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La diputada federal del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, respaldó la eliminación de los 13 de 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales dijo se han “convertido en una especie de caja chica”.

Aguilar Gil recordó en tribuna de la Cámara de Diputados que las decisiones hechas como legisladores federales son “inatacables e inapelables”, entonces quienes han manifestado que interpondrán una controversia constitucional por la eliminación de Fondos y Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, “están en un problema”.

“Tendrían que decidir sobre un acto que no es inconstitucional, pero sí ilegal, porque resulta que la Constitución Política dice que todo gasto debe estar en una partida presupuestal y los fideicomisos no están, es un ahorro que hacen de manera discrecional los ministros y que -tal vez- no es un delito, pero sí una falta administrativa”, argumentó.

Por lo que hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en el que aseveró que “si tienen un poquito de honorabilidad, no van aceptar la revisión de algo que ustedes están cometiendo; no los vamos a dejar ser juez y parte. Y el dinero que se están quedando es del pueblo mexicano”.

La diputada federal del PT, partido actualmente en colación con Morena y PVEM, replicó que con esta eliminación de fondos y fideicomisos se “eliminan prácticas indebidas” y afirmó que se salvaguardan los derechos laborales de los trabajadores.

“Durante años han tenido asignaciones que han derivado en gastos superfluos y suntuosos que en nada abonan a la función jurisdiccional que tienen a su cargo”, concluyó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es una “vergüenza”, de “pena ajena”, la marcha convocada por trabajadores del Poder Judicial, que se oponen a la extinción de 13 Fideicomisos.

“Imagínense una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena, además mintiendo, no se les va a quitar salarios, no se les va a disminuir salarios, ni quitar prestaciones a los trabajadores del Poder Judicial, nada, es a los de arriba, que es una vergüenza”.

Aseguró que comprende que los ministros de la SCJN están inconformes porque no quieren perder sus privilegios, porque no aceptan que el presupuesto es dinero de todo el pueblo.

“Y tenemos que distribuirlo con justicia y con equidad, no puede ser que el dinero del pueblo beneficie más a una minoría, ¿cuál es el derecho que tienen unos a obtener más del presupuesto que el derecho que tienen los indígenas, los campesinos, las personas vulnerables? La justicia es darle más al que tiene menos porque no puede haber tato igual entre desiguales”.

Acusó que los ministros de la Corte se acostumbraron a vivir colmados de atenciones y privilegios, ahora –dijo- se le está planteando ya no ganen 700 mil pesos mensuales, que acepten la mitad y el resto se usará para darle a los que les hace falta.

El presidente López Obrador criticó que la élite del Poder Judicial cuenta con seguro de gastos médicos mayores para hacerse cirugías plásticas, cajas de ahorro especiales; se llevan 20 o hasta 30 millones de pesos de retiro y reciben su sueldo casi íntegro cuando se retiran, además de apoyo para mantenimiento de sus viviendas, muchísimas prestaciones.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, informó que durante la sesión de Congreso convocada para hoy, solicitará al Senado de la República rechazar el proyecto de decreto con el que el Poder Ejecutivo puede usar los recursos de los trabajadores del Poder Judicial y propone la desaparición de 13 de 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Francisco Sánchez Villegas dijo que esta propuesta afecta a las y los trabajadores del Poder Judicial, ya que al menos 6 fideicomisos tienen relación con el pago de obligaciones patronales, por lo que, de eliminarlos, se afectaría la progresividad del derecho como pensión, vivienda, cobertura de salud digna y fondos para un retiro decoroso.

“El objetivo de los fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación es muy variado, sin los cuales se limita la operatividad del Poder Judicial, dejando en un estado de indefensión a empleados y usuarios de los servicios de Justicia”, argumentó.

El diputado afirmó que el “ataque” se presenta en un escenario donde el Poder Ejecutivo ha criticado el desempeño del Poder Judicial, “les estorba la transparencia, detestan la democracia, les estorba la constitución, les estorba la ley y les estorba el equilibrio de poderes”.

Por lo anterior, dijo que el punto de acuerdo, de aprobarse este jueves por mayoría de votos, va en contra del proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo doscientos veinticuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y promover la independencia del Poder Judicial, para que se abstengan de realizar acciones tendientes a disminuir el recurso público requerido para el buen funcionamiento del mismo.

Diez salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado se mantienen sin el nombramiento oficial de una magistrada o magistrado a su cargo; 8 de las salas tienen personas encargadas, que son las y los secretarios proyectistas y en dos salas más, hay dos magistraturas provisionales.

El Tribunal consideró que este hecho no ha afectado el trabajo del Poder Judicial, ni la impartición de justicia e indicó que solo son 8 salas las que tienen las vacantes, mismas que se ocuparán de manera oficial una vez que el Congreso del Estado vote la Reforma pendiente al respecto.

Luis Rubén Maldonado, el vocero del Tribunal, indicó que las personas encargadas de las salas tienen años de experiencia y que por lo general, son quienes arrastran el lápiz, con un gran conocimiento de la ley y experiencia que avala su cargo.

Explicó que una vez votada la reforma en el Congreso, se ratificaría a los magistrados provisionales, como consecuencia de lo cual serían inamovibles.

Indicó que las magistraturas se encuentran vacantes por diversas causas, como el fallecimiento del Magistrado Rafael Quintana, el pasado mes de marzo; también por el nombramiento de los magistrados Luis Villegas y Filiberto Terrazas (Juárez) como consejeros de la Judicatura; la sala en la que era Magistrada Myriam Fernández se encuentra vacante desde que fue nombrada Presidenta del Tribunal.