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CHIHUAHUA, Chih. – La Fiscalía de Distrito Zona Centro imputó a Anallely Sarahí B. V. por los delitos de violencia familiar, violación y contra la intimidad, en agravio de un hombre que era su expareja sentimental, hechos registrados en la capital del estado.

Según la investigación ministerial, la imputada mantuvo retenida emocional y físicamente a su expareja durante meses, obligándolo a continuar una relación que él quería terminar.

Conforme al reporte oficial, Anallely Sarahí lo amenazó constantemente con difundir videos de contenido íntimo entre sus familiares, compañeros de trabajo y amigos, al mismo tiempo que lo agredía físicamente de forma reiterada.

La víctima decidió romper el silencio y presentar denuncia formal.

Las pruebas recabadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual fueron suficientes para que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos otorgara la orden de aprehensión en la causa penal 4817/2025.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), especializados en órdenes de aprehensión, localizaron y detuvieron a la imputada en Saltillo, Coahuila.

Fue trasladada a Chihuahua, donde el miércoles pasado compareció en audiencia inicial.

El juez de Control impuso medidas cautelares que prohíben a Anallely Sarahí B. V. acercarse a la víctima o a su círculo familiar y social.

La Fiscalía reiteró su compromiso con las víctimas de violencia familiar, delitos sexuales y ataques a la intimidad, e hizo un llamado a denunciar estos hechos para ser atendidos con rapidez y apego a la ley.

El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para castigar con prisión las llamadas falsas o de broma al número de emergencias 9-1-1, tras una iniciativa impulsada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, y analizada en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.

La modificación adiciona el Artículo 307 Bis, que sanciona a quien, de manera intencional, realice una llamada falsa o comunique un aviso inexistente que provoque la movilización de servicios de seguridad, emergencia médica, Protección Civil o rescate.

La pena base es de seis a doce meses de prisión y multa de 100 a 400 UMAs.

Las sanciones pueden aumentar hasta en una mitad la prisión y hasta en una tercera parte la multa si la llamada genera movilización efectiva de corporaciones o causa daños, lesiones o perjuicios.

El juez evaluará factores como reincidencia, número de reportes falsos y magnitud de recursos movilizados.

La reforma aclara que no se aplicará sanción penal si la llamada falsa deriva de un error de apreciación sin dolo, conforme a las excluyentes de responsabilidad del Código Penal.

La diputada Nancy Frías, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, explicó que cada reporte falso ocupa líneas y recursos, retrasando la atención a emergencias reales.

Los operadores deben tratar todo aviso como genuino hasta verificar lo contrario, lo que puede implicar el despliegue de ambulancias, patrullas, bomberos o rescate, dejando zonas sin cobertura temporal.

En 2025, el sistema 9-1-1 en Chihuahua recibió 2 millones 454 mil 268 llamadas, de las cuales 65.30% fueron improcedentes, según datos oficiales.

Esta saturación distrae recursos destinados a incidentes legítimos y representa un riesgo para la seguridad pública.

Con la reforma se busca promover un uso responsable del servicio y priorizar la atención oportuna a quienes realmente la requieren. La medida se alinea con disposiciones similares en otros estados del país.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, dio a conocer los resultados operativos del mes de febrero de 2026.

En ese periodo, la dependencia recibió a disposición a 96 personas por diversos delitos e inició 209 carpetas de investigación: 62 con detenido y 147 sin detenido. Se judicializaron 87 carpetas (57 con detenido y 30 sin detenido).

Durante el proceso penal se logró la vinculación a proceso de 118 personas y se obtuvieron sentencias condenatorias contra 90 personas, de las cuales 60 se resolvieron por procedimiento abreviado y cinco mediante juicio oral.

La FGR reportó 100% de efectividad en sentencias y 98% en audiencias de vinculación a proceso contra detenidos.

En aseguramientos derivados de acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno se decomisaron 51 armas cortas, 51 armas largas, 14 mil 190 cartuchos, 357 cargadores, 33 mil 816 litros de hidrocarburo, un millón 100 mil pesos y 20 mil dólares.

En materia de narcóticos, la FECOR aseguró 30 kilos 546 gramos de marihuana, 24 kilos 831 gramos de metanfetamina, 80 gramos de cocaína, 20 plantas de amapola y 55 unidades de psicotrópicos.

Además, se realizó un evento de incineración en la capital del estado donde se destruyeron 640 kilos 709 gramos 510 miligramos de narcóticos y tres mil 191 unidades de psicotrópicos.

La Policía Federal Ministerial cumplimentó 306 mandamientos ministeriales (incluyendo investigaciones y traslados), ejecutó 38 órdenes de aprehensión y llevó a cabo un cateo.

Se concretaron tres acuerdos reparatorios en mecanismos alternativos de solución de controversias, con recuperación de 759 mil 989 pesos para reparación del daño a víctimas.

Finalmente, la Ventanilla Única atendió a mil 957 ciudadanos que solicitaron servicios en la sede y subsedes federales del estado.

Estos datos corresponden al balance oficial presentado por la FGR para Chihuahua en febrero de 2026.

CHIHUAHUA, Chih. –El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, anunció en rueda de prensa la designación de Adalberto Oros Salido como nuevo titular de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, con sede en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

La designación fue realizada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, indicó Jáuregui Moreno.

El fiscal general destacó que el nuevo titular del Distrito Zona Noroeste cuenta con amplia experiencia en el ámbito del derecho penal.

De 1988 a 1999 laboró en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; de 2000 a 2014 se desempeñó como agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de la República en diversos estados del país.

Posteriormente, de 2015 a 2023 fungió como fiscal revisor de Chihuahua en la Fiscalía General de la República.

Desde 2023 hasta la fecha ocupaba la Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Jáuregui Moreno destacó que Oros Salido es licenciado en Derecho y posee una maestría en Derecho Procesal Penal en el Sistema Penal Acusatorio, cursada entre 2016 y 2018 en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal.

Agregó que su trayectoria le proporciona conocimiento detallado del contexto estatal y regional, particularmente por su rol reciente en el análisis y estadística criminal.

Por su parte, Adalberto Oros Salido indicó que recibió instrucciones directas de la gobernadora y del fiscal general para mantener un acercamiento constante con la ciudadanía y operar con una dependencia de puertas abiertas.

Entre sus objetivos mencionó analizar y dar atención prioritaria a los casos en trámite, velar por los derechos de las víctimas, acompañarlas, orientarlas e informarles de manera transparente sobre el avance de las investigaciones.

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