La defensa del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, apeló la resolución judicial que lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público en el caso estatal, al argumentar que no existen pruebas suficientes para acreditar que conoció, autorizó o participó en los hechos que se le imputan.
El abogado Edgar Oswaldo Torres Sandoval presentó el recurso dentro de la causa penal 3055/2026 contra la resolución emitida el pasado 22 de octubre por un juez de primera instancia en materia penal del Distrito Morelos.
Esta apelación corresponde al proceso del fuero común, distinto de la causa federal que enfrenta Jáuregui por presunta traición a la patria.
En el escrito, la defensa plantea siete agravios relacionados con la valoración de las pruebas, la falta de precisión sobre las conductas atribuidas al exfiscal y la insuficiencia de los argumentos judiciales para justificar su vinculación a proceso.
Uno de los principales cuestionamientos es que el juez habría atribuido conocimiento y responsabilidad a Jáuregui a partir de reuniones institucionales, relaciones jerárquicas y actuaciones de otros funcionarios, sin identificar una conducta concreta que demuestre su intervención en los hechos investigados.
“La anuencia que se atribuya a otros funcionarios no puede transferirse a Jáuregui por la sola posición de superior jerárquico”, sostiene la defensa en el recurso.
Los abogados también cuestionan la valoración de las entrevistas de diversos agentes sobre la presencia de personas extranjeras en los operativos. Argumentan que la resolución no distingue adecuadamente entre quienes tuvieron conocimiento directo de los hechos y quienes únicamente recibieron información de terceros.
A juicio de la defensa, la coincidencia de testimonios sobre la participación de extranjeros en esos operativos no demuestra, por sí misma, que Jáuregui conociera su intervención o hubiera autorizado sus actividades.
Otro de los agravios se refiere a las reuniones privadas entre funcionarios, cuya existencia —sostiene el escrito— no permite concluir automáticamente que en ellas se impartieron instrucciones ilegales.
“La privacidad de un encuentro puede explicar que no existan observadores, pero no revela qué se dijo ni convierte una reunión ordinaria en autorización delictiva”, señala el documento.
La defensa también advierte que la cantidad de testimonios recabados y la amplitud de las investigaciones no sustituyen la obligación de acreditar elementos específicos que relacionen al imputado con las conductas bajo investigación.
“La extensión de una investigación no determina su suficiencia respecto de una proposición particular. Puede existir información abundante sobre terceros y persistir una insuficiencia sobre la intervención del imputado”, expone el recurso.
Asimismo, los abogados cuestionan que la resolución judicial no explique suficientemente de qué manera las actuaciones atribuidas a otros servidores públicos podrían configurar una participación conjunta de Jáuregui en el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
El recurso incluye objeciones sobre las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que no se desarrollaron de manera adecuada los argumentos jurídicos relativos a la intervención de las autoridades investigadoras.
Con base en estos señalamientos, la defensa solicitó que se declaren fundados los agravios y se revoque la vinculación a proceso dictada el 22 de octubre.
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