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El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, aseguró que la solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván continúa vigente, por lo que debe seguir su curso legal.

El legislador rechazó las versiones que sostienen que el procedimiento fue desechado por falta de ratificación de los diputados promoventes y atribuyó esa responsabilidad a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, por no llevar a cabo el procedimiento de notificación correspondiente.

Durante la conferencia de prensa que ofrece los miércoles, Estrada Sotelo afirmó que ni él ni los demás promoventes han recibido notificación alguna por parte de la Cámara de Diputados federal respecto de la admisión, desechamiento o cualquier otra resolución relacionada con la solicitud presentada.

“Hemos visto muchísimas notas donde se dice que el juicio político ya no existe porque los diputados que lo promovieron no fueron a ratificarlo”, comentó.

Sobre el procedimiento, expuso que los diputados morenistas presentaron un escrito formal, señalaron domicilio procesal, autorizaron personas para recibir notificaciones e incluso delegaron facultades para dar seguimiento al procedimiento.

“Hasta este momento no hemos recibido absolutamente ninguna notificación”, sostuvo.

Estrada explicó que, al tratarse de un procedimiento de juicio político, la Cámara de Diputados actúa como una autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales, por lo que está obligada a emitir acuerdos formales y notificar a las partes involucradas.

“Ni siquiera nos han notificado un acuerdo de recepción de la solicitud. Mucho menos uno de desechamiento. Lo único que hemos visto son declaraciones públicas”, afirmó.

El legislador morenista cuestionó además las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien durante una visita reciente a Chihuahua señaló que la solicitud había sido desechada.

“Ningún acuerdo de desechamiento nos ha sido notificado. Me parece que quien preside un órgano que está actuando en funciones jurisdiccionales ni siquiera debería pronunciarse públicamente sobre el fondo del asunto antes de que exista una resolución formal”, expresó.

Estrada argumentó que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados conducir el procedimiento y, en su caso, citar a los promoventes para ratificar la denuncia.

“Nosotros no podemos fijar fecha ni hora para una ratificación. La conducción del procedimiento le corresponde a la Cámara. Si consideraban necesaria la ratificación, debieron emitir un acuerdo y notificarnos formalmente”, dijo.

Asimismo, sostuvo que no existe disposición legal que establezca de manera automática que la falta de ratificación provoque el desechamiento de una solicitud de juicio político.

“Todo mundo da por hecho que si no se ratificó ya quedó desechada. Que nos digan en qué parte de la ley está eso. Nosotros no hemos encontrado ningún fundamento que establezca esa consecuencia de manera automática”, señaló.

El coordinador de Morena indicó que, por el momento, los promoventes esperarán a que la Cámara de Diputados emita los acuerdos correspondientes y cumpla con las formalidades del procedimiento.

La solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos fue presentada por legisladores de Morena en medio de la controversia generada por las investigaciones federales relacionadas con el presunto uso de agentes extranjeros durante el operativo realizado en un laboratorio clandestino localizado en la Sierra del Pinal, en Chihuahua.

Hasta el momento, la Cámara de Diputados no ha informado públicamente sobre una resolución formal respecto de la solicitud presentada por los legisladores morenistas.

HERMOSILLO, Sonora – El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, desestimó este miércoles un reportaje del Los Angeles Times que lo señala como objetivo de una investigación federal de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Según el diario estadounidense, basado en fuentes anónimas familiarizadas con el caso, tanto Durazo como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, habrían visto revocadas sus visas el año pasado como parte de pesquisas penales.

El medio indica que Durazo es investigado por presuntos lazos con grupos criminales, mientras que Villarreal estaría relacionado con contrabando de combustible (huachicol).

A pesar de la supuesta cancelación de visas, ambos habrían continuado ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial de “parole por beneficio público significativo”, mecanismo reservado usualmente para casos humanitarios o testigos cooperantes.

En conferencia de prensa y a través de su vocera Paloma Terán, el gobierno sonorense calificó la información de “completamente falsa”.

Terán afirmó que el mandatario cuenta con visa vigente y que no ha recibido ninguna notificación oficial de investigación por parte de autoridades estadounidenses.

Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actual aliado cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum, minimizó el reportaje al calificarlo como “una nota más sin fuentes”.

En su intervención, destacó que en Sonora “todos se conocen” y que cualquier irregularidad sería de inmediato conocida por la población.

Se negó a mostrar su visa como prueba, argumentando que no lo haría para complacer a un periodista sin fuentes, y aseguró mantener comunicación frecuente con consulados estadounidenses.

Durazo dijo que él renunció al PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosion y que más allá de las diferencias políticas o profesionales, ha mantenido su postura crítica para confrontar a otros presidentes de la república.

Tengo la voz completa como gobernador del estado, para decir de frente a las y los sonorenses que aquí está un gobernador comprometido que no solo en este gobierno he actuado con limpieza, con rectitud, lo he hecho toda mi vida, casi sudo agua bendita”, concluyó.

Contexto del caso

  • El reportaje del Los Angeles Times, publicado este 3 de junio en colaboración con Puente News Collaborative, forma parte de una serie de notas sobre presuntas investigaciones de la administración Trump contra funcionarios mexicanos de alto nivel por presuntos vínculos con cárteles.
  • Durazo ha enfrentado señalamientos previos (no confirmados oficialmente) sobre posibles nexos con el crimen organizado en Sonora, un estado clave en la frontera por su ubicación estratégica en rutas de tráfico.
  • Tanto el gobierno de Sonora como el de Tamaulipas han rechazado categóricamente las versiones, calificándolas de infundadas.

Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Justicia de EE.UU. han emitido comentarios oficiales sobre el caso.

El gobernador Durazo afirmó que continuará trabajando con normalidad y que “las infamias se topan con la verdad”.

🚨#Ahora | “Es una nota más sin fuentes”: el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechaza los señalamientos de Los Ángeles Times sobre que Estados Unidos lo estaría investigando, al igual que a Américo Villarreal.

Se niega a mostrar su visa para desmentir al periodista Steve… pic.twitter.com/dze4wsk94p

— Azucena Uresti (@azucenau) June 3, 2026

TIJUANA, Baja California.- Isidoro Valencia, un vendedor de elotes reconocido en la colonia 10 de Mayo por más de una década, fue detenido el martes 2 de junio durante un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos del Ejército Mexicano.

Según videos difundidos por sus familiares,agentes federales le informaron que contaba con una orden de aprehensión vigente dictada por un juez federal.

La cumplimentación de la orden se dio bajo un fuerte operativo de seguridad, en el que según se observa en los videos, varios elementos castrenses resguardan el perímetro.

El elotero, fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana y posteriormente ingresado a un centro penitenciario federal para continuar su proceso legal.

La familia de Valencia expresó desconcierto y sospechas sobre la detención, ya que ocurrió poco después de que el comerciante obtuviera un crédito bancario (Bancomer) por aproximadamente 600 mil pesos.

Hasta el momento, ni la FGR ni otras autoridades han revelado públicamente los delitos que se le imputan.

El caso ha generado gran atención en redes sociales y entre vecinos de la colonia, donde Isidoro era una figura conocida y querida por su trabajo diario vendiendo elotes.

No se han dado a conocer más detalles sobre los cargos ni sobre la evolución del caso.

La FGR no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Isidoro Valencia, conocido por vender elotes desde hace años en la entrada de la colonia 10 de Mayo, fue detenido durante un operativo realizado por personal de la FGR y Ejército…

Así deberían estar con el narco…
¿O es el mismo narco disfrazado? Q pinche con esta injusticia pic.twitter.com/yc48zKl9vY

— Ana Caro🌸 (@CaritoMT_33) June 3, 2026

El diario Los Angeles Times publicó este miércoles que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con el reportaje, basado en fuentes anónimas familiarizadas con los casos, ambos mandatarios estatales —aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum— tuvieron sus visas estadounidenses revocadas el año pasado como parte de indagatorias penales.

A pesar de ello, han continuado ingresando a territorio estadounidense bajo un programa especial de “parole” que suele reservarse para testigos cooperantes o casos humanitarios.

En el caso de Durazo, la investigación se relaciona con presuntos vínculos con organizaciones criminales. El gobernador de Sonora, de 71 años, viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento médico.

Respecto a Villarreal, de Tamaulipas, la pesquisa estaría vinculada al contrabando de combustible (huachicol). Según el medio, forma parte de un programa de libertad condicional que implica acompañamiento de autoridades estadounidenses al cruzar la frontera.

Gobiernos estatales de Sonora y Tamaulipas niegan acusaciones

Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron categóricamente los señalamientos.

El gobierno de Sonora calificó la información como “completamente falsa” y aseguró que carece de sustento.

Por su parte, el gobierno de Tamaulipas, a través de su coordinador de Comunicación Social, Gerardo Algarín, afirmó que los señalamientos son “falsos” y “sin pruebas”, y que no existen documentos ni expedientes que los respalden.

Hasta el momento, ni los gobernadores ni la Presidencia de la República han emitido declaraciones detalladas adicionales sobre el reportaje.

La información surge en medio de tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos por temas de seguridad, migración y narcotráfico.

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