Chihuahua se suma a la lista de entidades federativas donde las empresas de Grupo México han causado sucesos con consecuencias humanas y ambientales graves, sin que las autoridades apliquen sanciones a los responsables.
El 3 de septiembre de 2024, un convoy de seis carro-tanques de Ferromex, filial de Grupo México, se descarriló en el municipio de Villa Ahumada, a pocos kilómetros de la zona urbanizada y de los bancos de arena de Samalayuca.
Este hecho provocó el derrame de 53 mil litros de ácido sulfúrico y una cantidad considerable de cloro, según un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado meses después del suceso.
Además del daño ecológico, cuatro personas que viajaban como migrantes indocumentadas en el tren resultaron gravemente heridas, una de las cuales perdió una pierna, mientras que un niño perdió la vida.
De acuerdo con el decreto LXVIII/PPACU/0030/2024 I P.O. del Congreso del Estado, el Ejército informó que, tras el incidente, se activó el Plan DN-III y la Guardia Nacional cercó el área.
Sin embargo, el 13 de febrero de 2025, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), declaró que no tenía registros del suceso.
El decreto del Congreso de Chihuahua solicitaba a la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que informaran sobre el “estudio de Caracterización”, la magnitud del derrame y los planes de remediación.
En su respuesta, la Semarnat indicó que la Subdirección Técnica de la Dirección Local en Chihuahua no cuenta con expedientes físicos o digitales del mencionado estudio, ni con datos sobre el derrame ocasionado por Ferromex.
Además, no se encontraron antecedentes de procedimientos sancionatorios relacionados con el caso.
Una mancha más al expediente
Según el Grupo Parlamentario de Morena, Grupo México y su filial, Ferromex, tienen un largo historial de incidentes y desastres ambientales que, hasta la fecha, no han sido sancionados.
Entre 1999 y 2019, se registraron al menos 10 sucesos en diversos puntos del país, con saldos de heridos, fallecidos y derrames tóxicos al medio ambiente.
Estos hechos ocurrieron durante los gobiernos de Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox y Felipe Calderón (PAN), y Enrique Peña Nieto (PRI).
No obstante, los últimos desastres ambientales sin consecuencias para el consorcio han ocurrido durante la llamada Cuarta Transformación.
En mayo de 2019, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mina San Martín, en Zacatecas, propiedad de Grupo México, derramó 20 mil litros de sedimentos con cianuro, sulfato de cobre y sulfato de zinc en un río de la comunidad de Sombrerete, que abastece a campos agrícolas de la zona.
En julio de 2019, también bajo la administración de López Obrador, el mismo grupo vertió 3 mil litros de ácido sulfúrico en Guaymas, Sonora, que llegaron al Mar de Cortés, uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del mundo y hogar de la vaquita marina, especie en peligro de extinción.
Ahora, el suceso en Villa Ahumada ocurrió tres días después del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Por lo visto, este caso también quedará impune.
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