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Será la Fiscalía General de la República (FGR) quien tendrá la última palabra en las conclusiones relacionadas con la supuesta intromisión de agentes extranjeros en actividades oficiales en Chihuahua y, además, busca establecer si se dio la comisión de algún delito, expuso esta mañana en su conferencia de prensa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Agregó que la instancia federal seguirá la investigación del caso donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) murieron en la sierra de Chihuahua la madrugada del 19 de abril pasado al volcarse el vehículo donde viajaban con elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La presidenta indicó que el Gabinete de Seguridad puede llegar en las indagaciones hasta “cierto punto”, pero cuando hay comisión de un delito se debe investigar, por lo que la dependencia federal averigua si se cometió algún ilícito relacionado con la presencia de los extranjeros en el territorio nacional.

Lo ocurrido, dijo lo tiene que aclarar la fiscalía federal, “que haga su investigación”.

Sin mencionar al Gobierno del Estado de Chihuahua, indicó que se trata de un tema de violación a la ley por parte de una autoridad nacional.

“Nosotros no estamos para vigilar a Gobiernos estatales”, afirmó, aunque si se comete algún delito, se coordinan con sus funcionarios y les piden que cumplan con la ley; si no lo hacen, hay consecuencias, como con cualquier ciudadano.

Enfatizó que ella ha mantenido posición muy clara y citó que Wall Street Journal, medio de comunicación estadounidense, publicó que la posición que tomó como mandataria de México no es contra el Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, expresó, sí se envió una nota diplomática a ese país pidiendo una explicación del por qué el Gobierno federal mexicano no fue informado de la presencia de sus agentes en territorio nacional y que situaciones como esta no pueden ocurrir.

Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno estadounidense ha estado aportando información sobre el caso y en su respuesta a la nota diplomática enviada por el de México dicen claramente que van a respetar la Constitución de México.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a cerrar filas entre niveles de gobierno, y aseguró que la coordinación en materia de seguridad es “indeclinable” para su administración.

En un posicionamiento, emitido a través de un comunicado oficial, la mandataria estatal afirmó que coincide “totalmente” con la necesidad de que los gobiernos, sin importar su filiación partidista, trabajen de manera conjunta para proteger a las familias mexicanas y preservar la soberanía nacional, bajo el marco de la ley y con confianza institucional.

Campos Galván sostuvo que el esfuerzo coordinado entre autoridades ha contribuido a una disminución “sensible” de la violencia y del impacto del crimen organizado, y subrayó que fortalecer los canales de comunicación es la vía para mejorar resultados.

En ese contexto, confirmó que sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, con quien compartió avances de las investigaciones relacionadas con el operativo reciente en el municipio de Morelos.

La gobernadora agradeció la apertura del Gobierno federal y la disposición del funcionario para mantener el intercambio de información, y reiteró su compromiso de sostener una comunicación constante sobre los procesos en curso.

“Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de Derecho en nuestro país”, concluyó.

La bancada de Morena en el Congreso del Estado solicitó la comparecencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para que informe y aclare los hechos relacionados con la presunta operación de agentes extranjeros en territorio estatal, así como la muerte de dos de ellos tras un operativo reciente.

El grupo morenista presentó este jueves un punto de acuerdo en voz de la diputada juarense Elizabeth Guzmán Argueta, quien sostuvo que lo ocurrido el fin de semana pasado en el municipio de Morelos no puede considerarse un hecho aislado, sino un asunto que pone en entredicho la soberanía nacional y la legalidad en el ejercicio del poder público.

“Nuestra legislación es clara: los estados no pueden, bajo ninguna circunstancia, celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros. La gobernadora no tiene facultades para realizar arreglos de este tipo”, expresó la legisladora al fijar la postura de su bancada.

Guzmán Argueta advirtió que permitir la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad podría constituir una violación a diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 39, 40, 89 y 117, que regulan la soberanía y las competencias entre órdenes de gobierno.

Afirmó además que existen antecedentes que sugieren una práctica recurrente de colaboración internacional sin la intervención del gobierno federal.

Entre otros, mencionó el Memorándum de Entendimiento firmado en 2022 entre el Gobierno de Chihuahua y el estado de Texas en materia de cruce fronterizo, así como un acuerdo de cooperación hídrica con Israel en 2023, suscrito por la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Asimismo, existen señalamientos de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sobre intercambio de información con agencias estadounidenses como DEA, FBI, HSI, CBP y ATF.

Según la legisladora, estos antecedentes evidencian una posible práctica de establecer acuerdos con actores internacionales al margen de la Federación.

La solicitud de comparecencia ocurre en medio de la controversia generada por reportes periodísticos que documentan la participación de presuntos agentes de la CIA en operativos en Chihuahua, así como el fallecimiento de dos de ellos en un accidente posterior.

Morena planteó que el Congreso local debe esclarecer si existió algún tipo de acuerdo, autorización o coordinación formal entre autoridades estatales y agencias extranjeras.

La propuesta será discutida en el Pleno del Congreso, donde se definirá si procede la comparecencia de la titular del Ejecutivo estatal.

Como parte de la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, autoridades de los tres niveles de Gobierno revisaron las estrategias para inhibir homicidios y dar seguimiento a las acciones enfocadas en la protección de las mujeres, reunión encabezada por la gobernadora Maru Campos.

En la Mesa de Seguridad que tuvo lugar en esta frontera, la mandataria expuso que el trabajo conjunto entre corporaciones estatales, federales y municipales, ha permitido avanzar en la contención de delitos de alto impacto.

Lo anterior, mediante operativos permanentes en zonas prioritarias de la ciudad fronteriza, afirmó.

Campos refirió que de manera paralela se han fortalecido las acciones en favor de las mujeres, con resultados positivos en la atención, acompañamiento y acceso a la justicia para víctimas de violencia de género, todo esto, en coordinación con instancias especializadas.

La reunión tuvo lugar poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señalara que no estuvo informada del operativo efectuado el sábado pasado, donde dos agentes estadounidenses perdieron la vida en un accidente de carretera, se indicó a través de un comuncado de prensa.

La gobernadora señaló que han sido los operativos permanentes entre fuerzas de todos los niveles de gobierno los que han permitido establecer condiciones de mayor seguridad en zonas prioritarias de la ciudad fronteriza.

A la sesión de la Mesa de Seguridad, acudieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el delegado de la Fiscalía General de la República, Victorino Porcayo y los generales Fernando Colchado y Felipe González, comandantes de la 11/a y 5/a Zona Militar, respectivamente.

También estuvieron presentes el general Julio César Moreno, del Comité de la IV Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; Israel Caro, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

De igual forma participaron: Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Mayra Chávez, delegada de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el estado y Zayra Carrasco, representante del Instituto Nacional de Migración, así como el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz.