La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miriam Hernández Acosta, advirtió que el 28 de enero próximo, dejará de existir el Poder Judicial del Estado, al menos como se le ha conocido en los últimos 200 años.
Tras anunciar que no participará en el proceso de elección de jueces y magistrados que se celebrará este mismo año, y que declinará a participar en la próxima sesión del TSJ, Hernández Acosta aseguró que todo el sistema de justicia del estado –y del país– entrará en una severa crisis ante el vacío que causará la entrada en vigor de la Reforma Judicial aprobada en el 2024.
Mencionó, como un hecho “muy importante”, el que las personas que vienen, no conocen la operación de cada una de las oficinas administrativas, ni de las jurisdiccionales.
“Icluso entre nosotros mismos es complicado salir de un juzgado y entrar a una sala, porque la operación administrativa es compleja”, dijo.
Entonces, agregó, el adaptarse a ese cambio será muy difícil, porque saber la administración y los procesos internos lleva su tiempo.
Agregó que para una persona que llega de fuera del Poder Judicial, será un proceso de aprendizaje mucho más largo, lo cual representará un costo social y de justicia para toda la sociedad.
Nos costará, añadió, en el tiempo que tarden las resoluciones y en el rezago judicial que se va a acumular.
Comentó el caso del cambio de la figura de la prisión preventiva oficiosa, ante la cual, se podría incurrir en excesos y exageraciones por la falta de experiencia de los nuevos juzgadores.
“Vamos a ver qué salió, es desconocimiento, vamos a hablar de infancias, vamos a hablar de adolescencias, vamos a hablar de perspectiva de género, vamos a hablar de muchas cosas, de muchos errores y de muchas dolencias y de muchas carencias que seguramente se van a regularizar en el camino”, señaló.
“Pero que ese paso del tiempo nos va a costar resoluciones muy dolorosas y muy desafortunadas”, concluyó.
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