Francisco Garduño Yáñez negó haber sido omiso y atribuyó a dos migrantes venezolanos el origen del incendio que dejó 40 muertos y 27 personas con lesiones de gravedad en la estación migratoria Lerdo, el 27 de marzo de 2023.
“Se acabó un proceso largo de inocencia. Yo estaba a 1,800 kilómetros de distancia y jamás fui omiso en una desgracia de esta naturaleza”, afirmó el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) al salir de la audiencia en la que se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del proceso en su favor.
El actual funcionario de la Secretaría de Educación Pública sostuvo que la resolución del juez de control, Víctor Manlio Hernández Calderón, ratifica el cumplimiento de las condiciones que le impuso la autoridad judicial en la causa penal 237/23.
Al referirse al origen de la tragedia, responsabilizó a los dos migrantes venezolanos que enfrentan un proceso penal por estos hechos.
“Lamentablemente la conducta dolosa de dos venezolanos que quemaron unas colchonetas hace que las cosas se pongan difíciles. No es posible ante esas conductas dolosas que se pervierta la seguridad y la protección civil”.
Garduño aseguró que, a lo largo del proceso, “había sido respetuoso de los derechos humanos” y afirmó haber recorrido en múltiples ocasiones las unidades administrativas del INM.
También defendió la respuesta institucional después del incendio: destacó la atención médica, el alojamiento para los familiares y las indemnizaciones de entre 3.5 y 6 millones de pesos a los afectados.
“Yo pedí perdón públicamente y ahorita me disculpo, les dije que yo solicitaba que me perdonaran con mucho respeto”, afirmó.
Defensa sostiene que se cumplieron las condiciones
Su defensor particular, Rodolfo Pérez Velázquez, explicó que la resolución extingue la acción penal contra Garduño y prácticamente tiene los mismos efectos de una sentencia absolutoria.
Según el abogado, se acreditaron tanto el pago de las indemnizaciones cuantificadas por la autoridad como el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional.
Ante la inconformidad de las víctimas y de su representación legal sobre la suficiencia de la reparación económica, sostuvo que ese debate ya había concluido.
“El debate sobre la suspensión condicional quedó cerrado en audiencias previas, por lo que en esta jornada únicamente se evaluó el cumplimiento técnico de las condiciones fijadas. Existen otras vías procesales para reclamar mayores montos de indemnización”, señaló.
El litigante justificó que el Estado mexicano pagara las indemnizaciones al señalar que la migración es un problema global. Calificó la actuación gubernamental como inédita en este tipo de hechos y planteó una “responsabilidad compartida” con los países de origen.
Durante sus argumentos ante el juez de control, puntualizó que lo ocurrido en la estación migratoria había sido “responsabilidad del Estado mexicano”.
Víctimas denuncian fraude procesal y anuncian impugnaciones
La representación de las víctimas rechazó la resolución. Marco Zavala, representante de la Fundación para la Justicia y asesor jurídico de 20 víctimas, anunció que continuarán impugnando mediante recursos de apelación y juicios de amparo.
El abogado enfatizó que tanto las víctimas representadas por su asesoría como aquellas que reciben asesoría pública se opusieron a que el juez diera por cumplidas las condiciones. Entre sus señalamientos estuvo la falta de atención médica adecuada, tanto en México como en sus países de origen.
“Todas las víctimas se opusieron a que se dieran por cumplidas todas las condiciones impuestas por el juez Hernández Calderón. Inclusive se le comentó que todavía se cerraba la investigación complementaria y que como en el caso de las personas que estuvieron físicamente todavía se podía vincular por más delitos”, comentó.
Zavala afirmó que Garduño “siempre ha sido protegido por el sistema jurídico penal” y acusó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los jueces de control de incurrir en una “simulación y fraude procesal”.
También presentó un documento con el que aseguró que cerca del 80 por ciento de las estancias migratorias del país siguen sin cumplir las medidas básicas de protección civil y derechos humanos. Como ejemplo, citó el caso reciente de la estancia en Janos.
Precisó que la resolución no está firme, pues existen 13 juicios de amparo en trámite, uno de ellos contra la aprobación de la suspensión condicional. De obtener un fallo favorable en los tribunales colegiados, explicó, el procedimiento tendría que reponerse o revocarse.
Sin embargo, lamentó la incertidumbre sobre el tiempo que tardarán en resolverse esos recursos tras la reforma al Poder Judicial realizada el año pasado. Hasta el momento, señaló, ni siquiera tienen certeza de qué tribunal colegiado resolverá los amparos de manera definitiva.
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