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El Poder Judicial está obligado a la autocrítica, pues no se puede dejar de reconocer, que hoy la sociedad desconfía de la justicia, por lo que es necesario reflexionar sobre la pertinencia y urgencia de una gran reforma estructural en los poderes judiciales federal y locales, sostuvo Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al participar en la ceremonia de entrega de títulos y certificados a las y los egresados de la primera generación de las Maestrías en Justicia Administrativa y Sistema Anticorrupción 2019-2021, del Instituto de Especialización de Justicia Administrativa, señaló que dicha reforma estará encaminada a lograr el cumplimiento del mandato constitucional, de servir mejor al país, en una sociedad cada día más informada y que demanda una mayor calidad en el servicio público, fundamentalmente, en su exigencia de justicia.

“Los poderes judiciales debemos ser aliados de la sociedad, a través de nuestras sentencias contribuimos al fortalecimiento democrático y a la paz social de nuestro país”, sostuvo, por lo que -precisó- están llamados a la prudencia en todas sus decisiones, para vencer el gran reto de generar confianza de la sociedad en sus juzgadores.

Yasmín Esquivel agregó, que quienes integran el Poder Judicial; que es uno de los tres pilares que sostiene al Estado Mexicano, están obligados a revisarse y evaluarse con apertura de mente, y a observar de fondo los cambios estructurales necesarios para responder a las exigencias que contempla el artículo 17 de Carta Magna, que es la impartición de justicia completa, imparcial y gratuita, y libre de todo formalismo.

Finalmente, expresó su orgullo de que, a 10 años de la creación del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, la primera generación de las Maestrías en Justicia Administrativa y en Sistema Anticorrupción, concluya esta etapa de preparación.

El alcalde Marco Bonilla pidió al Poder Judicial de la Federación, que resuelva pronto y sin aplazar, el fondo de los amparos promovidos en contra del nuevo Relleno Sanitario Mápula.

“Que considere los estudios científicos presentados, las resoluciones de las instancias medioambientales estatal y federal, y la opinión docta de los investigadores; a la par de que valore la urgente necesidad de tener un nuevo relleno sanitario que dé servicio a las familias de Chihuahua capital; y resuelva la afectación que hoy tienen más de 80 mil personas que viven cerca del relleno actual y que durante años han esperado por esta solución”, señaló el alcalde en un video en el que fijó su posicionamiento público.

Bonilla destacó que, durante la campaña por la alcaldía, todos los candidatos propusieron la construcción de un nuevo relleno sanitario, porque se trata de una necesidad urgente e inaplazable en la capital.

Explicó que el lunes pasado la Jueza Primera de Distrito concedió la suspensión de la obra y será el 22 de junio, cuando resuelva el fondo del asunto en audiencia constitucional.

“Desgraciadamente hay adversarios políticos y mediáticos que han aprovechado este hecho jurídico para atacar a la administración con mentiras y desinformando sobre el proyecto”, añadió el alcalde.

Invitó a la ciudadanía a que no se dejen engañar por los que buscan sacar “raja política” con intrigas y falsedades, y que desde la comodidad de las redes se dedican a mentir.

“Dicen que el terreno se compró caro, falso: están publicados los avalúos hechos por colegios y valuadores profesionales, en los cuales se demuestra que compramos incluso por debajo del valor comercial. También es público el contrato de arrendamiento con opción a compra, que nos permitió, además de evitar la especulación, hacer una compra segura del terreno, ya con la certeza de contar con los permisos necesarios y el pago de las rentas se descontó del precio final de la compra”, agregó el alcalde.

Sobre los amparos que interpusieron algunos argumentando que les afecta por contaminación, dijo que, si bien tienen el derecho de inconformarse por esa vía, las razones que argumentan parecen erróneas, pues los estudios científicos que se hicieron durante meses y la Manifestación de Impacto Ambiental de Semarnat dan la certidumbre de que el terreno es idóneo, y no afecta los recursos naturales.

“Así que probablemente los que se ampararon no lo hicieron por el ambiente sino por intereses, proyectos o ambiciones personales. A quienes se ampararon, les llamo a revisar las investigaciones de nuestra Máxima Casa de Estudios, reconsiderar su postura, y entender que lo que están poniendo en riesgo es la solución de una necesidad urgente para todos”, enfatizó el edil capitalino.

El gabinete de seguridad nacional compareció ante la Comisión Bicamaral en un ejercicio inédito donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, arrancó su participación con el reparto de culpas al villano favorito del momento, el Poder Judicial, por la inseguridad e impunidad en el país.

“No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente”, subrayó al iniciar.

Aseguró que para el actual gobierno “no era ni es la intención militarizar al país”, así como, sin mencionarlo, recordó la guerra contra el narco de Felipe Calderón: “Para nosotros, las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales; en la estrategia de seguridad del gobierno federal se prioriza la vida y la paz por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas”, expuso.

Defendió a la Guardia Nacional y a su integración con militares al argumentar que “no hay institución mejor preparada, mejor capacitada ni mejor organizada que nuestras Fuerzas Armadas para continuar la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado”.

Ya en el cónclave privado llegaron los cuestionamientos por el proceso de militarización y por las altas cifras de homicidios y desapariciones en el país.

“La Guardia Nacional es civil porque desempeña funciones civiles”, respondió tajante el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval al rechazar que exista un proceso de militarización en el país.

Seguirían los temas polémicos y que no fueron respondidos, cuando se expuso el espionaje con Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos, y los casos específicos de violaciones y desapariciones por parte de marinos y soldados.

Sin embargo, según Ricardo Monreal, la reunión, de cuatro horas, “fue un avance significativo” y un “ejercicio inédito”, y se cumplió con una de las facultades del control parlamentario y se presentó el primer informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en Labores de Seguridad. El también presidente de la Comisión Bicamaral apuntó: “Lo que observo con mucha claridad es que tienen estrategia, tienen información y tienen claridad en los objetivos que persiguen. Se veía a los cuatro secretarios manejar con demasiada soltura toda la información y obviamente sabían de lo que estaban hablando”, dijo.

Sin embargo, para senadores de oposición fue una reedición de la conferencia mañanera porque se expusieron las mismas fotografías, gráficas y estadísticas.

A cuatro años de iniciado el actual gobierno y la conformación de la Guardia Nacional con un porcentaje mayoritario de soldados, así como la instrumentación de la política de “abrazos, no balazos”, que no ha frenado los más de 155 mil homicidios y 38 mil desaparecidos, los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Pública rechazaron que haya militarización en el país.

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, expuso que uno de los ejes del encuentro fue la discusión de que hay quienes piensan que el país vive un proceso de militarización y “el gabinete insiste en que como hay un mando civil, porque el Presidente es civil y hay una secretaria civil, entonces no hay militarización, y porque la Guardia Nacional es civil porque hace funciones civiles.

“Los secretarios consideraron que es exagerado hablar de un proceso de militarización, porque los militares no son los que mandan en el país”, indicó.

Reconoció que no se habló de la estrategia de “abrazos, no balazos”, pero sí le recordó al gabinete de seguridad que el de López Obrador ya es el sexenio con más homicidios y más desaparecidos, a pesar de que faltan 16 meses para que concluya.

“La pregunta de fondo es: ¿cómo le hacemos para que en cinco años no lleguemos otra vez a que no hay otra opción más que dejar a los militares en las calles? Fue la columna vertebral de la reunión”, dijo.

Damián Zepeda, senador del PAN, expuso que fue un intercambio de visiones en materia de seguridad pública, “una que basa en las Fuerzas Armadas las acciones y otra de quienes queremos que prevalezca una Guardia Nacional civil, y entonces que se pueda dar un retiro paulatino. “Sí hubo un intercambio franco de todos. Puedo estar de acuerdo o no con lo que se dice, pero hubo un intercambio franco, eso es la verdad”, pero hace falta una clara ruta de salida de los militares de las labores permanentes de seguridad sin que eso implique que no puedan ayudar, agregó.

Como un franco desacato al Poder Judicial y un desafío al orden constitucional del país, consideraron legisladores de oposición, juristas y colegios de abogados el nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca blindar obras insignia de su administración de cualquier acción de transparencia.

Asimismo, opinaron que la nueva acción presidencial abre la ruta a la arbitrariedad y a la justicia por propia mano.

El diputado Jorge Triana (PAN) señaló que el nuevo decreto del presidente López Obrador también es inconstitucional, al igual que el que recientemente fue invalidado por la SCJN y representa un desacato a la sentencia que emitió.

“En cualquier democracia moderna eso se llama desacato. Un desafío al orden constitucional”, afirmó el legislador. Añadió que “nos gobierna un niño berrinchudo, una vergüenza”, en referencia al Titular del Ejecutivo.

Juan Zepeda, senador por Movimiento Ciudadano, comentó que el nuevo decretazo “evidentemente se emitió con total dolo, porque ya se sabía que la Corte echaría abajo el decreto anterior” y para no caer en desacato se manda inmediatamente uno nuevo que busca encubrir la corrupción en estas obras faraónicas”.

Calificó de una burla el decretazo, pero también muy grave el mensaje implícito que conlleva que además de firmarlo el Presidente, también lo hagan los secretarios de la Defensa y de la Marina. “Es un mensaje muy preocupante que Andrés Manuel López Obrador, flanqueado por los titulares de las Fuerzas Armadas, firmen este documento”.

A su vez, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dijo que más allá de los calificativos a esta “estrategia jurídica” desde Palacio Nacional, lo importante es conocer la ruta para echar abajo el decretazo, porque el pleno del Inai se encuentra incompleto y, “por ende, las únicas instancias que pueden presentar una controversia es la CNDH y el presidente de la Cámara de Diputados”.

Recordó que ante la falta de voluntad del oficialismo para nombrar a los tres comisionados del Inai, la única vía posible es que con fundamento en el artículo 105 (fracción I, inciso c), sea el presidente de la Cámara de Diputados quien la presente.

Por su parte, el diputado Mario Rodríguez Carrillo (MC) señaló que con este segundo decreto, el presidente López Obrador demuestra ignorancia, y es un reto flagrante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Pretenden ocultar información para no decir a quién adjudican, cómo lo están adjudicando, cuánto dinero. Y ello, apelan- do a reservar por un asunto de seguridad nacional, en una confusión de lo que debe de ser un asunto de zona, no de obra pública”, expuso.

Damián Zepeda, senador del PAN, indicó que se trata de un nuevo “berrinche del Presidente y la ratificación de su desprecio hacia la división de poderes, la SCJN y la Constitución”.

Consideró que el Presidente una vez más muestra que “su interés de desaparecer el Inai es eliminar la transparencia. Eso sólo lo lleva a cabo aquel que tenga interés de evitar que se dé a conocer la información de actos de corrupción y mal utilización de los recursos públicos”.

En contraparte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que el llamado decretazo presidencial signifique un desacato. “No hay ningún desacato, porque se acata la invalidez de un decreto. Pero se emite uno nuevo, que contiene más elementos y lo convierte en un acto bajo el principio de legalidad del Presidente”, apuntó.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) refirió que “es falso que se esté reiterando el decreto anterior, porque ese era muy general, punto señalado por los ministros de la Suprema Corte, por eso el nuevo es preciso”.

Para el analista jurídico Julio Jiménez, la nueva maniobra gubernamental es inconstitucional, porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el derecho constitucional de acceso a la información pública.

“Esta nueva estrategia jurídica del gobierno de López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia es una abierta declaratoria de guerra no sólo en contra del Poder Judicial de la Federación, sino también en contra del marco jurídico-constitucional que garantizan la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho humano de acceso a la información pública”, indicó.

El Colegio de Abogados de México condenó el desconocimiento del Ejecutivo a una sentencia del Poder Judicial y lo consideró como un acto que “burla” la decisión de la Corte. “El desconocimiento de las decisiones judiciales, abre el camino a la arbitrariedad”.