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La gobernadora María Eugenia Campos Galván informó que la Fiscalía General del Estado alista un informe detallado sobre la presencia de agentes de EU en Chihuahua, el cual será entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el contexto de la controversia generada tras el accidente en el que murieron cuatro elementos.

Al pronunciar su discurso ante empresarios del sector minero, la mandataria estatal anunció que ya solicitó una reunión con la presidenta para abordar este tema, luego de los cuestionamientos surgidos a nivel federal.

Durante su intervención, expresó su reconocimiento a las fuerzas armadas y a las corporaciones estatales por su trabajo coordinado, y externó su solidaridad y apoyo a las familias de los fallecidos.

Asimismo, reiteró que la Fiscalía General del Estado ya trabaja en un reporte más detallado sobre el caso.

La gobernadora se manifestó por primera vez, de manera pública, acerca del suceso ocurrido el sábado 18 de abril, donde dos efectivos de la Fiscalía General del Estado y dos agentes estadounidenses perdieron la vida en un accidente automovilístico.

El percance, según la versión oficial, sucedió cuando el vehículo en el que viajaban cayó en una barranca y posteriormente se incendió.

El hecho motivó una controversia entre los gobiernos estatal y federal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera desconocer la operación de agentes extranjeros en acciones de seguridad pública y sugiriera que pudiera haber una posible violación a la ley.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha sostenido que los agentes extranjeros no participaron en el operativo de desmantelamiento de un megalaboratorio de drogas sintéticas que previamente se había detectado en la sierra de Chihuahua.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la participación de agentes extranjeros pudo haber violado la Constitución Política y la Ley de Seguirdad Nacional Nacional del país, si se confrima que tuvieron participación en el operativo de desamantelamiento de dos laboratorios clandestinos en la sierra de Chihuahua el sábado pasado.

Por tercer día consecutivo, la jefa del Ejecutivo Federal se refirió al operativo de seguridad en Chihuahua al que calificó como de un asunto de “seguridad nacional y soberanía”, y confirmó que su gobierno ya busca establecer comunicación con la gobernadora María Eugenia Campos Galván para esclarecer los hechos.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a entablar diálogo con la titular del Ejecutivo estatal.

“Le pedí a Rosa Icela y a Omar que platicaran con ella; también vamos a buscarla. Siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, señaló.

Sheinbaum subrayó que el tema no es menor, luego de que se confirmara que personas extranjeras, adscritas a una agencia del gobierno de Estados Unidos, participaron en actividades relacionadas con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la entidad.

La presidenta indicó que, incluso, las Fuerzas Armadas desconocían la presencia de estos agentes en el operativo. “Evidentemente, la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos ni parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó que cualquier tipo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad debe canalizarse exclusivamente a través del gobierno federal y, en particular, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, subrayó que los gobiernos de los estados no tienen facultades para establecer acuerdos en materia de seguridad con el extranjero. Acaso, dijo, en materia cultural o educativo, pero no de Seguridad Nacional.

“No aceptamos la participación en campo de agentes extranjeros en operativos. Eso lo hemos dejado muy claro al gobierno de Estados Unidos. La cooperación existe, pero bajo otros mecanismos y siempre a petición del Gobierno de México”, puntualizó.

Asimismo, reveló que la SRE ya envió una comunicación formal al embajador de Estados Unidos en México para solicitar información detallada sobre la participación de estos agentes, al considerar que los hechos no se apegan a los protocolos de colaboración bilateral.

“Es muy importante que queden claros los protocolos. No puede haber colaboración directa de un gobierno estatal con agencias extranjeras en materia de seguridad; eso corresponde al gobierno federal”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta reiteró que se trata de un tema que debe aclararse a fondo, al implicar posibles violaciones a los acuerdos de cooperación y a la normatividad vigente en el país.

El Congreso del Estado exhortó a los ayuntamientos a coordinarse con el Ejecutivo estatal a realizar todas las acciones necesarias para reubicar a las ladrilleras de las ciudades principales del estado, de modo que queden instaladas al menos a un kilómetro de distancia de zonas habitacionales.

El llamado incluye a la Secretaría de Hacienda, así como a las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología, de Desarrollo Humano y Bien Común, y de Salud, para que, en conjunto con los municipios, diseñen e implementen un esquema integral de estímulos económicos, acompañamiento técnico y capacitación.

La intención es facilitar la reubicación y reconversión productiva de aquellas ladrilleras que actualmente operan fuera de la normatividad vigente, sin afectar el sustento de las familias que dependen de esta actividad.

Durante la presentación del punto de acuerdo en tribuna, la diputada Jael Argüelles Díaz (Morena) señaló que la propuesta busca equilibrar la actividad económica de quienes se dedican a la producción de ladrillo con la necesidad de garantizar un entorno saludable.

“Se trata de conciliar la realidad de las familias chihuahuenses que se dedican a esta labor con un entorno sustentable, reconociendo su importancia económica y social, pero estableciendo condiciones que permitan su desarrollo sin afectar de manera desproporcionada a terceros”, expresó.

La legisladora advirtió que la calidad del aire en el estado, particularmente en Ciudad Juárez, representa uno de los principales retos en materia ambiental y de salud pública. Entre los factores que inciden en esta problemática, mencionó las emisiones provenientes de ladrilleras tradicionales que, en muchos casos, operan sin controles ambientales adecuados ni criterios de ubicación territorial.

Argüelles Díaz afirmó que esta situación ha derivado en afectaciones directas a la salud de habitantes que viven cerca de estos centros de producción. “Hemos constatado, en recorridos en sitio, síntomas de afecciones respiratorias, en la piel y en los ojos, tanto en niñas, niños y adolescentes como en personas adultas, además de la presencia constante de contaminantes en viviendas y espacios públicos”, señaló.

El Congreso destacó que este punto de acuerdo surge a partir de las demandas y la participación de la ciudadanía organizada, que ha insistido en la necesidad de atender los impactos ambientales y sanitarios asociados a esta actividad.

Los cuerpos de los ciudadanos estadounidenses identificados extraoficialmente como John Dudley Black y Richard Leiter Johnston, agentes de la CIA, quienes murieron en un accidente ocurrido en la Sierra de Chihuahua, tras un operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio el pasado fin de semana, ya fueron entregados a personal del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Ambos formaban parte del grupo que viajaba junto al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, cuando el vehículo en el que se trasladaban cayó a un barranco.

De acuerdo con información extraoficial, los cuerpos de los dos estadounidenses fueron trasladados a Ciudad Juárez, donde quedaron bajo resguardo y posteriormente puestos a disposición de autoridades consulares de Estados Unidos destacamentados en esta frontera.

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