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Ciudad de México, 29 de abril de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril, a las 18:00 horas, recibió solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, las solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en el marco de la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición bilateral, se evalúe su procedencia conforme a la legislación mexicana.

La SRE detalló que, tras una revisión jurídica inicial de los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos, no se encontraron elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas solicitadas ni para justificar una detención provisional con fines de extradición.

No obstante, precisó que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de analizar si existen elementos probatorios conforme al sistema jurídico mexicano y determinar la viabilidad de las solicitudes de detención provisional.

Finalmente, la cancillería anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos debido a la forma en que se dio a conocer la información, ya que los tratados vigentes establecen disposiciones específicas sobre la confidencialidad de estos procesos.

Ciudad de México.- La Embajada de Estados Unidos en México emitió este miércoles un comunicado en el que se pronunció sobre la acusación formal presentada por la justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios sinaloenses.

En el texto, firmado por el embajador Ron Johnson, la embajada señaló que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una prioridad compartida entre México y Estados Unidos.

“La corrupción que habilita al crimen organizado y daña a ambos países será investigada y procesada dondequiera que aplique la jurisdicción de Estados Unidos”, enfatizó el comunicado.

El documento agrega que ambos países se han comprometido a fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el estado de derecho, porque “esto es lo que nuestros ciudadanos a ambos lados de la frontera merecen”.

La embajada reiteró su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con el gobierno mexicano para fortalecer las instituciones, la seguridad y la prosperidad, aunque aclaró que no puede comentar sobre los detalles específicos de las acusaciones, ya que el proceso legal deberá seguir su curso.

Este posicionamiento ocurre el mismo día en que se reveló la acusación federal contra Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y otros ocho funcionarios por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, respaldó el método de trabajo territorial de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y rechazó que su partido necesite recurrir a los programas sociales para hacer campaña electoral.

En medio de versiones sobre la posible llegada de Montiel a la presidencia de Movimiento Regeneración Nacional, Estrada negó que el partido dependa de esos programas para sostener su base política.

Aseguró que el respaldo se ha construido “tocando puertas” desde antes de 2018 y que esa lógica se mantendrá.

“Así es como nosotros hacemos política”, insistió, al defender el trabajo de estructura y organización frente a señalamientos sobre el uso de padrones o beneficios gubernamentales.

Cercano a Ariadna, pero se queda donde está

Sobre su cercanía con Montiel, el legislador evitó definiciones anticipadas. Señaló que, en caso de que el Congreso Nacional la elija como presidenta, continuará colaborando políticamente con el partido, como lo hace actualmente los fines de semana, pero sin comprometerse a asumir un nuevo cargo.

Al respecto, destacó que su prioridad es la coordinación de la bancada morenista en el Congreso local, una responsabilidad que —dijo— exige dedicación de tiempo completo. “No es sencillo, implica estar prácticamente todos los días atendiendo los temas”, subrayó.

Aunque no cerró la puerta a futuras invitaciones, insistió en que cualquier decisión será valorada en su momento y en función de su encargo actual.

En paralelo, Estrada se posicionó como un operador disciplinado al interior de Morena: garantizó respaldo a quien resulte candidato o candidata en futuros procesos y advirtió que no contribuirá a divisiones internas. “Nunca voy a abonar a la fractura”, sostuvo.

Sobre el proceso interno del partido, precisó que la dirigencia nacional se definirá mediante votación de congresistas y que, hasta ahora, únicamente está en disputa la presidencia, lo que enfría especulaciones sobre fórmulas o reacomodos adicionales.

El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (“DEA”), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la desclasificación de una acusación formal (indictment) que imputa a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”), por delitos de narcotráfico y armas relacionadas.

A través de un comunicado oficial, se informó que Millán se le imputan además cargos por su participación en secuestros de una fuente de la DEA y un familiar de ésta, que resultaron en sus muertes.

Todos los acusados son funcionarios actuales o anteriores de alto nivel del gobierno y de las fuerzas del orden en el estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Se alega que colaboraron con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos hacia Estados Unidos.

Según la acusación, los acusados participaron en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.

Entre otras acciones, se les acusa de:

Proteger a líderes del cártel de investigaciones, arrestos y procesos penales.
Entregar información sensible de fuerzas del orden y militares al cártel.
Ordenar a policías estatales y municipales (incluida la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía Investigadora y la Policía Municipal de Culiacán) que protegieran cargamentos de droga.
Permitir que el cártel cometiera violencia brutal sin consecuencias.

A cambio, los acusados habrían recibido millones de dólares en sobornos provenientes del narcotráfico.

La acusación señala que los funcionarios estaban más estrechamente alineados con la facción del Cártel conocida como “Los Chapitos” (los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán).

En el caso específico de Rubén Rocha Moya, se alega que fue elegido gobernador de Sinaloa (cargo que ocupa desde el 1 de noviembre de 2021) con la ayuda de Los Chapitos, quienes supuestamente secuestraron e intimidaron a sus rivales.

A cambio, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos, prometiendo proteger sus operaciones de distribución masiva de drogas hacia EE.UU., y como gobernador les habría permitido operar con impunidad en Sinaloa.

El comunicado enfatiza que esta acusación forma parte de una serie contra más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa desde 2023.