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El Poder Judicial del Estado de Chihuahua eligió los cinco integrantes del Comité que evaluará las personas que busquen contender en el proceso electoral de este año para lograr un cargo de juez o magistrado.

El llamado “Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua para la Elección de Personas Juzgadoras en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua” fue dado a conocer de manera oficial este miércoles.

Este se encuentra integrado por dos miembros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Ichitaip, y tres más que laboran actualmente en el sistema judicial del estado.

Dichos miembros del comité evaluador son: el presidente del Ichitaip, Sergio Rafael Facio Guzmán y Karla Gabriela Fuentes Moreno, comisionada del mismo organismo.

La quintenta la completan Francisco Javier Fierro Islas, secretario general del Tribunal Superior de Justicia, María Ivet de la Mora Hernández, secretaria ejecutiva Provisional del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; e Israel Urrutia Miramontes, comisionado director Jurídico del Poder Judicial del Estado.

El Tribunal Superior de Justicia informó en un comunicado que ese comité quedó integrado mediante un análisis de los perfiles profesionales, académicos y jurídicos de quienes han sido considerados para integrarlo.

Ese grupo de trabajo tendrá “la alta responsabilidad de su participación en los procesos de selección inherentes al multicitado proceso selectivo”.

Agrega el comunicado que esos cinco miembros del citado comité, “con su actuar habrán de conferir confianza en quienes opten por participar como aspirantes a ocupar los cargos públicos convocados.

Cabe recordar que esta misma semana, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Hernández Acosta, reiteró su crítica hacia el nuevo sistema que elige a jueces y magistrados mediante el voto popular.

Advirtió además que operadores del crimen organizado podrían filtrarse entre los aspirantes y llegar a cargos dentro del Poder Judicial.

El Poder Judicial del Estado anunció la creación del Padrón de Personas Traductoras e Intérpretes, como una herramienta clave para garantizar que personas de pueblos originarios o de nacionalidad extranjera que enfrentan procesos judiciales tengan acceso pleno a la justicia, incluso si no dominan el idioma español.

Este padrón permitirá contar con especialistas certificados que puedan asistir a personas en situación de vulnerabilidad lingüística, asegurando que comprendan y participen adecuadamente en sus juicios.

A partir de la semana en curso, entró en vigor el acuerdo iniciado por María Ivet De La Mora Hernández, secretaria ejecutiva provisional del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Dicho acuerdo, publicad ya en el Periódico Oficial del Estado, establece los Lineamientos para la operatividad del centro de personas traductoras e intérpretes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y sus Servicios.

El mencionado documento busca garantizar de mejor manera los derechos humanos de los justiciables en especial las personas que no entiendan o hablen el idioma español o que tengan alguna discapacidad auditiva, oral o visual

El Poder Judicial del Estado podrá requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, información para saber si cuentan con un traductor o intérprete certificado.

Si lo tienen, pero se encuentra físicamente fuera del distrito judicial o incluso del Estado, se deberá privilegiar su asistencia por medios electrónicos, siempre y cuando haya el pleno consentimiento del solicitante.

De no encontrarse uno en los listados de las dependencias, se designará a un traductor o intérprete “práctico”, que conozca el idioma y la cultura de la persona indígena o extranjero, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene un referente de relación con dicha cultura e idioma.

Todo traductor asumirá la obligación de confidencialidad respecto del contenido objeto del servicio y su conocimiento de las consecuencias legales en caso de su incumplimiento,

Del “Padrón de Personas Traductoras o Intérpretes del Poder Judicial”, el acuerdo recién publicado en el Periódico Oficial del Estado anuncia que próximamente se desarrollará.

Las personas enlistadas en ese padrón podrán quedar, además, inscritos en el Padrón de peritos de la Dirección de Profesiones de Gobierno del Estado o de instancia Federal.

La medida busca reforzar el respeto a los derechos humanos y la equidad en los procesos legales, alineándose con los compromisos internacionales de protección a comunidades indígenas y migrantes.

El Poder Judicial busca, de esa forma, que el acceso a un traductor o intérprete adecuado es un paso esencial para evitar discriminación y garantizar juicios justos.

El Poder Judicial del Estado envió al Congreso del Estado una iniciativa de reformas legislativas, para asegurarse de que magistrados y jueces que dejen el cargo con motivo de la reforma judicial federal, reciban de manera vitalicia la compensación que perciben actualmente.

La propuesta, aprobada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, contempla reformas a los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reciban una proporción de su compensación de acuerdo con los años que tengan de servicio en el Poder Judicial.

De esa forma, quienes tengan 10 años de servicio al momento de terminar su encargo a causa de la reforma judicial, recibirían el 55 por ciento de su compensación; los que tengan 15 años, el 60 por ciento.

Asimismo, quienes cumplan con los 20 años de servicio se irían con el 70 por ciento de su compensación, y los de 25 años o más, hasta el 75 por ciento.

En todos los casos, la prestación mencionada se pagaría de manera vitalicia.

El proyecto, enviado por la presidenta del TSJ, Miriam Hernández Acosta al Congreso del Estado, contempla que las magistradas y magistrados, juezas y jueces concluirán su encargo una vez que cumplan el plazo constitucional para el que fueron nombrados.

En ese caso, se proyecta que los magistrados o jueces, concluyan el periodo para el que fueron nombrados tendrán derecho a una pensión vitalicia por retiro anticipado.

La prestación se pagaría cuando él o la magistrada o juez se retiren del cargo antes de concluir su periodo, ya sea de manera voluntaria o por disposición de la ley, aun cuando no tengan derecho a gozar de la jubilación conforme a la Ley de Pensiones Civiles del Estado.

En caso de fallecimiento de las o los integrantes del pleno del TSJ durante el ejercicio del cargo o que gocen de haber de retiro, jubilación o pensión de retiro anticipado, se le otorgará una pensión a su cónyuge y sus hijas e hijos menores o consistente en el cincuenta por ciento de la remuneración que percibía el finado.

En tanto, las secretarias y los secretarios de Sala del Poder Judicial, al jubilarse o pensionarse, conforme a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, continuarán recibiendo el cincuenta por ciento de la compensación que perciben los funcionarios en activo en el cargo o categoría que ocupaban cuando se hubieren jubilado, siempre y cuando tuvieren una antigüedad de cinco años con dicha percepción.

El proyecto se aprobó el 28 de octubre pasado y se enviará al Congreso del Estado para su análisis, dictamen y probable aprobación.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que continuarán con el proceso de organización del proceso electoral que desembocará en la jornada del 1 de junio de 2025, cuando se renovarán 881 cargos del Poder Judicial a través del voto, luego de haber recibido la notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un comunicado oficial difundido en los canales de comunicación del INE, las autoridades se dijeron enteradas de la resolución propuesta por el magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña y respaldado por la mayoría en el Pleno.

De igual manera aseguraron que acatarán lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en respuesta a la acción declarativa solicitada.

Cabe recordar que, el pasado 4 de octubre, el INE acudió a la sala superior para solicitar un juicio con acción declarativa. Y es que, hasta ese momento, el organismo había recibido cerca de 140 amparos y suspensiones judiciales para impedir el avance del proceso electoral. El objetivo fue recibir la autorización para continuar con su labor a pesar de las determinaciones judiciales.

Fue así que este miércoles 23 de octubre de 2024, un día después de que se dio a conocer el proyecto de resolución elaborado por Felipe de la Mata Pizaña, se realizó una sesión donde la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña dieron su respaldo. En tanto, Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, votaron en contra.

Al respecto, en el comunicado, el INE dio a conocer que: “reitera su respeto al marco constitucional y legal vigente, así como su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes, por lo que seguirá trabajando -como lo ha hecho en las últimas décadas- para garantizar el ejercicio del voto a toda la ciudadanía mexicana”.

Con ello, el INE continuará con las labores de organización, a la par que los tres Poderes de la Unión establecerán los comités de evaluación para definir a las y los candidatos que podrán figurar en la boleta para las elecciones del 2025.