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La Sexagésima Octava Legislatura aprobó la reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado con la finalidad de establecer la mínima intervención y la no revictimización en menores de edad que participan en procedimientos judiciales como víctimas, ofendidos o testigos.

La Comisión de Juventud y Niñez, encargada de elaborar el dictamen, señaló la necesidad de evitar la participación reiterada en procesos legales, pues eso genera afectaciones emocionales o psicológicas, particularmente cuando se trata de niños y adolescentes que han sido víctimas de algún delito o de situaciones traumáticas.

La repetición de entrevistas, interrogatorios, confrontaciones o comparecencias puede generar procesos de revictimización, por ello, tras esta aprobación, las autoridades deberán adoptar medidas que reduzcan al mínimo la exposición de las personas menores de edad a situaciones que puedan afectar su bienestar.

Con esto, se está dando cumplimiento a los principios vinculados con el interés superior de la niñez y con la obligación de brindar una protección a los menores de edad durante los procedimientos judiciales.

De la misma forma, con esta modificación a la ley, se busca garantizar contar con personal especializado, espacios adecuados y herramientas como entrevistas especializadas, salas Gesell y declaraciones videograbadas, mecanismos que pueden contribuir a disminuir la exposición innecesaria de niños y adolescentes durante los procesos de justicia.

En la propuesta inicial se hizo mención de los retos que aún enfrenta México para garantizar plenamente estos derechos, ya que persisten retos relacionados con la capacitación de autoridades, la infraestructura especializada y la coordinación entre instituciones, por ello es imperante fortalecer las medidas de protección para garantizar una atención infantil adecuada y sensible.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Chávez Madrid, coincidió con las declaraciones hechas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbuam, en las que señaló que México está ante el primer proveedor de armas y el primer consumidor de sustancias ilícitas del mundo, por lo que le hizo un llamado contundente a que rompa el pacto y se fortalezca la coordinación con el Estado.

“Eso obliga a una coordinación bilateral internacional y eso obliga también a que la presidenta tenga mucho más energía y carácter en contra del gobierno norteamericano exigiéndole resultados. Presidenta, rompa el pacto en la coparticipación porque limpiando su casa vamos a hacer mejor este país”, precisó enfatizando que lo primero que tiene que hacer es dejar en encubrir a actores políticos de su partido que están señalados de vínculos directos con el crimen organizado.

En ese tenor, aseveró que el trabajo que se ha realizado en Chihuahua “es lo que tendría que hacer el Gobierno federal”, es decir, coordinación y acción responsable para frenar al gobierno norteamericano.

Por lo anterior, externó su deseo de que la mandataria federal y el secretario de Seguridad se den la oportunidad de conocer la Torre y la Plataforma Centinela, además de abrirse realmente a la coordinación con el Gobierno del Estado.

“Yo llamaría a Morena que deje los discursos patrioteros y que realmente exijamos al gobierno norteamericano una coordinación adecuada porque ellos nos mandan las armas con lo que matan gente aquí”, agregó, reconociendo el acercamiento que se dio por parte de las mandatarias federal y estatal recientemente el cual dijo espera prospere y traiga buenos resultados.

Con el cruce de las primeras 750 cabezas de ganado, este 24 de septiembre de 2026 se reanudó la exportación de ganado en pie de Chihuahua hacia Estados Unidos por el puerto fronterizo San Jerónimo-Santa Teresa, luego de las restricciones implementadas a raíz de la contingencia sanitaria por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

El primer embarque fue supervisado por autoridades y representantes del sector ganadero. Estuvieron presentes Gabriel Ayala, responsable de la Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); el secretario de Desarrollo Rural (SDR), Mauro Parada Muñoz, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, quienes participaron en el proceso de inspección sanitaria previo al cruce.

El secretario Mauro Parada Muñoz destacó que la reanudación es resultado del trabajo conjunto entre ganaderos, la Unión Ganadera, las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, así como organismos que han participado en las acciones de atención y prevención del GBG.

“Es un logro de parte de todos los ganaderos y de mucho trabajo de las autoridades federales, tanto americanas como mexicanas, de Senasica, CPA, OIRSA y del mismo Gobierno del Estado, por buscar y dar las facilidades para esta reactivación”, señaló.

El cruce inició con un flujo de 750 animales. Se espera que esta capacidad se incremente de manera gradual conforme avance la operación y se evalúe el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

El objetivo del sector es alcanzar la exportación de alrededor de 100 mil animales hacia Estados Unidos, lo que fortalecería la comercialización del ganado producido en la entidad.

“Es de gran beneficio tanto para el mercado americano como para el lado mexicano. Agradecerles a los ganaderos que están siempre haciendo bien el trabajo; nos sentimos orgullosos del ganado que se produce en nuestro estado”, agregó Parada Muñoz.

Para esta primera etapa de operación en San Jerónimo se cuenta con 17 médicos veterinarios que realizan labores de preinspección y cuatro binomios caninos, como parte de las medidas de revisión sanitaria.

El Gobierno del Estado ha dado seguimiento permanente a la situación e instruyó a la SDR a mantener atención cercana con el sector ganadero y acompañar a los productores durante el proceso de recuperación de la exportación.

La apertura del puerto y las condiciones para el cruce responden a protocolos y acuerdos binacionales en los que participan las autoridades sanitarias correspondientes.

De manera paralela, la Secretaría de Desarrollo Rural continuará con acciones preventivas en el territorio estatal mediante capacitaciones a productores, difusión de protocolos de atención y entrega de kits preventivos, con el objetivo de reforzar la detección oportuna y la atención ante cualquier sospecha de GBG.

“La seguridad de los municipios comienza por proteger a quienes todos los días salen a las calles para cuidar a la ciudadanía”, afirmó el senador del PAN, Mario Vázquez Robles, al presentar una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de fortalecer las condiciones de las Policías Municipales y brindar protección a los elementos que denuncien la infiltración del crimen organizado.

El senador explicó que su iniciativa parte de una premisa fundamental: “cuidar a quienes nos cuidan”, garantizando mejores condiciones para el desempeño de la función policial y mecanismos que permitan a los elementos enfrentar las amenazas del crimen sin quedar desprotegidos.

Esta propuesta plantea tres acciones concretas: la primera es fortalecer la seguridad social y proteger a las familias de los policías, particularmente cuando un policía fallezca o quede incapacitado como consecuencia del cumplimiento de su deber, para garantizar respaldo y protección a sus familias.

La segunda consiste en facilitar el acceso a una vivienda digna proponiendo a los ayuntamientos celebrar convenios con los estatales y la Federación para facilitar que los policías municipales tengan acceso a mecanismos que les permitan contar con una vivienda digna.

La otra acción busca proteger de manera especial a los elementos municipales que denuncien la infiltración del crimen organizado a fin de salvaguardarlo a él y a su familia evitando represalias.

Las medidas propuestas podrían incluir protección física, resguardo del domicilio, reubicación, asistencia jurídica, atención médica y psicológica, así como cambio temporal de adscripción, sin perder salario, prestaciones ni derechos laborales.

Vázquez Robles cuestionó que actualmente un policía que detecta actos indebidos o posibles delitos dentro de su propia institución debe informar a su superior jerárquico, y planteó qué ocurre cuando precisamente ese superior forma parte del problema.

Por tal motivo, subrayó que denunciar al crimen no puede convertirse en una sentencia para el policía honesto, especialmente cuando su denuncia puede contribuir a desarticular redes de corrupción y evitar que las instituciones de seguridad sean capturadas por grupos criminales.

El legislador aclaró que la propuesta no crea privilegios ni inmunidades y tampoco sustituye al Ministerio Público, sino que busca que el Estado proteja a quienes deciden ponerse del lado de la ley cuando hacerlo implica enfrentar al crimen desde dentro de su propia institución.

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