“El Gobierno Federal debe atender de manera inmediata y ofrecer soluciones justas, responsables y efectivas a las demandas de los transportistas del país, cuyas protestas son legítimas ante las difíciles condiciones de inseguridad y los elevados costos de operación que enfrenta el sector”, expresó el diputado federal por el PRI, Alejandro Domínguez.
Lo anterior, ante las movilizaciones y protestas realizadas a nivel nacional por transportistas, quienes exigen frenar los incrementos del diésel, fortalecer la seguridad en las carreteras federales y poner fin a presuntos abusos de autoridad, extorsiones y retenes ilegales que afectan directamente su actividad económica.
El también dirigente priista, catalogó como inadmisible que miles de trabajadores tengan que salir diariamente a las carreteras exponiendo su integridad física, su patrimonio e incluso su propia vida ante la inseguridad que prevalece en los tramos carreteros.
“Las demandas de los transportistas son legítimas y deben ser escuchadas. Nadie puede trabajar en condiciones inseguras ni vivir con el temor permanente de ser víctima de la delincuencia. El Gobierno Federal tiene la obligación de garantizar la seguridad, proteger el patrimonio de los trabajadores y ofrecer soluciones reales a esta problemática”, expresó el priista.
Agregó que el incremento en el precio del diésel representa igualmente un duro golpe para la economía del sector transportista, pues eleva considerablemente los costos de operación y termina impactando en los precios de productos, mercancías y servicios que diariamente consumen millones de familias mexicanas.
Lamentó que las autoridades no estén atendiendo las denuncias relacionadas con presuntos actos de extorsión, abusos de poder e instalación de retenes ilegales que abonan a la inseguridad que atraviesan en las carreteras del país.
Recalcó que el autotransporte de carga constituye uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, al garantizar el traslado de alimentos, medicamentos, materias primas y mercancías indispensables para el funcionamiento de las actividades productivas y comerciales.
“No podemos permitir que quienes diariamente mueven la economía de México sean abandonados a su suerte. Se necesitan carreteras seguras, combustibles a precios accesibles y autoridades que protejan a los ciudadanos, no que representen una carga adicional para quienes trabajan honestamente”, concluyó.
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