chihuahua

El Gobierno del Estado, informó que a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) distribuyó 1,800 kilogramos de maíz y frijol, a habitantes de comunidades del municipio de Carichí.

Los beneficiarios viven en las comunidades de Huahuacherare y Nacaruri, se dio a conocer.

De igual forma, a través del Programa Integral para la Producción Agropecuaria (PIPA) se otorgó equipo y herramienta de labranza a 40 familias, con la finalidad de mejorar sus condiciones de trabajo y promover una producción más eficiente.

La dispersión de este tipo de apoyo continuará durante lo que resta del año en la región serrana, en municipios como Bocoyna, Morelos, Maguarichi y Batopilas entre otros.

La administración estatal impulsa el desarrollo productivo de las comunidades, fortalece la economía y contribuye a que, quienes viven, en el campo cuenten con los recursos necesarios para avanzar hacia la autosuficiencia y la seguridad alimentaria.

El Gobierno de México dio a conocer las acciones del Gabinete de Seguridad realizadas del 14 al 16 de noviembre en 16 estados del país, entre ellos Chihuahua, donde las intervenciones federales dejaron al descubierto nuevamente la tensión que persiste en zonas estratégicas del territorio.

En Hidalgo del Parral, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado y Policía Estatal aseguraron 12 vehículos y retiraron dos tractocamiones utilizados para bloquear una carretera, un método recurrente de grupos criminales para obstaculizar operativos y controlar territorios.

Aunque no se reportaron detenciones, el retiro de los camiones confirma la presencia activa de células que operan con capacidad logística suficiente para afectar rutas regionales.

En Ciudad Juárez, personal del Ejército Mexicano detuvo a una persona que transportaba 127 kilos de marihuana y 49 kilos de goma de opio, cargamento valuado en 2.2 millones de pesos.

El operativo incluyó el aseguramiento del vehículo utilizado para el traslado, lo que refuerza la importancia de Juárez como corredor del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las acciones en Chihuahua forman parte de un despliegue federal que se extendió a Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, donde se realizaron cateos, detenciones y aseguramientos de armamento y droga.

Aunque el gobierno federal destaca estos resultados como parte de una estrategia constante, los hechos revelan que los grupos criminales continúan operando con movilidad y recursos en varios puntos del estado.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Juan Carlos H. L. y René H. L., por el delito de extorsión agravada, cometido en la ciudad de Chihuahua.

A través de un comunicado se informó que los datos de prueba expuestos por la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión fueron suficientes para que un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, determinara que se encontraba debidamente acreditada la probable participación de los imputados, en el hecho delictivo ocurrido el 16 de octubre de 2025.

De acuerdo con la investigación ministerial, ese día Juan Carlos H. L. y Rene H.L., ingresaron a un fraccionamiento de la ciudad de Chihuahua, haciéndose pasar por elementos de seguridad, para dirigirse al domicilio de la víctima, en donde le dejaron documentos para que desistiera de un trámite registral, añade el reporte.

Posteriormente, en los días subsecuentes, la víctima recibió en su número de teléfono personal, mensajes intimidatorios e imágenes, con información sensible y real, para atemorizarlo y lograr que firmara un documento con el que renunciaría a la inscripción del inmueble de su propiedad, agrega el informe.

Tras integrarse la carpeta de investigación, con base en la denuncia, ambos imputados pudieron ser detenidos mediante orden de aprehensión cumplimentada el pasado 04 de noviembre, en Ciudad Juárez por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, se indicó.

Los imputados enfrentarán su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, puntualiza el comunicado.

En Chihuahua, el hambre sigue siendo parte del paisaje. Diez de cada cien personas padecen carencias de alimentación nutritiva y suficiente, denunció la diputada Magdalena Rentería Pérez (Morena), al presentar datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según cifras citadas por la legisladora, más de 73 mil chihuahuenses viven en pobreza alimentaria, sin acceso regular a una dieta que garantice su salud. En las comunidades serranas, la situación es aún más crítica: seis de cada diez niñas y niños padecen desnutrición, una cifra que revela el abandono histórico de la región.

De acuerdo con el Inegi, en 2024 se contabilizaron 387 mil personas con carencia de alimentación nutritiva y de calidad en el estado.

El mismo informe indica que había medio millón de chihuahuenses en pobreza moderada y 86 mil 900 en pobreza extrema.

Aun así, los indicadores laborales apenas muestran una mejora marginal: el Informe sobre Pobreza Laboral, publicado el 27 de septiembre, señala que Chihuahua redujo en 1.5 puntos porcentuales la proporción de personas cuyo ingreso no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, pasando de 21.3 a 19.8 por ciento en el segundo trimestre de 2024.

“Juntos por la Sierra Tarahumara”, bajo la lupa

Desde la tribuna del Congreso del Estado, Rentería Pérez pidió al Gobierno de Chihuahua evaluar con transparencia y resultados reales el programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, durante el ejercicio fiscal 2026.

La diputada también exhortó al Inegi a realizar una medición municipal de la pobreza, conforme a la Ley General de Desarrollo Social, para visibilizar la magnitud del problema en cada región.

“No se puede hablar de progreso mientras haya familias que duermen con hambre en Chihuahua”, advirtió.

Sin embargo, la propuesta fue desechada por la mayoría parlamentaria integrada por el PRI y el PAN, que votó en contra del exhorto.