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La Comisión Especial para la elección de magistraturas del Poder Judicial, dio a conocer la convocatoria para las y los aspirantes a las siete ternas disponibles en el Tribunal Superior del Estado.

La convocatoria establece que serán cuatro mujeres y tres hombres los elegidos en esta ocasión, de acuerdo a la paridad de género, y según el número de sala vacante.

La Primera Sala Civil Regional en Distrito Bravos, Segunda Sala Penal Regional en Distrito Bravos, la Quinta Sala Penal Distrito Morelos es para mujeres que no prestan sus servicios en el Poder Judicial del Estado.

La Octava Sala Civil en Distrito Morelos, Cuarta Sala Penal Regional Distrito Bravos, será para hombres que presten sus servicios en el Poder Judicial del Estado.

Mientras que Primera Sala Familiar en Distrito Morelos es para mujeres que sí presten sus servicios en el Poder Judicial, y la Sala Civil y Familiar Regional en Distrito Hidalgo, es para hombres que no presten sus servicios al Poder Judicial del Estado.

Las causas de eliminación del proceso de selección son no cumplir con los requisitos, no acudir puntual al día y hora de las etapas previstas, dar información errónea o apócrifa y no dar a conocer algún impedimento para la Magistratura.

Entre los requisitos destacan gozar de buena reputación, no haber ocupado algún cargo público de primer nivel, diputación o titularidad del Poder Judicial durante el año previo a su nombramiento, no ser deudor alimenticio ni pertenecer a algún culto religioso.

La convocatoria se desarrollará en el Distrito Morelos, la documentación de las y los aspirantes deberá entregarse del 17 al 22 de noviembre de 2023, de 9:00 a 17:00 horas en las instalaciones del Inforaj.

La lista de personas registradas se publicará en la página oficial del Poder Judicial del Estado a más tardar el 23 de noviembre del 2023.

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial de la Federación (PJF) a resolver ya la devolución de 15 mil millones de pesos —de sus fideicomisos— para destinarlos a los damnificados del huracán “Otis”.

“Por cierto, no he escuchado nada de la devolución, eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones para Acapulco”, dijo el Titular del Ejecutivo en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El pasado 31 de octubre, el Jefe del Ejecutivo federal planteó a la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, un acuerdo para que los recursos de los 13 fideicomisos que fueron eliminados en la discusión del Presupuesto 2024 se destinen a atender los daños provocados por Otis.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”.

El Presidente dijo en su momento que habría que esperar a que se publique la Ley de Ingresos del Presupuesto y, luego, a que no haya controversia, como lo ha planteado la oposición, para llevar a cabo este reintegro de recursos.

El presidente López Obrador mencionó que con esta propuesta “se arreglaría el problema de fondo” con el Poder Judicial y ayudaría a cuidar el prestigio de la institución que los representa.

La ministra Piña Hernández dijo que discutía la propuesta del Presidente de destinar el dinero de los fideicomisos del PJF a la ayuda de las personas damnificadas.

“La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población”, indicó la ministra en un oficio dirigido al Presidente de la República.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que trabajarían en conjunto “por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar su proyecto de vida”.

El Congreso del Estado aprobó este martes un exhorto a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial para que informen el estatus de la impugnación al remate del condominio de la empresa Aras en la Torre corporativa Azenzo.

La diputada de Morena, María Antonieta Pérez, fue la encargada de promover el punto en el Pleno, luego de que en días pasados se publicó un edicto de remate en el cual un juez ordenó vender un predio ubicado en Torre Azenzo, lugar donde se encontraban oficinas de Aras Business Group.

Pérez Reyes recordó a las y los diputados que desde 2021, diversos inversionistas, principalmente de Chihuahua, comenzaron a denunciar que la firma Aras Bussines Group, que operaba bajo la figura de Sociedad Anónima Promotora de inversión (SAPI), por incumplimiento del pago de intereses y el retorno de las inversiones realizadas por los mismos.

“A la fecha existen más de 8 mil denuncias interpuestas en la Fiscalía General del Estado contra la pseudofinanciera Aras, por el fraude de más de mil 200 millones de pesos”, refirió.

En este sentido, expresó que la publicación del Edicto de Remate establece que el predio es de un valor aproximado de 5 millones de pesos, pero que se venderá alrededor de los 3.5 millones de pesos, dejando sin defensa a los miles de afectados de esta empresa.

Por lo que dijo, que es urgente la intervención del Congreso para que informen a la brevedad, la situación del remate de la propiedad de Aras, para el conocimiento de los usuarios afectados.

El exhorto obtuvo 20 votos a favor del PRI, PAN y Morena, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Tras la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, un juez frenó la desaparición mientras asociaciones alistan más amparos contra esta decisión, por la que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que “no hay ningún problema” y “se va a resolver”.

Luis Asali, presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), explicó a EL UNIVERSAL que trabajan en amparos porque esta decisión es “profundamente lesiva a la democracia en México, a la independencia judicial y a la división de poderes”.

El abogado indicó que este acto implica una “arbitrariedad” impulsado desde el Poder Ejecutivo y “consumado con la venia” del Legislativo, por lo que se busca defender a la ciudadanía “porque es a los ciudadanos a quienes más puede lastimar el que se afecte la independencia judicial”.

“Lo que estamos viendo es cómo dos poderes que tienen la misma ideología, pueden perjudicar al otro poder. Evidentemente, en la medida en que un poder puede o pretende someter al otro desde el lado del presupuesto, con eso está tratando de vulnerar su independencia.

“El presupuesto de un Poder no debiera, en lo absoluto, poder ser vulnerado por el otro”, dijo Asali.

El presidente del CNLE señaló que además de los de la ciudadanía, también se encuentran en juego los de los trabajadores del Poder Judicial.

“Que se logre suspender de inmediato la totalidad de la ejecución de esta decisión, o por lo menos de aquellas que tengan que ver directamente, que son en su mayoría, con las prestaciones sociales de los trabajadores del Poder Judicial y sus familias.

“Estamos hablando que son más de 55 mil personas las servidoras y servidores públicos que laboran dentro del Poder Judicial, y estos fideicomisos tienen distintos fines, pero en su mayoría tienen que ver con prestaciones de carácter social”, refirió Luis Asali.

Indicó que “es totalmente falsa la narrativa impulsada desde el Poder Ejecutivo” de que los fideicomisos son privilegios para los ministros.

Llamó a la sociedad a defender la democracia, los poderes y la independencia judicial, así como atraer “receptores internacionales” como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Relatoría Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados.

Sobre la posición de la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte, de abrir diálogo con el Ejecutivo para destinar recursos de los fideicomisos a las personas afectadas por el huracán “Otis”, Luis Asali mencionó que se está tratando de tender un puente “con un presidente que solamente se ha distinguido por ser reaccionario y polarizante”.

“La posición de la ministra yo la veo como una posición de una persona sensata, de una persona digna, y de una persona que quiere evitar la polarización y acudir a una racionalidad para tratar de cuidar y proteger a los miembros del Poder Judicial de la Federación”, señaló.