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Por tercer día consecutivo, el estado de Chihuahua fue el más violento del país, al registrar seis homicidios durante el 28 de octubre, cifra superior a la de otras entidades que también enfrentan altos niveles de inseguridad.

El domingo 26, con nueve homicidios; el lunes 27, con siete, y el martes 28, con seis, fueron los tres días consecutivos en que Chihuahua encabezó la tabla nacional de homicidios que publica diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

La ola de violencia, desatada la semana pasada tras un ataque armado en el municipio de San Francisco de Borja, provocó que la entidad se ubicara en el primer lugar nacional en cuatro de los últimos seis días.

Con los seis casos registrados este martes, Chihuahua acumula 105 homicidios en lo que va de octubre, colocándose en el cuarto lugar nacional en el conteo mensual, solo por debajo de Guanajuato (120), Sinaloa (115) y el Estado de México (109).

En entrevista colectiva, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, atribuyó la reciente oleada de violencia en Guachochi a una pugna interna entre dos células del mismo cártel, mientras que los hechos ocurridos en San Francisco de Borja derivan —dijo— de un conflicto familiar ocurrido en Gran Morelos el 14 de septiembre, que dejó seis personas asesinadas durante una festividad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó este martes que se desplegó un operativo con 130 efectivos de corporaciones federales, estatales y municipales en Guachochi, como parte del reforzamiento de la seguridad en la región serrana.

Con siete casos registrados, el estado de Chihuahua se ubicó por segundo día consecutivo como el más violento del país, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.

El domingo 26 también se situó en el tope de la tabla de los estados con más homicidios dolosos, con nueve casos en total.

Ese día se presentaron sucesos como los homicidios múltiples ocurridos en el municipio de Guachochi, donde murieron cinco personas y otras más resultaron heridas.

Los informes diarios sobre la incidencia de homicidios indican que Chihuahua ha sido la entidad con el mayor número de pérdidas humanas a causa de la violencia en siete días del presente mes: miércoles 1, viernes 2, martes 7, viernes 17, jueves 23, domingo 26 y lunes 28.

En la última semana y el inicio de la presente, ocurrieron algunos de los eventos violentos de mayor trascendencia, como los ataques armados en Guachochi, cuyo saldo fue de al menos siete personas muertas y siete lesionadas.

Este lunes, en Ciudad Juárez, se reportaron ataques con tres jóvenes ejecutados la noche del 27 de octubre; varios medios locales difundieron la agresión, ocurrida en la vía pública y frente a familiares.

En días previos, durante la semana anterior, ocurrió un ataque en el municipio de San Francisco de Borja, con un saldo de tres personas asesinadas, dos viviendas incendiadas y vehículos calcinados.

Con los casos de este lunes, la entidad alcanzó ya los 99 homicidios registrados en el mes, cifra que la ubica en el cuarto lugar nacional, por debajo de Guanajuato (116), Sinaloa (112) y el Estado de México (107).

Numeralia de la violencia en Chihuahua

• 2 días consecutivos como el estado más violento del país

• 7 ocasiones en octubre encabezando el conteo nacional de homicidios dolosos

• 7 asesinatos registrados el lunes 28 de octubre

• 9 homicidios el domingo 26, también primer lugar nacional

• 99 víctimas en total durante octubre

• 4° lugar nacional en homicidios acumulados del mes

• 116 homicidios en Guanajuato, el estado con más asesinatos del país

• 112 en Sinaloa y 107 en el Estado de México

• 7 muertos y 7 heridos en los ataques de Guachochi

• 3 jóvenes ejecutados la noche del 27 en Ciudad Juárez

La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) denunció el colapso de la seguridad en la Sierra Tarahumara, tras la ola de asesinatos ocurrida el pasado fin de semana en Guachochi y San Francisco de Borja, donde 23 personas fueron ejecutadas y varias viviendas y vehículos fueron incendiados.

En un comunicado difundido ayer lunes, la organización advirtió que el Estado mexicano ha perdido la capacidad de controlar al crimen organizado, mientras las comunidades serranas viven sitiadas por la violencia y abandonadas por las instituciones.

“A los pueblos de la Sierra llegan los balazos, los incendios y los robos del precario patrimonio, pero nunca llegan la justicia ni la paz”, señaló la Cosyddhac.

Crisis prolongada y omisión oficial

La organización, con más de 40 años de trabajo en defensa de los derechos humanos en Chihuahua, consideró “inaceptable” la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho básico a la vida, la integridad física y la paz de las comunidades serranas.

“Al dolor de las comunidades se suma la indignación que sentimos ante la incapacidad de las autoridades por garantizar a la ciudadanía el respeto a la vida, a la integridad física y a vivir en paz, libres de toda violencia”, expresó la Cosyddhac.

El comunicado recordó que, apenas unos días antes de la masacre del fin de semana, también en Guachochi fueron localizados los cuerpos de tres personas ejecutadas, lo que evidencia una escalada de ataques continuos contra familias y comunidades inocentes.

“Mientras los gobiernos se conforman con sacudirse la responsabilidad entre ellos y publicitar reuniones o detenciones, la realidad en la Sierra Tarahumara se deteriora entre balaceras, incendios intencionales, desplazamientos forzados y amenazas”, señaló el pronunciamiento.

“El Estado ha perdido la capacidad de controlar la delincuencia”

La Cosyddhac afirmó que el Estado mexicano “ha perdido la capacidad de controlar la delincuencia”, al menos en sus expresiones más violentas, y que el crimen organizado se ha empoderado como un poder fáctico en diversas regiones del país.

El comunicado sostiene que ninguna institución de seguridad enfrenta eficazmente a los grupos criminales y advierte que incluso las fuerzas armadas “se han convertido en parte del problema y no en la solución”, al haber adquirido poder e incurrido en redes de corrupción.

“¡Basta de echarse la responsabilidad de un gobierno a otro! ¡Basta de fotos y declaraciones autocomplacientes!”, exigió la organización civil.

Exigen un plan de justicia y paz

Cosyddhac expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por la violencia y exigió la implementación inmediata de un Plan de Justicia y Paz con participación directa de los pueblos serranos.

Dicho plan —propuso la organización— debe incluir metas claras, medibles y evaluables públicamente, que atiendan tanto las manifestaciones visibles de la violencia como sus causas estructurales: la marginación, la pobreza y la ausencia del Estado de derecho.

Asimismo, manifestó su respaldo al obispo Juan Manuel González Sandoval, titular de la Diócesis de la Tarahumara, así como al clero y agentes pastorales que han mantenido una postura activa en favor de la paz y la justicia.

La Comisión cerró su posicionamiento con un exhorto directo a las autoridades federales, estatales y municipales.

“Por el fin de la impunidad, por una justicia eficaz y radical que fundamente la verdadera paz para los pueblos de la Tarahumara”, sentenció.

Con motivo del Día Nacional del Ministerio Público, que se conmemora cada 22 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó un reporte que revela que Chihuahua se mantiene entre los estados con mayor carga de trabajo para sus agentes del Ministerio Público y menor confianza ciudadana hacia la Fiscalía estatal.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024, durante 2023 cada agente o fiscal del Ministerio Público en Chihuahua tuvo en promedio más de 150 delitos bajo investigación, una cifra cercana al promedio nacional (152.7), lo que refleja una elevada presión operativa en las fiscalías del fuero común.

A nivel nacional, las entidades con mayor carga fueron Aguascalientes, con 464.7 delitos por agente; Guanajuato, con 448.7; y Querétaro, con 357.3. En contraste, Yucatán reportó la menor carga, con apenas 13.6 delitos por agente del Ministerio Público.

El informe detalla que, al cierre de 2023, había 58 mil 785 personas adscritas a las fiscalías estatales del país: 24.1 por ciento eran agentes o fiscales del Ministerio Público, 28.6 por ciento policías judiciales y 8.2 por ciento peritos. Chihuahua figura entre los estados donde el número de agentes creció en los últimos siete años, aunque la demanda penal sigue siendo alta.

En cuanto a la confianza ciudadana, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 indican que solo el 57 por ciento de la población mexicana confía en las fiscalías estatales, mientras que el 64.5 por ciento lo hace en la Fiscalía General de la República (FGR).

En Chihuahua, la percepción de confianza hacia la Fiscalía estatal se ubica por debajo del promedio nacional, según el desglose del INEGI, lo que evidencia un desafío adicional en materia de credibilidad institucional.

El organismo recordó que, entre 2016 y 2023, la carga de trabajo de los Ministerios Públicos estatales solo se redujo ligeramente, pasando de 157.3 a 152.7 delitos por agente, lo que sugiere una mejora marginal en eficiencia, pese al aumento de personal en las fiscalías.

El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Ministerio Público, y el INEGI subrayó que los datos buscan contribuir al análisis sobre las condiciones laborales, la carga institucional y la percepción pública de las autoridades encargadas de procurar justicia en México.

“La reforma judicial olvidó a los MP’s”: diputado

La reforma al sistema judicial del país se olvidó del eslabón más importante de la cadena de impartición de justicia: el agente del Ministerio Público, afirmó el diputado Francisco Sánchez Villegas (Movimiento Ciudadano), presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

“El MP es quien recibe las denuncias, integra carpetas y formula las imputaciones ante los jueces, pero hoy están sobresaturados, con más de 400 carpetas de investigación por agente”, señaló.

Agregó que una reforma integral al sistema del Ministerio Público debe considerar no solo al agente “de a pie”, sino a toda la estructura de investigación criminalística, incluyendo la forma en que se designa a la persona titular del Ministerio Público.

“Si el Ministerio Público no cuenta con un servicio pericial robusto y exhaustivo que pueda atender todas las investigaciones, evidentemente eso impacta en la integración de las carpetas”, añadió.

Sánchez Villegas advirtió que los agentes del Ministerio Público en Chihuahua enfrentan escenarios cada vez más complejos, como el caso del crematorio Plenitud, que implica investigar la identidad de más de 380 cadáveres.

“Por la cantidad de delitos que padecemos y la acumulación de carpetas, es urgente crear mecanismos alternos de solución, que no todo tenga que procesarse en un esquema jurisdiccional, sino atenderse mediante modelos de mediación o conciliación”, concluyó.