secuestro

Al menos 10 trabajadores de una mina habrían sido secuestrados en el estado de Sinaloa, de acuerdo con reportes realizados por sus familiares, quienes señalaron que los hechos ocurrieron en el lugar donde los empleados se encontraban hospedados.

Según los testimonios, el pasado 23 de enero, los trabajadores fueron sacados de su vivienda, por la fuerza y desde entonces no se tiene información oficial sobre su paradero. El caso se habría registrado en una zona marcada por la violencia, lo que incrementó la preocupación entre las familias.

Los familiares también señalaron que, tras la desaparición, la empresa para la que laboraban no habría emitido una postura pública ni brindado apoyo inmediato, situación que —afirman— complicó las primeras horas de búsqueda y comunicación con las autoridades. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la actuación de la empresa.

Las autoridades no han confirmado públicamente el número total de personas privadas de la libertad ni las circunstancias precisas del hecho, aunque se dio aviso a las instancias correspondientes y se activaron los protocolos de búsqueda.

Buscan a chihuahuense entre los trabajadores secuestrados

Entre los trabajadores desaparecidos se encuentra Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, Chihuahua, de 39 años de edad.

De acuerdo con la ficha difundida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Saúl Alberto fue visto por última vez el 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa, en un punto conocido como La Clementina, y desde entonces se desconoce su paradero.

La autoridad solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para localizarlo. Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser reportada a los números 911, 089 para denuncia anónima, o a través del portal oficial fgewebapps.chihuahua.gob.mx/daFge.

Familiares insistieron en la difusión pública del caso, al tratarse de una desaparición ocurrida en un contexto de violencia, y reiteraron el llamado a no dejar de compartir la información hasta dar con su localización.

Adrián Corona, presidente del Grupo Corona, fue asesinado luego de haber sido privado de la libertad mientras viajaba por carretera en el estado de Jalisco.

De acuerdo con información oficial, el empresario fue interceptado por hombres armados cuando se desplazaba con su familia por una vía cercana al municipio de Atenguillo.

Sus acompañantes fueron liberados en el lugar, mientras que él fue llevado por la fuerza.

Días después, su cuerpo fue localizado con huellas de violencia a un costado de una carretera de la región.

Adrián Corona era un empresario reconocido en la industria del tequila y el mezcal, originario de Tonaya, donde su empresa tenía trayectoria en la producción de destilados de agave.

Las autoridades de Jalisco informaron que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Los cuatro policías municipales que fueron privados de la libertad el lunes 29 de diciembre mientras escoltaban a la alcaldesa de Ojinaga, Lucy Marrufo Acosta, fueron localizados con vida durante la noche del lunes y madrugada del martes, informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la carretera Ojinaga-Aldama, cuando un comando armado interceptó el convoy en el que viajaba la presidenta municipal rumbo a una reunión de seguridad regional en el municipio de Aldama.

Los elementos fueron obligados a bajar de la patrulla, que quedó abandonada con las puertas abiertas a unos tres kilómetros de la caseta de Ojinaga.

Inmediatamente se desplegó un amplio operativo por tierra y aire con elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la FGE.

Horas después, los cuatro policías fueron hallados con vida en un predio conocido como Rancho Largo, en la zona entre Aldama y Chihuahua, o en un terreno similar, según reportes preliminares.

No se han detallado lesiones graves ni las circunstancias exactas de su liberación, y las autoridades mantienen reserva sobre posibles motivos del secuestro.

La alcaldesa Lucy Marrufo se reportó ilesa y fuera de peligro.

La Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, informó que obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de tres presuntos responsables de secuestro agravado en perjuicio de dos víctimas de origen hondureño, a quienes mantuvieron privados de la libertad durante 12 días para obtener un lucro.

Por estos hechos registrados en la ciudad de Chihuahua, fueron detenidos Óscar Amador A. H., Bryan Jairel T. N. y Jazmín Iveth J. P., a quienes les cumplimentaron órdenes de aprehensión obsequiadas por un juez de Control que revisó los antecedentes derivados de las acciones de inteligencia e investigación para el esclarecimiento de los hechos.

La detención se realizó el pasado 13 de diciembre y posteriormente, se les llevó a la Audiencia de Formulación, en donde el juez conocedor de la causa, del Distrito Judicial Morelos, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, se indicó.

Fue en la continuación de la audiencia, el día 18 de diciembre del presente año, cuando el juez dictó el auto de vinculación a proceso en contra de los tres imputados.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la FEOE, los presuntos responsables, en compañía de otros sujetos, privaron de la libertad a las víctimas con identidad reservada, de origen hondureño, con el propósito de obtener un beneficio económico.

Mantuvieron a sus víctimas retenidas contra su voluntad, teniéndolos en cautiverio 12 días aproximadamente, mientras que exigían cantidades en dólares a sus familiares a cambio de su libertad y bajo amenaza de hacerles daño si el pago no se realizaba, según refiere el reporte oficial.

El 9 de diciembre las víctimas lograron escapar y pidieron la ayuda de las autoridades.

El juez de control determinó otorgar cuatro meses para las investigaciones complementarias y debido a que las víctimas son personas en movilidad, es decir, migrantes, en la audiencia de vinculación se llevó a cabo la prueba anticipada (mecanismo excepcional para desahogo de medios probatorios ante el riesgo fundado para las víctimas), se informó.