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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un pacto con el Gobierno de Chihuahua para proceder contra el exfiscal César Jáuregui Moreno y rechazó que se le haya ofrecido un cargo diplomático a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a cambio de colaborar contra el ahora inculpado.

Asimismo, negó que haya exonerado a la mandataria chihuahuense del caso de los agentes extranjeros que intervinieron en el operativo de localización de un laboratorio clandestino en la sierra de Chihuahua.

Cuestionada acerca de las versiones que circulan en algunos medios de comunicación del país, en las que se asegura que hubo un acuerdo entre ella y la gobernadora chihuahuense durante la reunión que celebraron en Ciudad Juárez, Sheinbaum Pardo respondió que su gobierno no hace pactos políticos con la justicia.

La presidenta sostuvo que la investigación contra el exfiscal de Chihuahua se originó por la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo en la Sierra Tarahumara.

Afirmó que corresponde a la FGR determinar si existen elementos para investigar también a la gobernadora.

Sheinbaum calificó esas versiones como parte del “periodismo de chisme” y del “periodismo de ficción”, al tiempo que sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse al margen de los intereses partidistas.

Incluso, soltó una carcajada cuando le preguntaron si le había ofrecido una representación diplomática a la gobernadora Campos Galván a cambio de colaborar contra el exfiscal.

“La justicia está por encima incluso de la política”, expresó.

No descarta investigación contra Maru Campos

Durante la conferencia, Sheinbaum fue interrogada sobre la posibilidad de que las investigaciones alcancen también a la gobernadora María Eugenia Campos, debido a que la Fiscalía de Chihuahua forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo estatal.

La presidenta evitó pronunciarse sobre una eventual responsabilidad de la mandataria chihuahuense y sostuvo que esa determinación corresponde exclusivamente a la FGR.

“Pues que lo evalúe la Fiscalía”, respondió.

También rechazó las versiones periodísticas según las cuales habría exonerado anticipadamente a Campos Galván de cualquier responsabilidad.

“Hay notas que dicen hoy que yo exoneré a la gobernadora. No, no es mi papel”, puntualizó.

Sheinbaum explicó que, dentro del sistema penal acusatorio, las investigaciones deben sustentarse en pruebas suficientes para solicitar las medidas judiciales correspondientes.

“La Fiscalía investiga hasta donde hay pruebas”, agregó.

La audiencia inicial contra el exfiscal general del Estado, César Gustavo J. M., comenzó en El Altiplano sin que la defensa haya tenido acceso a la carpeta de investigación, informó el abogado Luis Villegas.

Por tal motivo, dijo que “definitivamente” solicitarán que se les otorgue mayor tiempo para acceder a la información y estar en condiciones de continuar con el proceso.

Aclaró que él se encuentra en Chihuahua y que su compañero, Héctor Villasana, solicitó participar en la audiencia a través de videollamada; sin embargo, desconoce si le fue permitido, dado que no tienen comunicación con los abogados que se encuentran en el reclusorio.

Explicó que, por tratarse de un penal de alta seguridad, se bloquean las comunicaciones y a los abogados les son retirados los teléfonos celulares. Por ello, será hasta que se dicte un receso o concluya la audiencia cuando puedan conocer lo ocurrido al interior.

“Yo estoy como ustedes, sé que empezó la audiencia, hablé con los abogados anoche y en este momento lo único que sé es que se estaba solicitando que el licenciado Villasana se pudiera conectar vía electrónica, pero los abogados de la defensa ya están en el penal”, externó.

Pese a no contar con la carpeta de investigación, reiteró la postura del exfiscal: que no existen evidencias concretas que lo vinculen o demuestren que ordenó la participación de agentes extranjeros, de cuya intervención, sostuvo, no tenía conocimiento.

Una actuación irregular de autoridades mexicanas y el delito de traición a la patria no son jurídicamente equivalentes. Esa es la distinción que el especialista en derecho internacional Paul González considera central en la acusación federal contra el exfiscal general de Chihuahua César Jáuregui.

El abogado sostuvo que demostrar un delito de esa naturaleza es complicado y que la Fiscalía General de la República (FGR) debe contar con elementos para sostenerlo ante un juez. Por ahora, señaló, habrá que esperar el desarrollo del caso.

“En este caso, por ejemplo, mi postura es que debemos en un momento distinguir entre una acción irregular de autoridades mexicanas y el delito de traición a la patria; es decir, simplemente no son jurídicamente equivalentes”, expresó.

González explicó que se trata de un asunto poco común y jurídicamente delicado, en el que convergen la soberanía nacional, la cooperación internacional en materia de seguridad y la posible responsabilidad penal de un servidor público.

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La acusación debe sostenerse con pruebas

El especialista señaló que la gravedad política de un caso no permite considerar culpable de antemano a una persona.

Corresponde a la FGR, indicó, acreditar los elementos específicos del delito, mientras que el juez debe resolver con base en las pruebas y con respeto al debido proceso.

Explicó que una posible traición a la patria es una hipótesis que la Fiscalía puede investigar, pero que debe demostrar.

Al referirse al artículo 123 del Código Penal Federal, González sostuvo que contempla modalidades específicas relacionadas con conductas contra la soberanía nacional y actos de cooperación perjudicial con un Estado extranjero.

“Es un delito excepcional por su naturaleza; es decir, la gravedad y las conductas específicas que exige acreditar”, subrayó.

Desde su perspectiva, los señalamientos conocidos hasta ahora no bastan para dar por comprobada la acusación. Añadió que debe evitarse una interpretación extensiva que convierta cualquier irregularidad de un funcionario en un supuesto atentado contra la soberanía nacional.

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Participación extranjera: determinar quién autorizó y qué hizo

González señaló que, hasta donde conoce de lo que informó la FGR, la investigación refiere una participación no autorizada de extranjeros en un operativo en Chihuahua. Sin embargo, consideró que todavía debe precisarse cuál fue la conducta concreta y su alcance jurídico.

Ante la posible intervención de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en la Sierra de Chihuahua, planteó que es necesario analizar las condiciones en las que ocurrió, más allá de la sola presencia de personal estadounidense en territorio mexicano.

“Siempre han estado, están y seguirán estando con todos los presidentes, con todos los funcionarios”, expresó al referirse a los antecedentes de esa presencia.

El especialista puntualizó que, si los agentes participaron operativamente sin autorización y fuera del marco legal aplicable, podría existir una infracción grave. Aun así, agregó, debe determinarse quién autorizó su intervención y qué ocurrió en los hechos.

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Ni condena anticipada ni descalificación partidista

El abogado también consideró que una posible persecución política no puede darse por acreditada únicamente porque alguien la señale.

Del mismo modo, dijo, las declaraciones de un funcionario en medios de comunicación no bastan para considerar culpable a una persona investigada.

“La prueba debe sostener la acusación y el Poder Judicial debe actuar con independencia. Mi criterio es que debemos de evitar tanto la condena obviamente anticipada, porque todavía no tenemos ni elementos, como la descalificación automática de la investigación por motivos partidistas”, sostuvo.

González señaló que la defensa de Jáuregui deberá analizar la orden de aprehensión y la imputación federal, identificar la modalidad exacta del artículo 123 que se le atribuye y confrontar cada elemento legal con los hechos y las pruebas.

Si estos no reúnen los elementos del delito de traición a la patria, consideró, tendría argumentos para cuestionar la clasificación jurídica.

“Pero la estrategia definitiva dependerá del contenido de la carpeta y de las resoluciones judiciales”, precisó.

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Vincular a proceso no significa condenar

Sobre el procedimiento, González explicó que deberá determinarse si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso al exfiscal, así como la medida cautelar correspondiente.

Subrayó que una eventual vinculación no equivale a una sentencia condenatoria.

También recordó que existe una investigación estatal y que un procedimiento no depende necesariamente del otro.

El especialista sostuvo que México tiene la obligación de proteger su soberanía e investigar cualquier intervención irregular, pero también debe respetar la legalidad penal.

“La traición a la patria no puede utilizarse como una etiqueta política, ni presumirse por la existencia de una irregularidad. La FGR debe demostrar que los hechos encuadran en el tipo penal correspondiente”, afirmó.

Ante el contexto político, anticipó que surgirán distintas versiones sobre el caso.

“Yo creo que le van a sacar mucho provecho ambos partidos políticos”, expresó en referencia al PAN y Morena.

“La última defensa que tiene un ciudadano es el juez y el juez no debe ser temeroso”. Con esa advertencia, el exjuez Apolinar Juárez Castro explica lo que está en juego detrás de la expulsión de la Conatrib de la Unión Internacional de Magistrados: una pérdida de independencia judicial que, sostiene, termina por afectar a quienes acuden a los tribunales para defender sus derechos.

Su postura coincide con la del exjuez federal Ernesto Cornejo Ángeles y la del magistrado Marco Tulio Cano Corral, de la Primera Sala Penal. Consultados por Norte Digital, los tres justificaron la decisión del organismo internacional contra la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib), por considerar que su respaldo a la reforma judicial fue incompatible con los principios de independencia y apoliticidad exigidos a sus integrantes.

Para los entrevistados, las consecuencias van más allá del desprestigio institucional: alcanzan la autonomía con la que un juzgador debe resolver sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas.

El ciudadano frente a una justicia sin contrapesos

Juárez Castro sostuvo que la independencia judicial permite contener los excesos de los otros poderes y garantizar que las resoluciones respondan a las leyes y a los derechos humanos, no a intereses políticos.

Explicó que esa función se materializa en asuntos concretos de cualquier índole: civil, mercantil, laboral o penal. Es mediante una resolución judicial, señaló, como puede restringirse un derecho a una persona.

Por ello, consideró que la comunidad necesita tener la garantía de que quien resolverá su caso lo hará con autonomía e imparcialidad, sin proteger intereses de Estado o de partido.

“El juez debe ser íntegro, el juez debe resolver con conocimiento y convicción, lo cual ha sido mermado severamente”, afirmó.

Desde su perspectiva, la reforma abrió la puerta a intereses partidistas en la función jurisdiccional y debilitó la carrera judicial, al permitir el acceso de personas sin exigirles una trayectoria dentro de ella.

Como ejemplo, mencionó los llamados “acordeones” utilizados durante la elección judicial, “donde eran los mismos partidos políticos los que promovían el voto de los juzgadores”.

También sostuvo que la reforma hizo prácticamente ineficaz la Ley de Amparo sin modificar su texto, al colocar —según su valoración— a jueces que atienden intereses políticos en lugar de garantizar los derechos de la comunidad.

Una sanción que consideran la primera de otras

Cornejo Ángeles y Cano Corral consideraron que la expulsión de la Conatrib seguramente será la primera de varias condenas, algunas de carácter axiológico, es decir, relacionadas con los valores y principios de la función judicial.

Ambos anticiparon que podrían venir resoluciones de tribunales internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Yo creo que precisamente al vulnerarse con esa reforma la independencia judicial y las cláusulas pétreas de la Constitución, pues obviamente una unión internacional de magistrados no la puede avalar. Cuando ve que la Conatrib la avaló, pues no tiene otra más que criticar y votar su expulsión, como se hizo el sábado pasado”, sostuvo Cornejo Ángeles.

El exjuez federal calificó este tipo de decisiones como victorias morales para quienes mantienen su resistencia a la reforma.

Señaló que el daño no tardó en manifestarse y consideró que eventualmente tendrá que haber una recomposición en beneficio de la ciudadanía, de los “justiciables en un Estado democrático de derecho”.

A su juicio, la propia exigencia ciudadana deberá impulsar esa mejoría.

El costo de la exclusión internacional

Juárez Castro calificó como lamentable la expulsión y sostuvo que envía un mensaje a la comunidad internacional sobre la situación de la justicia mexicana.

En su opinión, la decisión refleja que “no hay una salvaguarda y defensa de la independencia del Poder Judicial”.

Recordó que la Unión Internacional de Magistrados data de 1953 y reúne a asociaciones de magistrados y jueces cuyo propósito central es garantizar, salvaguardar y defender la independencia judicial en el mundo.

Entre sus postulados, mencionó la apoliticidad y la defensa de la carrera judicial.

El exjuzgador señaló que la exclusión implica un desprestigio para México, “un veto de la reputación en relación con la forma de llevar a cabo la actividad jurisdiccional a nivel global”.

Añadió que la Conatrib pierde voz y voto en las sesiones de la asociación, así como espacios de participación en el intercambio de buenas prácticas profesionales, capacitaciones y programas para el desarrollo de la función jurisdiccional.

Para Juárez Castro, la decisión también cuestiona la postura que asumió la organización mexicana frente a la reforma.

Sostuvo que, en lugar de encabezar una defensa de la autonomía y la carrera judicial, la Conatrib respaldó una modificación que, desde su perspectiva, tuvo fines políticos y no estuvo orientada a mejorar la impartición de justicia.

Afirmó que el propósito fue subordinar al Poder Judicial a la voluntad de los otros dos poderes.

La carrera judicial como garantía

Al referirse a Chihuahua, Juárez Castro señaló que la renovación de la totalidad de los cargos judiciales mediante elección popular desplazó a los jueces de carrera.

Consideró que una de las garantías que conserva la comunidad es que algunos de los nuevos juzgadores cuentan con experiencia previa en la carrera judicial y lograron permanecer mediante el proceso electoral.

Son quienes, dijo, “dan luz, dan garantía a la manera de ejercer esta función tan loable”.

“No digo tampoco que los demás no puedan tener esta ética, pero el atender a intereses de partido, el atender a intereses ajenos a la función jurisdiccional, pues genera ausencia de autonomía y lesión de derechos humanos”, expresó.

También cuestionó el papel de los órganos de disciplina, al considerar que pueden convertirse en instrumentos de presión contra los juzgadores.

“Actualmente, lamentablemente vemos cómo es que, por temor a las represalias, ya de persecución que trae la misma reforma, porque ponen a entes políticos también —como son los órganos de disciplina— a perseguir a juzgadores que actúan contra el régimen, contra la clase política existente”, indicó.

A su juicio, ese temor lesiona la autonomía necesaria para resolver los asuntos con conocimiento y convicción.

Cuestiona la preparación de jueces y legisladores

Juárez Castro sostuvo que la reforma debió establecer filtros rigurosos de conocimientos para acceder a los cargos judiciales.

Criticó que la Conatrib se limitara a exigir que los futuros juzgadores fueran abogados, sin defender la carrera judicial ni impulsar mecanismos previos de evaluación, como exámenes rigurosos.

Añadió que la exigencia de preparación también debería alcanzar a diputados y senadores.

“¡Cómo es posible que personas que alcanzan un escaño para crear y modificar leyes desconozcan totalmente el proceso legislativo!”, expresó.

Cuestionó que en las tribunas legislativas predominen las agresiones, las descalificaciones y los insultos sobre la discusión de las consecuencias que una ley tendrá para la comunidad.

También rechazó que el argumento de la soberanía popular se utilice para justificar el debilitamiento de los contrapesos.

Al referirse a los artículos 39 y 41 de la Constitución, sostuvo que el ejercicio de la soberanía debe entenderse mediante los tres poderes de la Unión, no únicamente a través de uno o dos.

Dentro de ese equilibrio, insistió, el Poder Judicial debe contener el desborde de los otros poderes y aplicar las leyes con base en el orden jurídico y la protección de los derechos humanos.

Una advertencia que llega hasta los tribunales

Para Juárez Castro, la expulsión de la Conatrib representa un señalamiento internacional sobre el rumbo del país y el debilitamiento de las garantías judiciales.

“Vamos por un camino hacia tipos de gobiernos absolutistas, donde el contrapeso de los poderes se está desvaneciendo a pasos acelerados y hasta ahorita no lo dimensiona la comunidad, hasta en tanto no se vean involucrados en un proceso jurisdiccional que afecte a sus familias, a sus derechos”, afirmó.

Consideró que la Conatrib, al no encabezar una defensa de la autonomía judicial, pasó a formar parte del mismo problema.

Advirtió, además, que este tipo de pronunciamientos puede tener repercusiones económicas y afectar las evaluaciones internacionales de México.

El costo más cercano para la ciudadanía, insistió, está en los tribunales: en la posibilidad de que la persona encargada de resolver sobre sus derechos lo haga bajo intereses o presiones ajenos a la justicia.