Tras casi cuatro años de permanecer en prisión, dos de ellos en Estados Unidos, el exgobernador de Chihuahua, César D.J., acusado de desvío fondos públicos para financiar campañas del PRI, entre otros cargos de corrupción, finalmente pudiera ver la luz del sol, al haberse aprobado el cese de la prisión preventiva.
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Ante el incremento en prácticamente todo el país del llamado “cobro de piso” que lo mismo afecta a comerciantes ambulantes, taquerías, tortillerías, transportistas, aguacateros, limoneros y grandes industrias, el Senado de la República analiza una reforma para tipificarlo como delito y sancionar con 12 años de cárcel a quienes lo cometan.
La iniciativa de reforma fue presentada por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, quien expuso que se debe considerar el cobro de derecho de piso como actos de la delincuencia organizada e imponer de ocho a 12 años de prisión a quien cometa este tipo de ilícitos.
La legisladora del PT comentó que se trata de una práctica desleal que ha institucionado el crimen organizado en el país, lo cual genera un ambiente de miedo, violencia e inseguridad en la sociedad, además de obstaculizar el desarrollo económico y social de las personas.
Destacó que esta actividad viola los derechos humanos de las personas, lo cual afecta su derecho al trabajo y a la libertad para ejercer la profesión, industria y el comercio.
En el proyecto que se analiza en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la legisladora plantea que un elemento importante que se debe considerar es que este delito tiene graves impactos negativos en la economía, porque desincentiva la inversión y el emprendimiento en áreas geográficas afectadas por el crimen organizado.
Por ello, dijo, es de vital importancia combatir esta práctica criminal, ya que socava el Estado de derecho.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 (ENVIPE), durante 2022 se cometieron 26.8 millones de delitos asociados a 21.1 millones de víctimas, lo que representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima.
En este sentido, expresó que combatir la extorsión en la modalidad de cobro de derecho de piso es esencial para proteger a la sociedad, promover el Estado de derecho, salvaguardar los derechos individuales, fomentar la economía y prevenir la expansión del crimen organizado.
El Secretario de Seguridad Pública Estatal informó que ya está en marcha el proyecto de reestructuración en los Ceresos estatales para separar a las personas privadas de la libertad (PPL) que ya están sentenciadas, de quienes están en prisión preventiva.
“Avanzamos en materia de infraestructura para hacer una nueva forma de distribución, primero las personas están en esas áreas en observación hasta que se determina en qué área estarán”, comentó el funcionario.
Explicó que esta forma de administrar a las PPL es de acuerdo a lo que establece la Ley nacional del sistema penitenciario e indicó que esta es una forma de mejorar las cuestiones de seguridad al interior de los penales.
Agregó que actualmente se busca la proyección financiera para la rehabilitación del Cereso 9, mismo que había pasado del gobierno estatal al federal y ahora nuevamente está a cargo del gobierno del estado.
Se detalló que de todas las PPL, cerca del 40% están en prisión preventiva. “Primero vamos a separarlos por personas sentenciadas y no sentenciadas y luego separarlos por nivel de peligrosidad, pues no hacer esto genera que las pandillas sigan operando adentro y afuera de los penales”, comentó el funcionario.
Agregó que se agregará al sistema de vigilancia de la Plataforma Centinela las cámaras de los penales estatales.
