secuestro

PARRAL, Chihuahua.- La Fiscalía de Distrito Zona Sur cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Karen Ivette E. P., de 31 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la mujer participó junto con Daniel Antonio V. G., alias “El Burger” —quien ya se encuentra vinculado a proceso por los mismos hechos— en la desaparición de Jesús Jerónimo Sánchez Tarín y Jaime Leónides Cano Sotelo, ocurrida el 23 de agosto de 2025 en esta ciudad.

Hasta el momento se desconoce el paradero de las dos víctimas.

La detención se realizó este miércoles 25 de marzo en calles de la colonia Kennedy, mediante un operativo conjunto entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal del Ejército Mexicano.

La imputada fue puesta inmediatamente a disposición del juez que libró la orden y será presentada en audiencia para que el Ministerio Público formule la imputación correspondiente.

Con esta acción, la Fiscalía General del Estado informó que continuará con las labores de búsqueda de las personas desaparecidas y con la localización de los demás posibles involucrados en el caso.

Agentes de la Unidad Modelo en Atención al Delito de Secuestro, rescataron a una persona víctima de secuestro en una cueva ubicada en el municipio de Ocampo, y lograron detener a su victimario y le retuvieron más de 200 mil pesos en efectivo que habría cobrado por sus actividades ilícitas.

El grupo de la FGE, adscrito la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, liberaron a la víctima, pero también detuvieron a un presunto responsable durante un operativo desplegado en el paraje conocido como “La Cueva del Padre”, ubicado sobre la Carretera Federal 16, a la altura del municipio de Ocampo.

La intervención se realizó la tarde del lunes, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia desarrollados en torno al caso, informó la autoridad ministerial mediante un comunicado de prensa.

Durante la acción policial fue detenido quien se identificó como Jesús José S. N., de 42 años de edad, señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado.

Al momento de su detención, los agentes aseguraron 201 mil pesos en efectivo, distribuidos en 350 billetes de 500 pesos y 26 billetes de mil pesos. Asimismo, fueron incautadas dos armas de fuego tipo fusil, ambas de color negro; una de ellas contaba con cargador metálico abastecido con 10 cartuchos útiles. También se aseguraron dos teléfonos celulares.

Las armas y demás indicios fueron debidamente embalados conforme a los protocolos legales para su integración a la carpeta de investigación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y será presentado en las próximas horas ante un juez de control para la formulación de imputación correspondiente.

En tanto, la víctima —cuya identidad se mantiene bajo reserva— fue resguardada por las autoridades, luego de recibir atención médica y psicológica especializada.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el hecho

La identificación de tres trabajadores mineros localizados en fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa, confirmó el fallecimiento de parte de las víctimas del secuestro ocurrido contra personal del sector minero en la zona serrana.

Las víctimas fueron identificadas como Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Sombrerete, Zacatecas; José Ángel Hernández Vélez, originario de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas; y José Manuel Castañeda Hernández, originario del estado de Guerrero.

El caso se remonta al 23 de enero de 2026, cuando un grupo de trabajadores vinculados a un proyecto minero en Concordia fue privado de la libertad por hombres armados. La mayoría laboraba para la empresa minera canadiense Vizsla Silver, que opera en la región serrana del sur de Sinaloa.

Las primeras investigaciones apuntan a la posible participación de una célula criminal ligada a “Los Chapitos”, mientras autoridades federales y estatales desplegaron operativos de búsqueda con apoyo militar en la zona.

El secuestro ocurrió cuando los trabajadores se encontraban en viviendas cercanas al campamento o se dirigían a iniciar su jornada laboral, en una región donde la minería de metales preciosos es considerada objetivo estratégico para grupos delictivos por su valor económico y logística fija.

Semanas después del secuestro, autoridades localizaron restos humanos y cuerpos en fosas clandestinas en la zona de Concordia, lo que permitió la identificación de tres de las víctimas y mantiene abiertas las labores de búsqueda para ubicar al resto del grupo.

El caso provocó la suspensión temporal de operaciones mineras en el área y reforzó la presencia de fuerzas federales en la región.

“Hoy han transcurrido 14 días desde que la oscuridad se apoderó de nuestras vidas”. Así comienza el pronunciamiento de las familias de los trabajadores desaparecidos en Concordia, un mensaje que no es discurso político ni consigna: es dolor puro, es una súplica convertida en exigencia.

Los hombres que hoy faltan son:

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Manuel Castañeda Hernández

José Antonio Jiménez Nevarez

Francisco Antonio Esparza Yáñez

Jesús Antonio de la O Valdez

José Ángel Hernández Veléz

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Miguel Tapia Rayón

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Pablo Osorio Sánchez

Todos ellos fueron privados de la libertad mientras trabajaban. “Fueron arrancados de nuestros brazos”, escriben hoy las familias, “dejándonos con un vacío que no se puede nombrar”.

Durante estos 14 días, explican, cada hora ha sido un infierno. Cada minuto, cada segundo, una eternidad sin respuestas. Días marcados por el dolor, la incertidumbre, la desesperación y la angustia de no saber si están vivos, si sufren, si alguien los busca con la urgencia que el caso exige.

Las familias insisten en algo que no debería ser necesario aclarar: no eran delincuentes. Eran hijos, esposos, padres, trabajadores, profesionales que se encontraban lejos de casa con un solo objetivo: darle un mejor futuro a sus familias.

“Hoy no hablamos de profesiones”, dicen. “Hablamos de padres que sus hijos esperan, de esposos que sus parejas anhelan, de hijos que sus padres extrañan”. Hablan de personas con un derecho elemental, innegociable: el derecho a la vida y a la libertad.

Mediante un mensaje directo a las autoridades las familias se dirigen al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; a la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo; y a la Fiscalía General de la República.

Exigen resultados y que sus familiares sean recuperados con vida.

“No podemos esperar más. No podemos callar”, advierten. “Exigimos acción inmediata. Exigimos justicia. Exigimos la liberación de nuestros seres queridos”.

Advierten que no se rendirán. No aceptarán la impunidad, no normalizarán la ausencia, no bajarán la voz. “Queremos verdad. Queremos justicia. Queremos paz”.

Y sobre todo, repiten una y otra vez, “queremos a nuestros familiares de vuelta, con vida y en libertad”.