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Juan Carlos Loera debe acudir a las sesiones de la Mesa de Seguridad por su propia iniciativa y no porque se lo pida el Congreso mediante exhorto, afirmó la presidenta del Poder Legislativo, Adriana Terrazas Porras.

Luego de que el delegado de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal se ausentara de la reciente sesión de la Mesa de Seguridad, la legisladora consideró que el Congreso no debe ser la instancia que lo llame a acudir a esas sesiones.

“Me imagino yo que el delegado Juan Carlos Loera ha de tener suficiente trabajo”, dijo.

La congresista, quien pertenece formalmente al partido Morena, igual que el delegado Loera, señaló que no ha tenido conversación con el delegado, ya que afirma es respetuosa del trabajo.

Mencionó que la diputada Georgina Zapata (PRI), es quien ha tenido contacto con el delegado de Bienestar, por ser ella la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos.

Por otra parte, se le cuestionó respecto a las investigaciones con relación a la muerte de los migrantes y en particular, sobre el titular del Instituto Nacional de Migración, señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy puntual en decir que se castigará, que no habrá impunidad.

“En este caso creo que las investigaciones han estado derivando algunas detenciones. Yo confío en que no habrá impunidad”, dijo la representante del Congreso estatal.

En su sesión del 30 de marzo, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Bienestar buscar y entregar el nombre, cargo, domicilio, teléfono y extensión del secretario particular o equivalente a asesores, secretario técnico o coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría de la dependencia.

“Este recurso de la Secretaría de Bienestar demuestra el interés social por saber quiénes son los funcionarios públicos que laboran en esta secretaría federal, que es una de las dependencias con un recurso nunca antes visto en la historia. Hay que decirlo con claridad: las y los mexicanos tenemos derecho a saber quiénes son los servidores que trabajan en cualquier institución pública, sea de la Administración Pública Federal, de organismos autónomos o de cualquier nivel de gobierno. Ocultar la información de quiénes manejan estas situaciones, es caer en la opacidad”, señaló la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, al presentar el caso.

La Ccomisionada Del Río advirtió que la corrupción no solo se mide en pesos y centavos, sino que implica muchas otras acciones que pueden parecer menores, pero no lo son, como poner a determinada persona en un cargo público para el que no tenga las habilidades necesarias, lo cual no solo es auditable, sino que representa un riesgo, más en una Secretaría de ese calado.

Así, “la información que se requiere en esta solicitud permite saber quiénes son los particulares, los asesores, los coordinadores, o cualquier cargo en la Secretaría de Bienestar, y para saber si estas personas cumplen con el perfil, es necesario que el sujeto obligado -en este caso la Secretaría de Bienestar- transparente la información solicitada”, acotó.

En el caso concreto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una persona solicitó el nombre, cargo, domicilio, teléfono, extensión del secretario Particular, o su equivalente a asesores, secretario técnico o Coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría del Bienestar.

El sujeto obligado, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, señaló que no se encontraron coincidencias entre los puestos de secretario Particular o equivalente a Asesores, secretario técnico, Coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría de Bienestar y los registrados en el Sistema de Administración de Personal.

Ante la respuesta de inexistencia de la información, el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión.

En alegatos, la citada Secretaría reiteró su respuesta inicial

En el análisis realizado por la ponencia, a cargo de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se indicó que al analizar las constancias que integran el expediente y la normatividad aplicable al caso, pudo determinarse que la Secretaría del Bienestar “no cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues si bien turnó la solicitud a una unidad administrativa competente para conocer sobre lo requerido, fue omiso en turnarla a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales quienes, según sus funciones, se encuentran facultadas, respectivamente, para conocer sobre las arquitecturas y soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones, por lo que el agravio de la persona recurrente resultó fundado”, señaló.

Del Río Venegas manifestó que la información que se requiere en esta solicitud permite saber quiénes son los particulares, asesores, coordinadores o cualquier cargo dentro de la Secretaría de Bienestar, y para saber si estas personas cumplen con el perfil, es necesario que el sujeto obligado en cuestión transparente la información solicitada.

“Consolidar el Estado de Derecho implica que las instituciones debemos fortalecer los procesos de contratación y hacer revisiones constantes para evitar malas prácticas, como designar a funcionarios que no cumplen con la experiencia ni con el perfil solicitado, así como permitir la permanencia de personas que no realizan las funciones para las que fueron contratadas, pero sí devengan un sueldo, algunos casos ampliamente documentados a distintos niveles de la administración”, aseveró.

Para concluir, la Comisionada Del Río destacó que “el servicio público es pasajero, nosotros estamos de paso, pero las instituciones se quedan y tenemos que asegurar la vida laboral de las y los profesionales”.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Secretaría del Bienestar y le instruyó realizar una búsqueda amplia, razonable y exhaustiva de la información solicitada, esto es, nombre, cargo, domicilio, teléfono, extensión del secretario Particular o equivalente a Asesores, Secretario Técnico, Coordinador de Gestión, de la Secretaría de Bienestar, en todas las unidades administrativas que resulten competentes.

Aunque todavía no se cuenta con un protocolo de seguridad oficial para los alumnos, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) comenzó a generar una dinámica de visitar los lugares y conocer las necesidades que tienen los alumnos y egresados en las clínicas del Estado.

Así lo informó el rector de la UACH, Luis Rivera Campos tras recorrer algunas clínicas localizadas en comunidades aledañas al municipio de Cuauhtémoc, donde hay profesionistas de la salud ejerciendo sus prácticas profesionales y su servicio social.

Indicó que en las diversas clínicas de bienestar o clínicas de municipio escuchó el sentir de los egresados de las carreras como Medicina, Ciencias de la Salud y Enfermería.

Al finalizar el recorrido, el rector dijo que sostuvo una reunión junto con el alcalde de Cuauhtémoc, en la que le realizó varios planteamientos.

“Pedimos al presidente municipal refuerzos y rondines para poder hacer esa previsión de manera frecuente” dijo el rector.

Rivera Campos mencionó que uno de los objetivos de la creación del Hospital Universitario es que los futuros profesionistas de la salud realicen allí sus prácticas profesionales y servicio social, sin tener que viajar a otras poblaciones donde haya riesgo.

Como parte del proyecto, dijo, próximamente viajarán a la ciudad de Mérida, Yucatán, para conocer las instalaciones del hospital universitario del lugar, específicamente en el área administrativa.

Productores agrícolas procedentes de diversos municipios de la entidad llevaron a cabo una “megamarcha” que recorrió la ciudad de oeste a este y que realizó varios plantones en demanda de subsidios y apoyos del Gobierno Federal, para adquirir diésel a bajo precio y para comprar de fertilizantes.

El contingente llegó desde el poniente, por la avenida Zarco, e hizo un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno Federal.

Después de plantear sus demandas e interrumpir el tráfico vehicular durante varios minutos, continuó su paso a lo largo de la avenida Cuauhtémoc; siguió por la Aldama y paró en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno.

Posteriormente, continuaron por la misma Aldama hasta llegar a la avenida Carlos Pacheco y de ahí dirigirse a las oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en esa vialidad.

Jesús Emiliano García, uno de los líderes manifestantes, dijo que siguen en espera de la respuesta, ya sea de la Sader o de Bienestar, dado que no han recibido respuesta a sus peticiones.

“Estamos abandonados por la política federal”, expresó el manifestante durante el plantón frente a la Sader.

Rogelio Olvera García, delegado de la Sader en el estado, recibió a una comisión y dijo que dará su respaldo para que se les dé una cita en las oficinas centrales de esa dependencia federal.

Después de esa parada, continuaron hasta al Palacio de Gobierno y de ahí a la Delegación de la Secretaría del Bienestar, donde fueron recibidos Rafael Mata Márquez, subdelegado de Desarrollo Social y Humanos a quien le expusieron sus propuestas.

En esa parada, los demandantes dejaron tres canastos que contenían maíz, frijol y avena.

En esa reunión, Emiliano García le expuso a Mata Márquez la intención de los agricultores para producir 20 mil toneladas de maíz y se erradique la idea de importar este grano; también buscan generar 10 mil toneladas de avena que a su vez ayuda a contar con carne huevo y leche.

El subdelegado de Desarrollo Social y Humanos les ofreció gestionar una reunión con funcionarios de Bienestar en la ciudad de México para que escuchen sus demandas.