Norte De Chihuahua

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El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, respondió a las declaraciones del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sobre el proyecto vial Poniente 5 y sostuvo que el debate no gira en torno a la realización de la obra, sino al financiamiento mediante un nuevo endeudamiento.

El legislador rechazó que las diputadas y diputados de Morena estén obstaculizando el proyecto y señaló que corresponde al Ayuntamiento ejecutar las obras y administrar el presupuesto municipal.

“Si quiere encontrar al responsable de que no haya obra en Chihuahua, búsquelo en un espejo. No pretenda trasladar a los diputados de Morena una responsabilidad que corresponde exclusivamente al Gobierno Municipal”, expresó.

Estrada recordó que el Congreso ya autorizó créditos solicitados por el Ayuntamiento para proyectos como los tres puentes vehiculares y el relleno sanitario, los cuales, dijo, fueron aprobados con el respaldo de la bancada morenista. Agregó que actualmente el Municipio destina recursos al pago de intereses derivados de esos financiamientos.

Afirmó que el Ayuntamiento cuenta con capacidad financiera para desarrollar Poniente 5 sin contratar deuda adicional. Indicó que entre 2022 y 2025 el gasto corriente aumentó en más de mil 500 millones de pesos y señaló sobrecostos en la adquisición de patrullas, luminarias y en el pago de intereses por créditos previamente autorizados.

“Estamos a favor de Poniente 5 y del desarrollo de Chihuahua. Lo que no respaldamos es seguir endeudando a la ciudad cuando el problema no es la falta de recursos, sino la forma en que se administran”, declaró.

Asimismo, explicó que la bancada de Morena únicamente ha solicitado información para analizar la nueva petición de financiamiento, entre ella la identidad de los propietarios de los terrenos donde iniciará la primera etapa del proyecto, información que, aseguró, el Ayuntamiento aún no ha transparentado.

“Estamos a favor de Poniente 5. Lo que no compartimos es que se quiera seguir endeudando a la ciudad cuando el propio Municipio tiene recursos suficientes para construirla. Lo que hace falta no es más deuda; hace falta una mejor administración de los recursos públicos”, concluyó.

El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación de Chihuahua, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Luis “N” y José “N”.

La resolución judicial se derivó de la acreditación plena de su responsabilidad penal en delitos previstos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, específicamente por la portación de armas de fuego y la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la correspondiente audiencia de juicio, un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua, determinó las sanciones privativas de la libertad y económicas para ambos imputados.

De este modo, la autoridad judicial impuso a Luis “N” una pena de ocho años y nueve meses de prisión, además del pago de una multa equivalente a 208 Unidades de Medida y Actualización.

Por su parte, a José “N” le fue dictada una condena de seis años y ocho meses de prisión, junto con el pago de una sanción económica de las mismas 208 Unidades de Medida y Actualización.

De acuerdo con las indagatorias integradas en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante el despliegue de labores de seguridad y vigilancia preventiva por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Los efectivos federales ubicaron a los ahora sentenciados a bordo de una camioneta en el tramo carretero que conduce de Guadalupe y Calvo hacia la localidad de El Aserradero, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, lugar donde procedieron a realizar una inspección preventiva a los tripulantes y a la unidad automotriz.

Durante la intervención policial, las fuerzas del orden federal detectaron que Luis “N” portaba un arma de fuego larga tipo fusil con un cargador debidamente abastecido con 30 cartuchos útiles, así como un arma de fuego corta fajada a la cintura con un cargador abastecido con 14 cartuchos.

Asimismo, se constató que José “N” portaba un arma de fuego larga tipo fusil equipada con un cargador que contenía 60 cartuchos útiles, mientras que en el interior del vehículo se localizaron y aseguraron 11 cargadores para arma larga que resguardaban un total de 364 cartuchos útiles.

Con base en el paquete de medios de prueba aportados y desahogados por el Ministerio Público de la Federación, la autoridad judicial resolvió de manera definitiva que ambas personas eran penalmente responsables de los delitos imputados.

Al concluir el análisis del caso y confirmarse que el armamento asegurado pertenece al uso reservado de la Fuerza Armada Permanente, el tribunal federal emitió la sentencia condenatoria correspondiente y ordenó el internamiento de los sentenciados para el cumplimiento de sus respectivas penas.

Un entrenamiento de un grupo móvil de defensa antiaérea del Ejército ruso terminó en un incidente que quedó registrado en video y se volvió viral en las últimas horas.

En las imágenes se observa a un soldado operando una ametralladora rotativa Yak-B (un arma de múltiples cañones diseñada originalmente para helicópteros Mi-24), montada de forma improvisada sobre un vehículo o plataforma.

Al comenzar a disparar, el intenso retroceso provocó que toda la montura girara de manera descontrolada.

El soldado fue lanzado violentamente hacia atrás por la fuerza del arma, mientras que el instructor que se encontraba a su lado tuvo que agacharse de forma abrupta para evitar ser golpeado.

El arma continuó disparando varios segundos mientras rotaba sin control, generando humo y esparciendo casquillos.

Una vez detenida la ráfaga, el instructor se acercó y, en un gesto que ha sido muy comentado, colocó su mano sobre el cañón, el cual estaba a una temperatura extremadamente alta tras el disparo.

El video, difundido por fuentes que siguen el conflicto en Ucrania, muestra lo que analistas han descrito como una adaptación deficiente del arma: el eje central de la montura no estaría correctamente alineado con el cañón, lo que generó el giro incontrolable al momento de abrir fuego.

Hasta el momento no se ha informado de heridos graves, aunque el incidente deja en evidencia los riesgos de utilizar este tipo de armamento pesado en configuraciones no probadas o improvisadas durante entrenamientos para contrarrestar drones ucranianos en la retaguardia rusa.

María Felicia Jiménez decidió perdonar a su esposo, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, e incluso pidió a la autoridad judicial detener el proceso penal en su contra. Sin embargo, la ley no se lo permite.

Durante la audiencia celebrada este lunes en Morelos, la víctima entregó una carta en la que manifestó su voluntad de otorgar el perdón y desistirse de la denuncia por los hechos de violencia familiar y violencia vicaria que atribuye al exfuncionario.

La jueza dejó claro que ese documento no cambia el curso del caso.

Explicó que ambos delitos se persiguen de oficio, por lo que la Fiscalía está obligada a continuar la investigación y el proceso judicial, independientemente de que la víctima ya no quiera seguir adelante con la acusación.

El perdón, precisó, puede ser tomado en cuenta dentro del expediente, pero no extingue la acción penal ni obliga a cerrar el caso.

Con ello, Víctor Rodríguez Padilla permanecerá sujeto al proceso que enfrenta por presuntas agresiones cometidas contra su esposa y uno de sus hijos.

El caso cobró notoriedad la semana pasada, luego de que María Felicia Jiménez difundiera videos de cámaras de seguridad en los que se observa una presunta agresión ocurrida dentro de su domicilio.

Las imágenes detonaron la intervención de la Fiscalía de Morelos, que solicitó una orden de aprehensión y logró la detención del exdirector de Pemex.

En una audiencia previa, un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva al considerar que existía riesgo para la víctima y su familia.

Aunque ahora la denunciante busca poner fin al conflicto por la vía del perdón, la Fiscalía deberá continuar con la integración del caso y será el Poder Judicial quien determine si existen elementos suficientes para llevar a Víctor Rodríguez Padilla a juicio.