Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos permitió que Texas reactive la controvertida ley SB4, que autoriza a policías estatales y locales a detener a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera.
La decisión fue tomada por el Quinto Circuito de Apelaciones, que revocó una orden judicial previa que mantenía congelada la aplicación de la ley desde 2024, lo que abre la puerta para que entre en vigor en el estado, informaron medios texanos.
Ley permite arrestos y expulsiones
La SB4, aprobada en 2023, convierte el cruce irregular en un delito estatal y faculta a las autoridades de Texas para arrestar, procesar y llevar ante jueces a migrantes, quienes incluso podrían ser obligados a salir del país como parte de su proceso legal, señalaron.
Además, contempla sanciones que pueden escalar dependiendo del caso, en un esquema que busca replicar —desde el ámbito estatal— funciones que tradicionalmente corresponden al gobierno federal, agregaron.
Explicaron que el fallo no determina si la ley es constitucional. En cambio, los jueces concluyeron que los grupos que impugnaron la norma no tenían la legitimación legal suficiente para mantener la demanda, por lo que el caso deberá continuar en instancias inferiores.
Esto significa que la ley puede aplicarse por ahora, pero sigue bajo disputa jurídica, en medio de advertencias de que podría violar la autoridad exclusiva del gobierno federal en materia migratoria, puntualizaron.
Choque entre Texas y el Gobierno federal
La SB4 forma parte de la estrategia del gobierno de Texas para endurecer el control fronterizo, en un contexto de desacuerdos con la política migratoria federal, dijeron.
Mientras, agfregaron, autoridades estatales celebraron la decisión como una victoria en materia de seguridad, organizaciones civiles y algunos jueces advirtieron que la ley podría crear un sistema migratorio paralelo y vulnerar derechos.
La reactivación de esta ley podría tener efectos inmediatos en la región fronteriza, incluida la zona de Ciudad Juárez–El Paso, al permitir detenciones directas por parte de policías locales.
El caso se perfila como uno de los conflictos legales más relevantes en materia migratoria en Estados Unidos, con implicaciones políticas, jurídicas y diplomáticas que aún están en desarrollo.
