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Cuauhtémoc.- Un grupo de familias originarias del municipio de Moris, desplazadas por la delincuencia organizada, fue expulsado de un fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado (PCE) ubicado en Cuauhtémoc por personal de la Policía Municipal, a petición de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi), organismo del Gobierno del Estado, y de representantes de la empresa AGH.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 26 y la mañana del 27 de octubre, cuando las personas desplazadas que recién habían llegado a Cuauhtémoc ocuparon una casa abandonada del fraccionamiento de PCE, el cual ya ha sido vendido a la inmobiliaria AGH por la Coesvi.

Según la versión ofrecida por Víctor Quintana, coordinador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), las familias ingresaron a la casa para guarecerse de la lluvia que comenzaba a caer y para pasar la noche del 26 al 27 de octubre.

Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, representantes de la empresa se presentaron en el lugar acompañados de agentes de la Policía Municipal para exigirles que dejaran la casa y salieran del fraccionamiento “porque es propiedad privada”, dijeron.

“Les dijimos que la vía pública no es propiedad privada, por lo que no tenían facultades para expulsarnos del lugar”, comentó Quintana.

El coordinador de Cosyddhac señaló que los desplazados no buscan que les regalen casas, sino que el Gobierno les proporcione un lugar donde vivir “sin que sea gratis”, ya que pagarían un precio justo por el inmueble.

Asimismo, comentó que el titular de la Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, ofreció buscar una solución al problema mediante la entrega de lotes fraccionados, a lo que los desplazados agregaron que, de ser el caso, requerirían materiales de construcción.

Quintana informó que continuarán las movilizaciones de los desplazados para pedir a los gobiernos de todos los órdenes que tomen acciones para atender esa problemática y no dejarlos “a la buena de Dios”.

La defensa del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, apeló la resolución judicial que lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público en el caso estatal, al argumentar que no existen pruebas suficientes para acreditar que conoció, autorizó o participó en los hechos que se le imputan.

El abogado Edgar Oswaldo Torres Sandoval presentó el recurso dentro de la causa penal 3055/2026 contra la resolución emitida el pasado 22 de octubre por un juez de primera instancia en materia penal del Distrito Morelos.

Esta apelación corresponde al proceso del fuero común, distinto de la causa federal que enfrenta Jáuregui por presunta traición a la patria.

En el escrito, la defensa plantea siete agravios relacionados con la valoración de las pruebas, la falta de precisión sobre las conductas atribuidas al exfiscal y la insuficiencia de los argumentos judiciales para justificar su vinculación a proceso.

Uno de los principales cuestionamientos es que el juez habría atribuido conocimiento y responsabilidad a Jáuregui a partir de reuniones institucionales, relaciones jerárquicas y actuaciones de otros funcionarios, sin identificar una conducta concreta que demuestre su intervención en los hechos investigados.

“La anuencia que se atribuya a otros funcionarios no puede transferirse a Jáuregui por la sola posición de superior jerárquico”, sostiene la defensa en el recurso.

Los abogados también cuestionan la valoración de las entrevistas de diversos agentes sobre la presencia de personas extranjeras en los operativos. Argumentan que la resolución no distingue adecuadamente entre quienes tuvieron conocimiento directo de los hechos y quienes únicamente recibieron información de terceros.

A juicio de la defensa, la coincidencia de testimonios sobre la participación de extranjeros en esos operativos no demuestra, por sí misma, que Jáuregui conociera su intervención o hubiera autorizado sus actividades.

Otro de los agravios se refiere a las reuniones privadas entre funcionarios, cuya existencia —sostiene el escrito— no permite concluir automáticamente que en ellas se impartieron instrucciones ilegales.

“La privacidad de un encuentro puede explicar que no existan observadores, pero no revela qué se dijo ni convierte una reunión ordinaria en autorización delictiva”, señala el documento.

La defensa también advierte que la cantidad de testimonios recabados y la amplitud de las investigaciones no sustituyen la obligación de acreditar elementos específicos que relacionen al imputado con las conductas bajo investigación.

“La extensión de una investigación no determina su suficiencia respecto de una proposición particular. Puede existir información abundante sobre terceros y persistir una insuficiencia sobre la intervención del imputado”, expone el recurso.

Asimismo, los abogados cuestionan que la resolución judicial no explique suficientemente de qué manera las actuaciones atribuidas a otros servidores públicos podrían configurar una participación conjunta de Jáuregui en el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

El recurso incluye objeciones sobre las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que no se desarrollaron de manera adecuada los argumentos jurídicos relativos a la intervención de las autoridades investigadoras.

Con base en estos señalamientos, la defensa solicitó que se declaren fundados los agravios y se revoque la vinculación a proceso dictada el 22 de octubre.

“Yo, más puesto que un calcetín”, fue lo que externó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Santiago De la Peña, respondiendo a las especulaciones que se han hecho en relación a su aspiración a la alcaldía de Chihuahua.

En los últimos días, comenzaron a circular versiones que aseguraban que “bajarían” de la contienda interna del PAN a De la Peña Grajeda ante la crisis que se tiene por la próxima definición del coordinador municipal.

“A mí no me sube ni me baja nadie, es una aspiración personal”, respondió el secretario a esas especulaciones recalcando que se mantiene atento al proceso que se desarrolla para poder elegir al que será el candidato.

“Mi deseo es seguir sirviendo a Chihuahua y yo lo que estoy esperando es que el propio Partido Acción Nacional defina cuáles son los canales sobre los que se van a presentar este tipo de aspiraciones. Una vez que suceda, yo voy a refrendar mi aspiración”, expresó.

En ese sentido, insistió que hoy lo que se tiene que hacer es esperar a que la convocatoria siga su curso y la dirigencia manifieste lo que se va a desarrollar en los meses siguientes, pues hace un par de semanas se comentó que en cinco municipios, incluído Chihuahua, a inicios de noviembre se definiría al coordinador; empero, con el proceso que lleva el exfiscal, César Jáuregui, se notificó que esperarán más tiempo, aunque no ha habido declaraciones oficiales por parte de las dirigencias.

“El Gobierno Federal debe atender de manera inmediata y ofrecer soluciones justas, responsables y efectivas a las demandas de los transportistas del país, cuyas protestas son legítimas ante las difíciles condiciones de inseguridad y los elevados costos de operación que enfrenta el sector”, expresó el diputado federal por el PRI,  Alejandro Domínguez.

Lo anterior, ante las movilizaciones y protestas realizadas a nivel nacional por transportistas, quienes exigen frenar los incrementos del diésel, fortalecer la seguridad en las carreteras federales y poner fin a presuntos abusos de autoridad, extorsiones y retenes ilegales que afectan directamente su actividad económica.

El también dirigente priista, catalogó como inadmisible que miles de trabajadores tengan que salir diariamente a las carreteras exponiendo su integridad física, su patrimonio e incluso su propia vida ante la inseguridad que prevalece en los tramos carreteros.

“Las demandas de los transportistas son legítimas y deben ser escuchadas. Nadie puede trabajar en condiciones inseguras ni vivir con el temor permanente de ser víctima de la delincuencia. El Gobierno Federal tiene la obligación de garantizar la seguridad, proteger el patrimonio de los trabajadores y ofrecer soluciones reales a esta problemática”, expresó el priista.

Agregó que el incremento en el precio del diésel representa igualmente un duro golpe para la economía del sector transportista, pues eleva considerablemente los costos de operación y termina impactando en los precios de productos, mercancías y servicios que diariamente consumen millones de familias mexicanas.

Lamentó que las autoridades no estén atendiendo las denuncias relacionadas con presuntos actos de extorsión, abusos de poder e instalación de retenes ilegales que abonan a la inseguridad que atraviesan en las carreteras del país.

Recalcó que el autotransporte de carga constituye uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, al garantizar el traslado de alimentos, medicamentos, materias primas y mercancías indispensables para el funcionamiento de las actividades productivas y comerciales.

“No podemos permitir que quienes diariamente mueven la economía de México sean abandonados a su suerte. Se necesitan carreteras seguras, combustibles a precios accesibles y autoridades que protejan a los ciudadanos, no que representen una carga adicional para quienes trabajan honestamente”, concluyó.

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