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El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, cuestionó el uso de la justicia federal en el contexto de la aprehensión del exfiscal César Jáuregui y acusó a Morena de impulsar acciones judiciales con fines políticos.

Bonilla rechazó la acusación de traición a la patria que, según señaló, el Gobierno federal pretende imputar al exfiscal, al considerar que carece de fundamento y resulta desproporcionada.

El presidente municipal aclaró que corresponde a los jueces determinar la legalidad de los procesos y las responsabilidades de las personas involucradas. Sin embargo, pidió respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.

Aseguró que defender estas garantías no significa proteger a funcionarios ni impedir que las autoridades sancionen a quienes resulten responsables, sino garantizar que la ley se aplique por igual.

Bonilla también acusó a Morena de utilizar los procesos judiciales para desviar la atención de problemas como las desapariciones forzadas, los desplazamientos, la violencia, la corrupción y las deficiencias del sistema de salud.

“¿Quieren hablar de traición a la patria? Traición a la patria es no combatir al narco ni desarticularlos”, declaró.

En sus señalamientos, el alcalde acusó al oficialismo de presuntos pactos con grupos criminales, huachicol fiscal y protección a funcionarios cuestionados. Además, mencionó los casos de Baja California y Sinaloa para contrastar las acciones de las autoridades en Chihuahua con las del Gobierno federal.

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“Mientras en Chihuahua se actúa, allá a los suyos los protegen”, sostuvo.

El alcalde también rechazó lo que calificó como montajes y amenazas desde el poder federal, y aseguró que esos señalamientos no intimidarán a los habitantes del estado.

Al cierre de sus declaraciones, Bonilla llamó a la ciudadanía y a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) a mantener la unidad. Afirmó que Chihuahua debe anteponerse a los intereses personales y políticos, y señaló que la prioridad debe ser la tranquilidad de las familias, el fortalecimiento de las instituciones y el futuro de la entidad.

“Chihuahua no se entrega, no se negocia y no se rinde. Chihuahua se defiende. Y lo vamos a defender juntos”, concluyó.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, sostuvo que la orden de aprehensión estatal contra el exfiscal César Jáuregui fue una decisión de la Fiscalía de Chihuahua y rechazó atribuírsela a la gobernadora Maru Campos.

En entrevista con medios nacionales, respondió a los señalamientos del abogado y la esposa del exfuncionario, quienes acusaron de traición a la mandataria tras la detención.

“Maru es la Gobernadora de Chihuahua pero no es la fiscal”, expresó Romero, quien aclaró que no tiene conocimiento de que la captura haya respondido a una instrucción de ella.

El líder panista aseguró que Campos no le informó previamente sobre la orden de aprehensión y argumentó que los asuntos de procuración de justicia no deben compartirse con los partidos.

Romero distinguió la investigación estatal de la causa abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), que acusa al exfuncionario de presunta traición a la patria.

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Aunque sostuvo que cualquier persona que cometa un acto ilegal debe responder ante la justicia, calificó la imputación federal como un exceso y acusó a Morena de aprovechar la detención local para politizar el caso.

“¿Por qué si las cosas que se le atribuyen son desde abril, se esperan hasta ahorita? No entendemos”, cuestionó.

Consultado sobre si el PAN pediría la liberación de Jáuregui, evitó asumir ese compromiso y señaló que estarán atentos al desarrollo de las investigaciones, particularmente de la carpeta estatal.

“Guardaremos prudencia, en el sentido de ver cómo evolucionan las cosas”, indicó.

Romero reiteró el respaldo del PAN a Campos en su labor de gobierno y en el combate al narcotráfico, e insistió en que la decisión de proceder contra el exfiscal correspondió a la Fiscalía estatal.

Lo que se sabe de la detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno es que hay un procedimiento local en el que se reconoció la responsabilidad del Gobierno del Estado de Chihuahua, señaló la delegada de programas del Bienestar, Mayra Chávez Jiménez.

Esto significa -agregó- que en realidad coadyuvaron para la intromisión de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Cuestionada sobre las manifestaciones de algunos miembros del PAN en la ciudad de Chihuahua, pidiendo la liberación del exfuncionario, Chávez Jiménez atajó que, como funcionarios públicos, deben ser muy cuidadosos sobre los comentarios que hacen.

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“Si tenemos este cargo en este momento, en este caso, su servidora en la Delegación de Programas del Bienestar, debemos ser muy responsables respecto a eso y no dejarse guiar por temas únicamente políticos, que están queriendo tergiversar las cosas”, alertó.

Hizo referencia a lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la mañana de este lunes en cuanto a que a Jáuregui Moreno lo detuvo la misma Fiscalía estatal, y que fue esta la instancia que señaló que el exservidor público tuvo responsabilidad “en aquellos hechos tan lamentables que ocurrieron”.

Chávez Jiménez recordó que ella, desde un primer momento, señaló que había procedimientos y formas de hacer las cosas. Esas formas no se cumplieron cuando se llevó a cabo la visita al laboratorio en El Pinal, Morelos, en abril de este año, remató.

“Los chihuahuenses -dijo- debemos seguir muy atentos a este tema, porque nos involucra a todos, involucra la propia soberanía del país y del Estado”.

Agregó que es indispensable el respeto a los procesos judiciales que se estén siguiendo, poner mucha atención a lo que se está llevando a cabo y ser muy responsables sobre comentarios que se hagan desde el servicio público.

Lo que ocurrió en la sierra de El Pinal, con la participación de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos, es un amuestra de que hay Gobiernos que le apuestan al intervencionismo, criticó.

Lo que sucedió es una muestra de que hay otros Gobiernos “que no piensan igual que nosotros y que le apuestan al intervencionismo, contra lo que nosotros pensamos que es la soberanía”, agregó.

“Nadie que sirva o que haya servido en mi Gobierno, nadie está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie. Vamos a seguir combatiendo el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, con la mayor colaboración y cooperación posible con el Gobierno de México y con nuestros socios estratégicos y siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de todo este gran estado de Chihuahua”, enfatizó la gobernadora Maru Campos.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la mandataria estatal rompió el silencio en torno a las órdenes de aprehensión que se ejecutaron este fin de semana en contra del exfiscal general del Estado César Gustavo J. M.

Recordó que, desde que se iniciaron las investigaciones, anunció que se abstendría de emitir cualquier pronunciamiento. Al haber concluido su etapa inicial y derivado en la judicialización del caso por delitos del fuero común, optó por hablar sobre el asunto, subrayando que la cooperación con autoridades de otros países es legítima, pero debe hacerse con total apego a la ley.

Aseveró que durante su mandato toda relación binacional se había encaminado conforme a lo que exige la Constitución; es decir, por medio de las secretarías estatal y federal de Seguridad. “Así actúa mi Gobierno y así lo exigiré a todas las instituciones a mi cargo”, dijo.

Precisó que la Fiscalía General de la República ha judicializado una causa distinta en el ámbito de su competencia, de acuerdo con sus propias investigaciones, por lo que garantizó que Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que requiera la Federación.

Asimismo, detalló que el pasado 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad Pública federal para tratar el asunto del operativo de El Pinal, Morelos, en Chihuahua, anunció la creación de una unidad especializada en la Fiscalía General del Estado para garantizar la mayor transparencia y claridad sobre los acontecimientos.

Con ese acuerdo, se otorgó el mandato expreso de investigar y analizar la posible comisión de delitos o faltas graves por parte de personas servidoras públicas y deslindar responsabilidades, todo esto en coordinación con los órdenes de Gobierno.

De tal forma, la gobernadora Maru Campos dejó en claro las atribuciones y competencias que se le otorgaron a la unidad especializada y la apertura para seguir colaborando con la Federación en caso de ser necesario, ahora que el acusado se encuentra interno en el reclusorio de máxima seguridad El Altiplano.