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TEE

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua votó por unanimidad que la impugnación presentada por la diputada de Morena, América García Soto, en contra de su compañera de bancada Adriana Terrazas, sobre su designación como presidenta del Congreso del Estado son actos de organización del Congreso del Estado, por lo que son ajenos a la materia electoral. 

“El proyecto propone declarar la falta de competencia material, dado que la materia de lo que se planteó en la impugnación no es revisable bajo la tutela electoral, por corresponder al derecho parlamentario, en virtud, que se relaciona con cuestiones de organización interior del Congreso del Estado”, expresó la abogada del TEE, Eva López Altamirano, quien dio lectura al proyecto de resolución. 

Lo anterior, dijo, tomando como base la línea jurisprudencial sobre el control jurisdiccional de actos parlamentarios emitida por la Sala Superior, la cual ha señalado que “los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario como los concernientes a la actuación y organización interna de los órganos del partido, ya sea por la actividad individual de sus miembros o por la que desarrollan en conjunto a través de las fracciones parlamentarias, son ajenos a la materia electoral”. 

Además, reiteró que la Junta de Coordinación Parlamentaria es el órgano encargado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno, esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

“El artículo 33 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, establece que la Mesa Directiva es el órgano encargado de dirigir los trabajos del Congreso durante los periodos ordinarios, extraordinarios y en los recesos del Pleno que se den durante el año de su Ejercicio”, argumentó.

Por lo tanto, “en modo alguno repercute en derechos de índole electoral, por lo tanto es que este Tribunal carece de competencia material en el juicio promovido por la actora, pues se advierte que no se compromete la afectación de sus derechos político-electorales”, dijo la representante del TEE. 

Acto posterior, la magistrada presidenta Roxana García Moreno sometió a consideración el proyecto de resolución del expediente JDC51/2023, proceso en el que no hubo ninguna intervención, por lo que se consideró “suficientemente discutido” y quedó aprobado por unanimidad con los votos de García Moreno y los magistrados Hugo Molina Martínez y Gabriel Sepúlveda Ramírez.

Esteban Barrios, abogado de la comunidad LeBarón durante la audiencia del juicio JDC498-2021, para declarar a la comunidad con autogobierno similar a una comunidad indígena, comentó que existe un trato diferenciado al negarle la intervención a su antropóloga particular en la audiencia. 

El abogado dijo que desde febrero del año en curso se informó de la contribución de la antropóloga particular, sin embargo, ahora no se permitió su participación en la audiencia, por lo que pidió que quedara asentado. 

En este sentido, magistrada presidenta, Roxana García Morenas le respondió que las personas autorizadas asentadas en audiencia por las partes este mismo año en audiencia, son dos personas, una de ellas el propio abogado quienes tienen voz, y a través de las cuales la antropóloga puede cuestionar en la audiencia. 

Por otro lado, el abogado dijo que entre las imprecisiones del dictamen del INAH cuestionó la declarativa de certeza de derechos para ser una comunidad equiparable, qué entienden por minoría migratoria o religiosa, y en qué se basaron para decir que es una comunidad dominante o colonizadora. 

“Me gustaría saber si ustedes como equipo lograron establecer alguna definición sobre lo que se refería el concepto equiparable, y si consideran que esta comunidad cumple con esos parámetros o no lo manejaron, ni pretenden manejarlo”, preguntó a los antropólogos. 

Por su parte, los integrantes del INAH respondieron que de las 11 preguntas que se solicitaron al Tribunal, no hubo preguntas específicas, como categoría “equiparable”, datos demográficos específicos y que lo informado en el dictamen es producto de la biografía, entrevistas y declaraciones de los mismos integrantes de la comunidad. 

“No fue algo que se haya trabajado para tener una respuesta, se mencionó desde el inicio que se iba a trabajar y reflexionar exclusivamente en las preguntas del TEE”, reiteró el INAH. 

Durante la intervención del abogado en la audiencia, la magistrada presidenta llamó en varias ocasiones al representante a acotar sus preguntas, y le recordó que todo lo dicho quedará en la versión estenográfica de la audiencia.

Tras la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, se mantienen abiertos cuatro procesos de revocación de mandato de cuatro servidores públicos electos de manera popular, informó el Instituto Estatal Electoral. 

Estos mecanismos son para los Ayuntamientos de Gómez Farías, Juárez y Praxedis G. Guerrero, así como la diputación del Distrito Local 10. 

El proceso se encuentra en la fase de respaldo ciudadano, quienes a través de una aplicación móvil del IEE, respaldan la solicitud de revocación y que el organismo pueda declarar procedente o no cada uno de los mecanismos. 

Para respaldar la solicitud de revocación de mandato de la presidencia municipal de Gómez Farías se requieren mil 101 firmas, antes del 27 de agosto del año en curso. 

De la presidencia municipal de Juárez y Praxedis G. Guerrero, se requieren 58 mil 026 firmas y 880 firmas, respectivamente. Mientras que para la revocación de la diputación local del Distrito 10 se solicitan 10 mil 349, todas con fecha límite del 4 de octubre del 2023. 

Una vez que se completen las firmas, el IEE revisa si se declara procedente y una vez aceptado el trámite, el Consejo Estatal del IEE será el encargado de emitir el acuerdo con las fechas y términos del proceso de cada una de las solicitudes.

Representantes de organismos del INE, IEE y TEE defendieron la existencia de ese tipo de organismos de manera permanente, condición que está en duda tras la aprobación del paquete de reformas al sistema electoral del país.

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz Mora, afirmó que dicho organismo tiene trabajo cada vez que se celebra un proceso electoral en el país.

“Cuando me preguntan qué hace el INE cuando no hay elecciones, y les pregunto, ¿y cuándo no hay elecciones?”, cuestionó el magistrado, quien estuvo en Chihuahua para dictar la conferencia sobre los resultados de la encuesta “Informe País 2020”.

Al desglosar los datos que arrojó esa encuesta, mencionó que las fuerzas armadas, incluidos en este concepto el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, tienen el mayor grado de confianza entre la población, y solo debajo de ellos está el INE.

El grado de confianza que tiene el órgano electoral está por encima del que recibió el presidente de la República, agregó.

A su vez, la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, señaló que la democracia no se limita a elegir autoridades, sino a fomentar la participación de la sociedad en decisiones de interés público.

“La democracia no se circunscribe a tener elecciones libres y justas, sino que se debe involucrar a la sociedad”, dijo la consejera presidenta del IEE, en su oportunidad en el uso de la palabra.

Para tal efecto, organismos como el IEE y el INE son fundamentales para fomentar la democracia participativa, un concepto que está más allá de la democracia representativa, agregó.

Por su parte, Hugo Molina Martínez, magistrado del Tribunal Estatal Electoral (TEE), detalló durante la conferencia que dicho órgano resuelve más del 80 por ciento de los conflictos electorales.

El restante 20 por ciento lo juzga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero en esa instancia, el 95.5 por ciento de los casos confirman la sentencia que había dado el TEE.

Los conflictos, dijo, “los resolvemos y los justiciables se quedan en paz, contentos, obviamente, los que perdieron no”.

Respecto a qué hace el TEE cuando no hay elecciones, señaló que fomentar la cultura cívica, “que es una tarea ardua, compleja”, concluyó.

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