Una comitiva de despedidos de la Delegación Regional de Bienestar en Chihuahua acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y al Congreso del Estado para hacer llegar oficios donde expresan su situación respecto a los despidos injustificados y la toma de las instalaciones.
“Tenemos seis días durmiendo a las afueras de las instalaciones de Bienestar; el primero de julio se nos corrió por medio de una llamada telefónica. No hemos tenido acercamiento de ninguna autoridad”, dijo Martha Álvarez, exempleada afectada.
Los afectados acudieron a la CEDH para entregar un oficio y asesorarse en cuanto a las acciones a tomar si siguen sin atenderlos. La respuesta que recibieron fue que la situación se puede hacer llegar a instancias federales.
En Congreso del Estado fueron recibidos por la asesora de la presidenta, Adriana Terrazas, quien les aseguró que se podría concretar una cita con la diputada para discutir el caso, aun cuando no cuentan con esas facultades, indicó Martha Alvárez.
Añadió que por medio de una reunión Zoom, Juan Carlos Loera, Delegado de Bienestar en Chihuahua, les dijo que se encontraba “impedido”, es decir, no podía ayudarles a que se les resolviera la situación.
“Nos ofrece una reunión, pero si él se declara impedido, lo veo innecesario, no creo que nos pueda ayudar ya que según él no le notificaron los despidos”, enfatizó representante de los empleados despedidos.
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