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La audiencia intermedia de 350 expedientes del caso de fraude cometido por la empresa Aras Business Group fue diferida por un mes y medio más, informó la juez del caso, Abigail Sosa, por lo que será hasta el primero de junio cuando se lleve a cabo.

Felipe Acosta, abogado defensor de las víctimas, declaró que el diferimiento es parte de las tácticas dilatorias que forman parte de la estrategia de la defensa de los imputados.

El abogado comentó a Norte de Chihuahua que las víctimas se sienten “molestas y enojadas” ya que ni la Fiscalía General del Estado ni el Tribunal Superior de Justicia les informaron que no era necesaria su presencia.

Tampoco se les dio información sobre la postergación de la audiencia ni detalles sobre la próxima, la cual al parecer también se pospondrá nuevamente, indicó el abogado.

Esta situación se suscitó por la gran cantidad de amparos que los imputados presentaron como parte de sus recursos de defensa.

Esta audiencia fue una de las dos que se llevaron a cabo este 18 de abril, la primera inició a las 8:00 horas y fue suspendida para que se diera la audiencia intermedia, la cual fue pospuesta hasta el mes de junio.

Dentro de la primera audiencia se tenían un compendio de más 400 carpetas correspondientes al fraude de la empresa Aras Business Group.

El Ministerio Público presentó, nuevamente, una solicitud para diferir la audiencia intermedia del proceso que se sigue contra el exgobernador César D.J., para el 24 de abril de este año a las 9:00 horas.

Esta sería la segunda ocasión se pide una prórroga en este caso, pues inicialmente estaba programada para febrero pasado.

Entre las causas que se plantearon para pedir una nueva prórroga fue que se proporcionó por parte de la defensa una memoria USB que contaba con más de 100 documentos, de los que solamente se pudo acceder a 85 archivos.

Ante esto, la juez Delia Valentina Meléndez Olivas señaló que se concedía el plazo con el fin de que se puedan presentar los archivos que puedan abrirse en su totalidad.

Dentro de la postura de los ministerios públicos señalaron que a la defensa se le otorgó dos meses de prórroga para que pudieran encontrar elementos probatorios, por lo que pidió analizar los documentos señalados.

Otro de los puntos fue que la defensa presentó una lista de tres mil testigos, de los cuales tres se encuentran muertos, situación que se tiene que analizar.

A esta situación se suma que se tiene que llevar a cabo un análisis detallado con el fin de no violar los derechos de la víctima, esto según lo previsto en el artículo 8 de los procedimientos penales, fracción 22.

La audiencia intermedia suspendida es por el caso 3041/2019 por los delitos de delito de peculado, por un monto que asciende a los 96 millones de pesos, de acuerdo a la evidencia contenida por la Fiscalía General del Estado.

Cabe señalar que, una vez que se dio la resolución los abogados solicitaron un receso de una hora con el fin de solicitar que el exgobernador lleve a cabo su proceso bajo otra medida cautelar.

El que quizá sea el caso de fraude más grande de la historia del estado de Chihuahua parece ofrecer una luz al final del túnel al avanzar con la formulación de cargos en contra de presuntos responsables.

El equipo especial asignado por la Fiscalía de Distrito Zona Centro para investigar el presunto fraude cometido por la empresa Aras Bussines Group en la ciudad de Chihuahua, presentó ante un Tribunal de Control 450 nuevas carpetas.

En la audiencia, el Ministerio Público presentó cargos penales por el daño económico causado a este grupo de inversores, que se estiman en 74 millones 46 mil 628 pesos y 332 mil 441 dólares.

Hasta el momento, la representación social con sede en Chihuahua capital, cuenta con un total de 6 mil 202 denuncias, de las cuales mil 165 se encuentran ya judicializadas, es decir, que cumplen con todos los requisitos legales necesarios para demostrar la afectación.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado detalló que como parte del compromiso para la resolución de este caso, la institución mantiene reuniones de forma periódica con los afectados y sus representantes legales, con el objetivo informarlos sobre los avances que se tienen al respecto.

El fiscal de Distrito Zona Centro, Francisco Martínez, mencionó que se trata una investigación que ha requerido un amplio trabajo.

“Es un hecho sin precedentes legales y derivado de esto, se ha solicitado la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acreditar las operaciones fraudulentas, que produjo un daño superior a los 2 mil millones de pesos”, dijo el funcionario.

Sobre el seguimiento, señaló que la estrategia para este año se enfoca en acelerar los trabajos ministeriales, para judicializar la totalidad de las carpetas de investigación antes de concluir el 2023.

Cabe señalar, que por este caso han sido vinculados a proceso: Sergio Armando G. C., Óscar Gonzalo H. M., y Diana Ivonne C. P., quienes enfrentan cargos por los delitos de fraude y asociación delictuosa en la ciudad de Chihuahua y recientemente en Hidalgo del Parral.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro continúa con la judicialización de las carpetas; en tanto, la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el lunes 13 a las 9:30 horas.

“Por ahora, los esfuerzos institucionales se centran en demostrar la responsabilidad de los involucrados y obtener los primeros fallos condenatorios, para estar en posibilidad de continuar con los procesos relacionados con la reparación del daño”, destacó el funcionario.

El exgobernador César D.J. señaló que se encuentra en riesgo de perder sus extremidades por falta de atención médica dentro del centro penitenciario, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

Durante la audiencia en la que se llevó a cabo la petición de continuar el proceso penal en su contra en arraigo domiciliario, el exmandatario exhortó al actual gobierno a que haga justicia en este caso, así como a otros integrantes de su gabinete que eran perseguidos ‘políticos’.

El priista pidió al juez que se celebre el enjuiciamiento en su contra lo más rápido posible, ya que su salud no resistiría una larga espera. Dicho lo anterior, reiteró que es inocente de lo que se le imputa.

Dentro de su declaración, el exmandatario lanzó un reto a Javier Corral a quien lo hizo responsable de lo que ocurrió en el Cereso 3, donde escaparon 30 reclusos, recalcando que estos dentro de su gestión se encontraban recluidos en un centro de máxima seguridad.

Agregó que él jamás estuvo huyendo, solamente que radicaba en Estados Unidos debido a que lo amenazó de muerte gente integrante del gabinete de Javier Corral.

Retó a Corral Jurado a dar a conocer las acciones que se llevaron a cabo dentro de ambos gobiernos, donde él considera que en su administración se llevaron a cabo más obras, esto pese a que durante la de su predecesor se gozó de un 30 por ciento más de recursos.