Archives for marzo 2026

nas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social Estatal (Cereso) 1 a la antigua Penitenciaría del Estado, catalogado como el Cereso 2.

La movilización forma parte de las acciones para fortalecer la organización y operatividad del sistema penitenciario, informó la SSPE.

Realiza SSPE revisión extraordinaria en Cereso Femenil No. 1

El operativo contó con el resguardo de 31 elementos de seguridad, quienes garantizaron el traslado ordenado y seguro de las personas trasladadas.

El traslado voluntario de personas privadas de la libertad permite equilibrar la capacidad instalada entre los distintos Ceresos, reducir riesgos asociados al hacinamiento, mejorar la gobernabilidad interna y optimizar la prestación de servicios esenciales como salud, educación, trabajo y programas de reinserción.

La SSPE informó que la movilización se realizó sin incidentes, reafirmando el compromiso de la institución con el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad y con el fortalecimiento de las condiciones para su proceso de reinserción social.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) presentó una denuncia penal contra exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado en el gobierno de Javier Corral que encubrieron actos de corrupción cometidos presuntamente por testigos protegidos.

El monto total de los recursos públicos desviados por esos servidores públicos asciende a 171 millones 472 mil 766 pesos, mismos que ya no se podrán recuperar, debido a que los encargados de dar seguimiento a esas causas penales las dejaron prescribir.

Los exfuncionarios señalados como presuntos autores del desvío laboraron en el Gobierno del Estado durante el mandato de César Duarte, entre el 2010 y el 2016, pero luego fueron testigos protegidos que coadyuvaron en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, en la administración de Javier Corral, entre el 2016 y el 2021.

El titular de la FACH, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que quienes omitieron dar curso a esas carpetas de investigación habrían cometido diversos delitos, entre ellos, el de Encubrimiento por Favorecimiento.

Las denuncias que se dejaron sin seguimiento datan de los años 2018 y 2020, las cuales permanecieron excesivamente inactivas, lo que derivó en que la acción penal prescribiera con el paso del tiempo, explicó Valenzuela.

Esa omisión ocurrió pese a que los montos de las irregularidades detectadas ascienden a cantidades millonarias de recursos públicos e involucraban a servidores de primer y segundo nivel de dicha dependencia.

Ante esa situación, el fiscal anticorrupción señaló que la FGE debe investigar si existieron responsabilidades por la negligencia de las personas encargadas de investigarlos en su momento.

La otra posibilidad, agregó, es que hubiesen existido actos deliberados para fomentar la impunidad de “una persona”, dijo, presumiblemente, les sirvió para dar declaraciones judiciales en contra de servidores públicos en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.

Agregó que se debe esclarecer por qué no se dio seguimiento a las 23 carpetas de investigación relacionadas con los desvíos multimillonarios antes mencionados, ante lo cual, cuestionó si la “Operación Justicia para Chihuahua” fue selectiva.

“La omisión también es corrupción”, señaló Valenzuela, quien consideró que la sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió con estas denuncias y fundamentalmente, a la reparación del daño, que es solo ahí donde se hace justicia.

Ciudad de México – El pleno de la Cámara de Diputados rechazó este miércoles la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al no alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

La propuesta, que incluía cambios profundos al financiamiento de partidos, al sistema de plurinominales y al gasto electoral, obtuvo solo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, lejos de los 334 necesarios.

La votación se llevó a cabo tras una sesión de poco más de dos horas en la que solo intervinieron los coordinadores parlamentarios para evitar mayor confrontación.

Morena aportó la totalidad de sus 253 votos a favor, pero no logró sumar el respaldo suficiente de sus aliados tradicionales: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra, al igual que la oposición integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El proyecto, que modificaba 11 artículos constitucionales, buscaba reducir en 25% el presupuesto público para partidos políticos y organismos electorales, eliminar las listas plurinominales definidas por las dirigencias partidistas (para que los 200 diputados de representación proporcional se elijan directamente por voto ciudadano), disminuir 32 escaños plurinominales en el Senado y regular aspectos como el uso de inteligencia artificial en campañas y los tiempos en radio y televisión.

A pesar de haber avanzado en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral con 45 votos a favor (solo de Morena) y 39 en contra, el dictamen naufragó en el pleno debido a la fractura en la alianza oficialista.

El PT y el PVEM argumentaron que la reducción presupuestal afectaría gravemente su operatividad y el equilibrio democrático, mientras la oposición la calificó como un intento de concentrar poder en el partido gobernante y debilitar instituciones electorales.

Tras el resultado, el coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, anunció que se elaborará un Plan B para avanzar en algunos objetivos mediante reformas a leyes secundarias (como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos), sin necesidad de mayoría calificada.

Entre los temas que podrían impulsarse por esta vía figuran la regulación del PREP, mayor fiscalización de recursos, incentivos al voto en el extranjero y ajustes en tiempos de campaña.

La presidenta Sheinbaum había advertido previamente que contaba con un plan alternativo en caso de rechazo, aunque enfatizó que la iniciativa constitucional cumplía con un compromiso asumido.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indican que se priorizarán cambios viables de inmediato, como la preparación para la revocación de mandato en 2027 y la elección de jueces en 2028, sin tocar aspectos que requieren enmienda constitucional.

Con este revés, la reforma electoral de Sheinbaum se convierte en el primer proyecto constitucional del actual sexenio que no prospera en el Congreso, evidenciando tensiones internas en la coalición gobernante y la dificultad para lograr consensos amplios en temas sensibles.

El dictamen fue desechado definitivamente y no podrá presentarse de nuevo en el mismo periodo legislativo.

El auditor superior del estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, afirmó que existe disposición de los órganos de fiscalización estatales para trabajar con el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, designado por la Cámara de Diputados.

Acosta Félix destacó que el nombramiento del nuevo auditor federal se haya concretado con el respaldo de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso, lo que —dijo— puede favorecer una nueva etapa de coordinación entre la federación y los estados.

En ese contexto, adelantó que junto con titulares de organismos de fiscalización estatales buscarán solicitar una reunión con Hernández Palacios para retomar los mecanismos de colaboración entre la ASF y las entidades.

El auditor estatal consideró que el relevo al frente del órgano federal de fiscalización abre la posibilidad de superar la etapa encabezada por David Colmenares Páramo, a quien atribuyó el debilitamiento del sistema nacional de fiscalización durante los últimos años.

“Es una nueva etapa que esperemos supere el paréntesis que hubo durante estos ocho años del auditor Colmenares, quien hizo todo lo posible para que el sistema nacional de fiscalización nunca operara en los hechos”, expresó.

Acosta Félix sostuvo que Hernández Palacios llega al cargo con un perfil preparado y con el respaldo del Congreso, además de la disposición de los auditores estatales para fortalecer el trabajo conjunto en la revisión del gasto público.