Vestidos de negro, con la mirada llena de tristeza y lágrimas en el rostro, familiares de la arquitecta Nancy Vela Martínez, fallecida en circunstancias poco claras hace casi tres años, salieron de la Décimo Segunda Sala de Ciudad Judicial al concluir la audiencia en la que lograron reactivar la investigación de su caso.
Minutos antes, el juez Alonso Iram González González, al resolver el cuadernillo 128/26, determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó una investigación omisa sobre la muerte de la joven, ocurrida en septiembre de 2023, por lo que ordenó la reapertura de la carpeta de investigación.
Asimismo, dispuso que la nueva indagatoria se lleve a cabo con perspectiva de género y bajo la hipótesis de que se trató de un feminicidio, hasta que existan pruebas científicas que demuestren lo contrario.
El principal problema, expuso el juzgador, es que desde el inicio la representación social investigó el fallecimiento como una autoagresión, lo que afectó el resto de las actuaciones periciales e incumplió con los estándares internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establecen que el Estado mexicano debe investigar, en primera instancia, todas las muertes violentas de mujeres como posibles feminicidios.
Han pasado casi tres años desde que los familiares de Nancy emprendieron una batalla legal contra agentes investigadores de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), a quienes señalaron por no haber realizado las diligencias necesarias para descartar que la muerte de la arquitecta hubiera sido consecuencia de un hecho violento.
Sin embargo, durante ese tiempo sus aportaciones a la carpeta de investigación fueron ignoradas y, el pasado 19 de abril de este año, el Ministerio Público decretó el cierre de la investigación y determinó el no ejercicio de la acción penal.
Ante ello, la familia llevó su reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, instancia que finalmente, el lunes 13 de julio, les dio la razón al concluir que la representación social realizó una investigación omisa y carente de sustento científico.
No obstante, en palabras de Irma Martínez, madre de Nancy, la satisfacción por el resultado judicial no elimina el dolor por la ausencia de su hija.
“Son cosas que no quisiéramos celebrar, que no quisiéramos que nos hicieran felices, porque quisiéramos que Nancy estuviera aquí, pero lograr que no nos cierren la carpeta es un paso más hacia la justicia para Nancy”, aseguró.
Agregó que a lo largo de este tiempo han recorrido un camino difícil, en el que se han encontrado con puertas cerradas, ya que en la mayoría de las ocasiones los agentes ministeriales no realizaron su trabajo ni aceptaron las aportaciones de la familia a la investigación.
Sobre lo que sigue, anticipó que continuarán buscando indicios que consideren relevantes para seguir aportando información al Ministerio Público, con la esperanza de que se pueda llegar a la verdad histórica de los hechos en los que la joven perdió la vida.
Martínez hizo un llamado a la ciudadanía, en especial a las madres cuyas hijas han sido víctimas de violencia, a no rendirse y a utilizar todos los mecanismos posibles para evitar que haya impunidad en esos casos.
“Busquen la verdad. Como lo comenté el otro día, así como el caso de mi hija, hay muchos casos que no se investigan como deberían. El Ministerio Público tiene muchísimos casos a su cargo… estén atentos a sus actuaciones, pidan sus carpetas y vigilen el desarrollo de las investigaciones para que haya una justicia real”, puntualizó.
Además, agradeció el apoyo de familiares, conocidos y de la comunidad en general, quienes aportaron recursos para financiar la contratación de asesoría jurídica y la realización de peritajes externos.
Finalmente, enfatizó que el Gobierno debería establecer mecanismos de supervisión para revisar la actuación de los agentes investigadores.
“Que tengan más mecanismos para auditar a los Ministerios Públicos, que actúan como si fueran la máxima autoridad y, por decisión propia, pretendan cerrar carpetas de investigación sin agotar las diligencias ni contar con pruebas científicas. Eso no es justo”, concluyó.
