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El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), resolvió a favor del delegado de Bienestar en el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, el recurso de revisión 7/2023.

El funcionario federal impugnó el 21 de marzo de este año la imposición de una medida de apremio en su contra, consistente en amonestación pública, así como a la inscripción en el registro de sujetos sancionados que maneja la Secretaría Ejecutiva del IEE.

Por votación unánime de los consejeros, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal, se resolvió ordenar a la Secretaria Ejecutiva dejar sin efectos la amonestación pública y la inscripción de personas sancionadas.

En el proyecto de resolución del recurso de revisión 7/2023 promovido por Loera de la Rosa, se explicó que “del análisis de las constancias que ahondan en el expediente se puede advertir que aun y que la respuesta otorgada por el recurrente no hubiera sido la deseada por este órgano de carácter ejecutivo, sí existe un pronunciamiento por parte de la Secretaría del Bienestar”

El proyecto leído antes de la votación agrega que la justificación para la imposición del medio de apremio es contrario a lo previsto en la norma, por lo que se propuso modificar el acuerdo impugnado y que forma parte del expediente IEE-TSO-001/2023.

“Bajo esta tesitura, el agravio del recurrente se considera parcialmente fundado y suficiente para modificar el acuerdo impugnado”, concluyó el proyecto.

Todos los consejeros votaron por la modificación del acto impugnado y por ordenar a la Secretaría Técnica integrar una copia certificada de la presente determinación en el expediente IEE-PSO-001/2023.

Tras darse a conocer la aprobación para la desaparición del Insabi, autoridades estatales y federales carecen de la información del número de  personas beneficiadas con este programa nacional.

En el caso de la administración estatal, el encargado del despacho de Gobierno del Estado, Gilberto Baeza, dijo no contar con el número.

Por otra parte, el vocero de la delegación de Bienestar, Manuel del Castillo, también dijo no contar con las cifras de personas que eran atendidas por la dependencia que se creó 1 de enero de 2020 por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador y sustituyó al Seguro Popular, servicio que fundado en el 2003.

Ante esto Gilberto Baeza señaló que este es un tema administrativo-político, por lo que esperan que no se tenga un problema en el estado, ya que lo que se busca es generar condiciones para que los ciudadanos no tengan repercusiones en la salud.

“No debería de estar afectándonos en la efectiva prestación del servicio a la salud”, dijo, por lo que se buscará llevar a cabo acciones en el tema.

Por otra parte, respecto a los costos para la licitación de medicamentos, Gilberto Baeza dijo que se tiene el recurso suficiente para generar una cobertura en medicamentos.

Para ello, indicó, se tiene una aprobación de 400 millones de pesos para licitación de medicamentos tanto para Ichisal como para los Servicios Estatales de Salud.

Vemos como el Insabi se desaparece de un plumazo: Santiago de la Peña

El Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que con esta acción se vio como el Insabi “simplemente se desaparece de un plumazo”, por lo que espera que los 15 millones de personas sean atendidas.

Ya que, si cambió el Seguro Popular por el Insabi, ahora que se desaparece la figura creada en el 2020 espera que el Gobierno Federal tenga una estrategia paralela para la atención médica de los pacientes y se les garantice el acceso a la salud.

“Desconozco porque hoy se determina el fracaso del propio Insabi y la necesidad de cancelarlo, me parece que quien debe dar una explicación es la Secretaría de Salud del Gobierno Federal”, dijo el funcionario estatal.

Juan Carlos Loera debe acudir a las sesiones de la Mesa de Seguridad por su propia iniciativa y no porque se lo pida el Congreso mediante exhorto, afirmó la presidenta del Poder Legislativo, Adriana Terrazas Porras.

Luego de que el delegado de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal se ausentara de la reciente sesión de la Mesa de Seguridad, la legisladora consideró que el Congreso no debe ser la instancia que lo llame a acudir a esas sesiones.

“Me imagino yo que el delegado Juan Carlos Loera ha de tener suficiente trabajo”, dijo.

La congresista, quien pertenece formalmente al partido Morena, igual que el delegado Loera, señaló que no ha tenido conversación con el delegado, ya que afirma es respetuosa del trabajo.

Mencionó que la diputada Georgina Zapata (PRI), es quien ha tenido contacto con el delegado de Bienestar, por ser ella la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos.

Por otra parte, se le cuestionó respecto a las investigaciones con relación a la muerte de los migrantes y en particular, sobre el titular del Instituto Nacional de Migración, señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy puntual en decir que se castigará, que no habrá impunidad.

“En este caso creo que las investigaciones han estado derivando algunas detenciones. Yo confío en que no habrá impunidad”, dijo la representante del Congreso estatal.

En su sesión del 30 de marzo, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Bienestar buscar y entregar el nombre, cargo, domicilio, teléfono y extensión del secretario particular o equivalente a asesores, secretario técnico o coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría de la dependencia.

“Este recurso de la Secretaría de Bienestar demuestra el interés social por saber quiénes son los funcionarios públicos que laboran en esta secretaría federal, que es una de las dependencias con un recurso nunca antes visto en la historia. Hay que decirlo con claridad: las y los mexicanos tenemos derecho a saber quiénes son los servidores que trabajan en cualquier institución pública, sea de la Administración Pública Federal, de organismos autónomos o de cualquier nivel de gobierno. Ocultar la información de quiénes manejan estas situaciones, es caer en la opacidad”, señaló la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, al presentar el caso.

La Ccomisionada Del Río advirtió que la corrupción no solo se mide en pesos y centavos, sino que implica muchas otras acciones que pueden parecer menores, pero no lo son, como poner a determinada persona en un cargo público para el que no tenga las habilidades necesarias, lo cual no solo es auditable, sino que representa un riesgo, más en una Secretaría de ese calado.

Así, “la información que se requiere en esta solicitud permite saber quiénes son los particulares, los asesores, los coordinadores, o cualquier cargo en la Secretaría de Bienestar, y para saber si estas personas cumplen con el perfil, es necesario que el sujeto obligado -en este caso la Secretaría de Bienestar- transparente la información solicitada”, acotó.

En el caso concreto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una persona solicitó el nombre, cargo, domicilio, teléfono, extensión del secretario Particular, o su equivalente a asesores, secretario técnico o Coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría del Bienestar.

El sujeto obligado, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, señaló que no se encontraron coincidencias entre los puestos de secretario Particular o equivalente a Asesores, secretario técnico, Coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría de Bienestar y los registrados en el Sistema de Administración de Personal.

Ante la respuesta de inexistencia de la información, el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión.

En alegatos, la citada Secretaría reiteró su respuesta inicial

En el análisis realizado por la ponencia, a cargo de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se indicó que al analizar las constancias que integran el expediente y la normatividad aplicable al caso, pudo determinarse que la Secretaría del Bienestar “no cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues si bien turnó la solicitud a una unidad administrativa competente para conocer sobre lo requerido, fue omiso en turnarla a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales quienes, según sus funciones, se encuentran facultadas, respectivamente, para conocer sobre las arquitecturas y soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones, por lo que el agravio de la persona recurrente resultó fundado”, señaló.

Del Río Venegas manifestó que la información que se requiere en esta solicitud permite saber quiénes son los particulares, asesores, coordinadores o cualquier cargo dentro de la Secretaría de Bienestar, y para saber si estas personas cumplen con el perfil, es necesario que el sujeto obligado en cuestión transparente la información solicitada.

“Consolidar el Estado de Derecho implica que las instituciones debemos fortalecer los procesos de contratación y hacer revisiones constantes para evitar malas prácticas, como designar a funcionarios que no cumplen con la experiencia ni con el perfil solicitado, así como permitir la permanencia de personas que no realizan las funciones para las que fueron contratadas, pero sí devengan un sueldo, algunos casos ampliamente documentados a distintos niveles de la administración”, aseveró.

Para concluir, la Comisionada Del Río destacó que “el servicio público es pasajero, nosotros estamos de paso, pero las instituciones se quedan y tenemos que asegurar la vida laboral de las y los profesionales”.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Secretaría del Bienestar y le instruyó realizar una búsqueda amplia, razonable y exhaustiva de la información solicitada, esto es, nombre, cargo, domicilio, teléfono, extensión del secretario Particular o equivalente a Asesores, Secretario Técnico, Coordinador de Gestión, de la Secretaría de Bienestar, en todas las unidades administrativas que resulten competentes.

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