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secuestro

Jesús Antonio De la O Valdez es uno de los 10 trabajadores mineros desaparecidos el 23 de enero en el municipio de Concordia. Originario de Chihuahua, fue privado de la libertad mientras realizaba labores en una zona minera de Sinaloa, junto con otros compañeros.

Jesús Antonio fue levantado por cumplir con su empleo, por su trabajo profesional, y secuestrado junto con el resto de sus compañeros, un hecho que familiares y amistades subrayan insistentemente.

Bajo la consigna “Nos falta Toño”, amigos y familiares han difundido fotografías y mensajes para reforzar la búsqueda, exigir información clara y mantener comunicación directa con las familias.

En uno de los mensajes más compartidos se lee: “Antonio no estaba haciendo nada malo. Nadie merece desaparecer por trabajar”.

Jesús Antonio no es el único chihuahuense del grupo. También permanece desaparecido Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario de Meoqui, cuya familia mantiene activa su ficha de búsqueda y la exigencia de saber dónde está.

A dos semanas de la desaparición de los trabajadores de la mina, las familias enfrentan la incertidumbre. Aunque se han realizado cateos y se ha procesado una fosa clandestina en la zona, no se ha confirmado oficialmente la identidad de los restos ni el paradero de los mineros.

La exigencia de las familias es clara: saber qué pasó y dónde están.

Un colectivo de personas buscadoras pidió a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa aclarar el presunto hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Concordia, luego de que trascendiera información sin confirmación oficial sobre restos localizados en la zona.

A través de un comunicado dirigido a la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo, familiares de personas desaparecidas y el colectivo Por las Voces Sin Justicia señalaron que la ausencia de información clara ha generado incertidumbre y revictimización entre las familias.

En el documento, los buscadores subrayaron que cada hallazgo representa una posibilidad real de encontrar a sus seres queridos, por lo que demandaron a la autoridad estatal cumplir con su obligación de informar de manera clara, veraz y oportuna, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 20 de la Constitución y en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

De manera puntual, el colectivo solicitó que la Fiscalía informe:

•⁠  ⁠El número de cuerpos o restos localizados.

•⁠  ⁠El estado en que fueron encontrados.

•⁠  ⁠Las acciones forenses y de identificación que se están realizando.

•⁠  ⁠Los mecanismos de comunicación directa con las familias de personas desaparecidas.

El pronunciamiento se emitió tras el reporte del presunto hallazgo de una fosa en la comunidad de El Verde, donde autoridades han realizado diligencias relacionadas con investigaciones por desaparición.

El comunicado cierra con un mensaje directo a la autoridad: no buscan confrontación, sino respuestas, verdad y justicia, y exigieron que se respeten los derechos de las familias a la información y a un trato digno.

Autoridades federales y estatales desplegaron a más de mil efectivos en el municipio de Concordia, en Sinaloa como parte de un operativo de búsqueda tras el secuestro de 10 trabajadores de una mina ocurrido en la región.

El dispositivo incluye 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 integrantes de Fuerzas Especiales, 100 efectivos de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales, con apoyo aéreo y terrestre para peinar zonas serranas, caminos rurales y rutas cercanas a los complejos mineros donde ocurrieron los hechos.

Entre las personas privadas de la libertad se encuentra un ingeniero originario del estado de Chihuahua, lo que ha generado preocupación entre familiares y en el sector minero, al tratarse de personal especializado que laboraba en operaciones de extracción en la zona.

De acuerdo con los reportes, los trabajadores fueron interceptados en un área vinculada a actividades mineras, lo que llevó a las autoridades a reforzar la búsqueda en puntos estratégicos del sur de Sinaloa y en accesos a comunidades serranas.

Los desaparecidos son:

Saúl Alberto Ochoa Pérez

José Antonio Jiménez Nevárez

Pablo Osorio Sánchez

Ignacio Salazar

José Castañeda

Antonio Esparza

Javier Vargas

Javier Valdez

Antonio Jiménez

Antonio de la O

La Fiscalía de Distrito Zona Centro logró la vinculación a proceso de María Elena S. G., acusada del delito de sustracción y retención de menores o personas que no pueden comprender el hecho, en agravio de su propio nieto.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 24 de noviembre de 2025, la imputada —abuela paterna del menor— sustrajo al joven de las instalaciones del Club Altozano, en la ciudad de Chihuahua, con la ayuda de terceros y sin contar con el consentimiento de la madre, quien ejerce la guarda y custodia exclusiva del menor.

La denuncia fue presentada por la madre el 12 de diciembre de 2025 ante la autoridad ministerial. Las indagatorias revelaron que María Elena S. G. se aprovechó de la discapacidad neurológica que padece su nieto para trasladarlo a la Ciudad de México, sin autorización alguna de la progenitora.

El 29 de enero de 2026, la imputada fue citada a audiencia inicial, donde se le formuló imputación por el delito señalado. En la continuación de la audiencia, realizada este miércoles, el juez de Control del Distrito Judicial Morelos resolvió su situación jurídica.

Como medidas cautelares, se le impuso la prohibición de salir del estado de Chihuahua, la obligación de firmar quincenalmente ante la autoridad y la restricción de acercarse al domicilio de las víctimas (la madre y el menor).

El juez fijó un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará recabando elementos para fortalecer la acusación.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia fue la encargada de llevar el caso, acreditando la probable responsabilidad de la imputada con base en pruebas testimoniales, documentales y periciales.

Este caso pone de manifiesto la importancia de respetar las resoluciones judiciales en materia de guarda y custodia, especialmente cuando involucran a personas con discapacidad que requieren protección especial.

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