la posibilidad de ser cambiada de adscripción al municipio de Guerrero, como parte de un acto de represalia del Poder Judicial.

“Esta la consideró una forma de hostigamiento por atreverme a interponer un amparo” , lamentó.

El amparo que fue interpuesto ante el juzgado quinto de Distrito de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa.

Entre las razones que esgrimió el Poder Judicial en su momento destaca que la jueza carecía de atributos para ejercer el cargo por la presunta mala conducta mostrada durante su ejercicio.

Por tal motivo la juzgadora ahora pretende reparar el daño moral a su imagen.

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