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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se congratuló de no haber ido al Senado de la República a comparecer por el caso de los agentes de la CIA que operaban en la entidad, tras conocer que uno de los legisladores que pedían su presencia en la Cámara Alta es uno de los señalados por el Gobierno de los Estados Unidos como presuntos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Cuestionada acerca de la acusación del Gobierno estadounidense en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y del senador Enrique Inzunza de forma parte de la red de complicades con el cártel de Los Chapitos, Campos Galván respondió que por eso no acudió a la comparecencia.

“Ya ves cómo iba a ir yo a comparecer al Senado”, respondió, mientras simulaba las comillas con los dedos índices de sus manos. “Quienes iban a hacer comparecer a la gobernadora. Pues están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos. Vamos dándonos cuenta quién es quién”, sostuvo.

Las declaraciones de Campos Galván se dan luego de que autoridades de Estados Unidos hicieran pública una acusación formal contra funcionarios y políticos de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sobre el particular, dijo que no tenía conocimiento previo de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra políticos sinaloenses, entre ellos un senador que recientemente había solicitado su comparecencia ante el Congreso.

Campos Galván explicó que su agenda reciente estuvo enfocada en la inauguración de un centro neurobiológico en Ciudad Cuauhtémoc, dedicado a atender a niños y jóvenes bajo tutela del DIF estatal que presentan afectaciones derivadas de la violencia.

“Fuimos justamente a inaugurar un centro neurobiológico para niños tutelados del DIF que tienen, desgraciadamente, daños neurológicos por la violencia del crimen organizado”, señaló.

En ese contexto, vinculó los efectos del narcotráfico con el impacto social en las familias y en la salud mental de menores de edad.

“Estas son las cosas que provoca el crimen organizado con la venta de drogas. Por eso reitero nuestro embate para que las adicciones sean un tema de cuidado en las familias, en los abuelos, y no dejemos que nuestros hijos se acerquen”, expresó.

CULIACÁN, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió este miércoles un comunicado en el que refrenda su postura institucional de apego a la legalidad y el respeto al debido proceso, tras las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses contra varios servidores públicos mexicanos, entre ellos Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal General del Estado.

En el documento, la institución sinaloense subraya que cualquier solicitud relacionada con estos señalamientos debe tramitarse estrictamente conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.

Agrega que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar los elementos de prueba y determinar la procedencia legal de eventuales solicitudes de detención o extradición.

Contexto de las acusaciones

Este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación formal ante un tribunal federal en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al menos otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios.

A Dámaso Castro Zaavedra se le señala por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos” (facción del Cártel de Sinaloa), a quienes supuestamente habría brindado protección a cambio de sobornos.

Las autoridades estadounidenses alegan que los acusados habrían colaborado para facilitar el trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y otras drogas hacia territorio norteamericano, y que elementos de corporaciones policiales estatales y municipales habrían protegido cargamentos y operaciones del cártel.

Tras la imputación, el gobierno mexicano confirmó haber recibido una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

Postura de la Fiscalía de Sinaloa

La FGE enfatizó que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada culpable sino hasta que una autoridad judicial competente emita una resolución en firme.

“Toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional”, señala el comunicado.

La institución reiteró su compromiso con la objetividad, la legalidad y el irrestricto respeto al marco constitucional, al tiempo que llamó a que cualquier procedimiento derivado de los señalamientos extranjeros se realice dentro del orden jurídico mexicano.

Ciudad de México.- El senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, exigió este miércoles la comparecencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante el Senado de la República para que explique la acusación formal en su contra presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Hace unos días, durante una sesión en el Senado, Anaya respaldó un punto de acuerdo para citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pero condicionó su apoyo a que también fueran llamados los gobernadores de Morena: Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila, de Baja California.

El legislador panista señaló que Rocha Moya ahora debe aclarar los cargos que le imputa la justicia estadounidense, relacionados con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y específicamente con la facción de “Los Chapitos”.

Anaya calificó al gobernador sinaloense como “narco gobernador” y pidió que explique, entre otros temas, sus presuntos vínculos con el crimen organizado, así como reportes sobre posibles reuniones con líderes del cártel.

La exigencia del PAN se da el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por delitos de narcotráfico y armas.

Hasta el momento, la Mesa Directiva del Senado no ha definido si se aprobará la comparecencia solicitada.

Diez funcionarios actuales y anteriores del gobierno y las fuerzas de seguridad de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, enfrentan cargos federales en Estados Unidos que, de ser hallados culpables, conllevan penas que van desde un mínimo obligatorio de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

De acuerdo con el recuadro de acusaciones publicado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), los imputados enfrentan los siguientes delitos:

  • Conspiración para importar narcóticos (fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina) a Estados Unidos. 
  • Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. 
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

A Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”), se le imputan además cargos por secuestros que resultaron en la muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de ésta.

Los diez acusados son:

  • Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa 
  • Enrique Inzunza Cazarez – Senador mexicano; ex secretario general de Sinaloa
  • Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
  • Damaso Castro Zaavedra – Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
  • Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
  • Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”) Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
  • Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
  • José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”) – Ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
  • Juan de Dios Gámez Mendívil – Presidente Municipal de Culiacán 
  • Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”) – Ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán

Según el sistema judicial estadounidense, todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.

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