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A las 11 de la mañana se realizó un simulacro de amenaza de bomba en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en los centros de trabajo correspondientes a los distritos judiciales Bravos y Morelos en los que participaron más de 5 mil personas.

El simulacro se realizó en respuesta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, quienes convocaron a la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como una delegación de voluntarios de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

En la ciudad de Chihuahua participaron 1 mil 669 trabajadores en un total de 4 instalaciones que son el Centro de Justicia, Instituto de Defensoría Pública, el Edificio Armandino Pruneda y el Archivo de Concentración.

Mientras que en Ciudad Juárez participaron 961 empleados y empleadas en 5 instalaciones: Ciudad Judicial Distrito Bravos, Juzgados Civiles y Familiares, Edificio Armando Bonifacio planta alta, Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) y el Archivo de Concentración.

La cantidad de personas usuarias que colaboraron en el simulacro, en la capital del estado asciende a un total de 1 mil 788 y en Ciudad Juárez el total fue de 1 mil 372.

La magistrada Myriam Hernández Acosta, presidenta del Poder Judicial, dio a conocer que no hubo incidencias e invitó al personal y público a seguir colaborando en estos esfuerzos para fomentar la cultura de la protección civil y agradeció a los 290 brigadistas por su esfuerzo y dedicación en este importante ejercicio.

Por tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México mantienen cerrados inmuebles de la dependencia y realizan paro de labores en demanda de un aumento salarial del 7.7%.

Los servidores públicos inconformes esperan la reunión que hoy por la tarde sostendrán con autoridades del gobierno capitalino para determinar si se levanta o sigue el paro.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentará esta misma tarde una iniciativa de reforma para recortar más de 20 mil millones de pesos al poder judicial, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos, a fin de que “todas las disponibilidades que en existan en estos fondos y fideicomisos, se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.

La propuesta del coordinador guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, plantea expedir la ley orgánica del poder judicial de la federación en materia de fondos y fideicomisos.

En su exposición de motivos, Mier Velazco explica que México se encuentra en un momento de “refundación institucional”, motivo por el que, además de la independencia, autonomía, imparcialidad, eficacia, y rendición de cuentas, el Poder Judicial está obligado a aplicar la austeridad “para ser un buen sistema”.

“Sin embargo, los dos elementos restantes, la rendición de cuentas y la austeridad, constituyen aún pendientes importantes por lograr. En materia de austeridad, el avance es casi completamente nulo, y la falta combinada de avances en estas materias, está generando una percepción negativa en la sociedad respecto al Poder Judicial, agraviada por una cultura generalizada de excesos que ya no encuentra fácil de tolerar”, señala el legislador.

Ignacio Mier denuncia en su propuesta que los ministros del Poder Judicial reciben por su sueldo mensual un total de 297 mil 403.77 pesos, por concepto de aguinaldo otros 586 mil 092.53 pesos, por su prima vacacional otros 95 mil 474.68 pesos, además de otros 60 mil 307.52 mensuales para gastos de alimentación, que en total suman 723,690.24 pesos al año, sin contar el “Pago por Riesgo de trabajo a cada ministro que es de 640,372.31 pesos y se les entrega cada año en el mes de junio”.

Agregó que otras prestaciones para los ministros, también incluyen a su familia, por ejemplo: “El “Apoyo para Medicamentos”, en el que se incluye al ministro/a y a su cónyuge es de 188,099 pesos cada año, y el “Apoyo de lentes” que contempla a los ministros, sus cónyuges e hijos, es de 3,100 pesos anuales para cada uno de los integrantes de la familia”.

También acusó la entrega de recursos para contratación de personal en la oficina de cada ministro que contempla el otorgamiento de 5 millones 540 mil 930.32 pesos mensuales; un “estímulo por antigüedad” de mil pesos mensuales; un “Pago de defunción” por un millón 189 mil 615.08 pesos; 30 mil pesos de “Ayuda de gastos funerales”; “Seguro de Vida” por 12 millones de pesos; “Seguro de Gastos Médicos” por 30 millones de pesos; “Seguro de Separación Individualizado” que puede ser de un 2%, 4%, 5% o 10% del sueldo del ministro y en el que la SCJN abona el doble con cual al cabo de 15 años que dura la gestión de los integrantes de la Corte pueden acumular hasta 20 millones de pesos para su retiro.

Por lo anterior, la propone que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se extingan aquellos mandatos que se hayan constituido y desarrollado fuera del amparo de dicha ley.

Lo anterior representa que solo uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo este “el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia” del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 727 millones 411 mil 587 pesos, mientras que los 19 mil 789 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos “deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

Se agrega que, a sabiendas de que algunos de estos fideicomisos resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales que conforman derechos adquiridos, “los actos de extinción de estos mandatos jurídicos deberán respetar los compromisos contractuales de los mismos y respetar los derechos que se hayan generado, cubriéndose los montos que correspondan con cargo a los propios fideicomisos”.

Por lo tanto, “una vez solventados dichos compromisos, los recursos federales remanentes, incluyendo los productos y rendimientos que hayan generado a lo largo de los años, generando ahorros financiados por el presupuesto público, también deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

La iniciativa ya fue publicada en la gaceta parlamentaria y será anunciada esta misma tarde.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. reprobó los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de personas juzgadoras federales, por realizar sus labores conforme establece la Constitución, además de la persecución en contra de abogados por la defensa de sus clientes y de fiscales autónomos de los estados.

Mediante un comunicado, señaló que dichos actos “nulifican la división de poderes, atentan contra la soberanía de los estados, interfieren indebidamente con el libre ejercicio de la profesión y con la independencia judicial”.

Aclaró que todos los actos de las autoridades están constitucionalmente limitados, precisamente por la revisión que de ellos puede y debe realizar el poder judicial.

Detalló que denostar y atacar a personas juzgadoras o fiscales por ejercer sus facultades, así como amenazar el ejercicio de la abogacía, es ignorar los principios, valores y normas establecidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los derechos humanos que son reconocidos y resguardados por ella.

Exhortó al titular del Ejecutivo, así como a las distintas autoridades a cesar los ataques en contra de las personas integrantes del Poder Judicial, fiscales y abogados, así como a ceñir su ejercicio del poder público a lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.