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La gobernadora Maru Campos hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad chihuahuense a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en la región serrana en rubros como vivienda, educación, salud y seguridad. Lo anterior al encabezar el evento “Juntos Por la Sierra Tarahumara”, realizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La titular del Ejecutivo resaltó que los chihuahuenses: “No nos doblamos, no nos rendimos, no nos dejamos vencer, hemos demostrado una y otra vez cómo la perseverancia y voluntad para sobrellevar la adversidad, cambia realidades, sobre todo que es posible cuando lo hacemos juntos”.

Más allá de que este reto, dijo, no es fácil: “Quiero invitar al empresariado, autoridades municipales, gobernadores indígenas, iglesia, sociedad, civil, cada secretaría de Gobierno del Estado, diputadas y diputados federales y locales, a todos, a que vayamos juntos por nuestra querida sierra tarahumara”.

Señaló que es preciso no estancarse en el asistencialismo y trabajar para cambiar el rezago en la zona serrana, puesto que las décadas de olvido le siguen haciendo a la región  por lo que es necesario responsabilizarse para tener nuevas formas de hacer las cosas.

Hizo énfasis en el reforzamiento del trabajo conjunto con Sedena y Guardia Nacional así como con los gobiernos municipales, para tener una presencia permanente en la región. También resaltó la creación de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, que ha significado una transformación en los alcances de las acciones y esfuerzos que se desarrollan en la sierra.

Precisó que el Gobierno del Estado rehabilitó más de 30 escuelas en la zona serrana, lo cual ha beneficiado a más de 65 mil niños y jóvenes, y cerca de 2 mil 200 estudiantes recibieron una beca. A ello se suma la rehabilitación y puesta en operación de 15 Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno (Cerenam) y en breve se abrirán siete más.

Dijo que ahora la Clínica Santa Teresita de Creel no tiene problemas para su operación, aunado al Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (Caaps) Creel y en diversas comunidades. Además, las clínicas móviles que han atendido a casi 30 mil hermanos rarámuris.

La Gobernadora anunció una estrategia transversal, la cual se asegurará que se le dé continuidad en las siguientes administraciones, con un proyecto de intervención permanente en tres grandes ejes: Mejoramiento de las condiciones de la vivienda, acceso efectivo a la salud y a la educación, y el desarrollo económico de la región, para la cual se requiere una inversión de $1,072 mdp.

En representación de los alcaldes de la región serrana, el presidente municipal de Balleza, Jesús Augusto Medina Aguirre, expresó su gratitud a la titular del Ejecutivo Estatal por el apoyo a él y sus homólogos de la sierra, así como a las autoridades tradicionales, con quienes se trabaja coordinadamente, lo que ha permitido apoyar a los agricultores, construir presones, revestir caminos, contar con servicios de las clínicas móviles, entre otras acciones. 

A nombre de las Diócesis de la Tarahumara, el hermano Manuel Franco Jáuregui, destacó la autodeterminación que les permite el Gobierno del Estado a los pueblos originarios, como el derecho que tienen a tomar sus propias decisiones.

María Luisa Bustillos Palma, autoridad tradicional de Ciénega de Norogachi, dijo que ahora más que nunca las cuatro etnias, trabajan día a día para que los pueblos indígenas sigan de pie y agradeció que la Gobernadora los reconoce, los respeta y aprendió lo que significa vivir dentro de una cultura indígena y las necesidades que tienen, las cuales poco a poco son atendidas.

Organizaciones civiles en defensa de los derechos de las mujeres, así como familiares de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición se reunieron con representantes de Amnistía Internacional en el 20 aniversario del “México, muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”.

El evento se realizó en la Cruz de Clavos frente a Palacio de Gobierno, para lo cual se cerró el tramo de la calle Aldama. 

Edith Olivares, representante de Amnistía Internacional, dijo que gracias a la tenacidad de las madres de las víctimas se tiene legislación y mecanismos de defensa para las mujeres, aunque lamentó que no funcionen adecuadamente por el desinterés y las omisiones de los gobiernos. 

Amnistía Internacional es un movimiento con más de 10 millones de integrantes en todo el mundo.

“Hicimos una revisión del informe que presentamos hace 20 años y todos los casos de este informe siguen en la impunidad”, expresó.

Dijo que seguirán siendo solidarias con las mujeres chihuahuenses hasta recibir justicia. 

En la movilización participaron organizaciones como el Movimiento Estatal de Mujeres, las Mujeres de Negro, el Centro Estatal de los Derechos de las Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La mamá de Mónica Liliana Delgado, víctima de desaparición y feminicidio, reclamó que las autoridades gubernamentales no han hecho acciones suficientes para garantizar que no mueran más mujeres o niñas.

Indicó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván prometió cosas respecto al tema que no ha cumplido y pidió que las reciba para platicar y que les informe qué acciones se realizarán para garantizar la no repetición. 

“No todo han sido marchas y manifestaciones, nos hemos sentado a diseñar políticas públicas”, comentó Graciela Ramos, quien recordó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió la Sentencia del Campo Algodonero, como respuesta a los constantes reclamos de las mujeres chihuahuenses y juarenses. 

“Pero lo que no se ha cumplido es la no repetición. Tenemos que seguir gritando NI UNA MÁS”, agregó Ramos.

La activista consideró que se deben hacer cambios socioculturales que cesen con la idea de que las mujeres son objetos que pueden ser poseídos, lo cual, dijo, debe de ser el principal compromiso de las autoridades gubernamentales. 

“Se asesinan de dos a tres mujeres por semana en Chihuahua y no se hace nada, no sabemos cuánto se investiga, y aunque hay organismos y fiscalías especializadas no es suficiente”, reclamó. 

Lidia Cordero Cabrera, directora de Casa Amiga de Ciudad Juárez, indicó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en su último reporte da cuenta que del 1 enero al 30 de junio se registraron 26 víctimas de feminicidio en Chihuahua, colocando al estado en el lugar 6 a nivel nacional.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó el pasado mes de junio su Informe el ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua, en el que estudió la situación de cientos de personas desplazadas por la violencia y emite diversas recomendaciones al estado para atender el problema y proteger a las víctimas.

Una de las conclusiones a las que llegaron es que sería conveniente crear una Ley estatal sobre desplazamiento forzado interno (DFI) y que esté alineada con la Minuta de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el DFI que se encuentra en el Senado de la República.

El reporte se realizó con información recabada tras entrevistar a 789 personas en 184 hogares en los que ha ocurrido al menos un evento de DFI por la violencia. De estas personas, el 52 por ciento se identificaron como población indígena; el 54 por ciento son mujeres; el 59 por ciento vivían en el estado de Chihuahua antes de su primer DFI por violencia y el 36 por ciento se encontraban en albergues en la frontera al momento de la encuesta.

De estos hogares, el 26 por ciento se habían desplazado por primera vez a raíz de la violencia durante 2021; el 38 por ciento entre 2017, y el 26 por ciento entre 2008 y 2016. Además, el Ejercicio obtuvo información de otras 141 PDFI que participaron en los grupos focales, de las cuales el 48 por ciento son indígenas y el 75 por ciento mujeres.

El informe fue realizado en conjunto con instituciones públicas y organizaciones civiles como Alianza Sierra Madre, Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y estatal, el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria, Secretaría de Gobernación y otras.

Este mes de septiembre, los secretarios del gobierno estatal no rendirán un informe como se realizó en otros años, informó la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

La titular del Ejecutivo estatal indicó que su informe de gobierno se realizará en el mes de marzo, como lo indica la ley y que “no le vemos caso” a que los secretarios realicen un informe durante el mes de septiembre.

“El informe será en marzo como lo indica la ley. Se había hecho en otros años que los secretarios en septiembre den un informe, no le vemos el sentido así que será solo en marzo”, comentó.

Agregó que actualmente hay revisiones de subsecretarios, directores generales, coordinadores y jefaturas puesto que “necesitamos dar resultados a la gente y no podemos caer en una zona de confort”.

Además, indicó que se presentará en el informe de gobierno del alcalde Marco Bonilla.

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