chihuahua

El diputado federal Juan Carlos Varela Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General de Responsabilidades Administrativas para sancionar con destitución e inhabilitación a servidores públicos que autoricen, faciliten o toleren la presencia y operación de agentes extranjeros sin la autorización expresa del Gobierno Federal.

La propuesta establece que cualquier funcionario federal, estatal o municipal que permita la participación de agentes de otros países en operaciones de seguridad pública, investigaciones o actividades de inteligencia, sin contar con la aprobación del Ejecutivo Federal, será sancionado con:

Destitución inmediata del cargo.
Inhabilitación para ocupar cualquier puesto en el servicio público (por el tiempo máximo que establece la ley).
Posibles multas económicas.

Según el legislador, el objetivo es fortalecer la soberanía nacional y evitar que gobiernos locales realicen acuerdos o operativos directos con agencias extranjeras, principalmente de Estados Unidos, sin pasar por las instancias federales correspondientes.

Esta iniciativa surge en el contexto del caso ocurrido en Chihuahua, donde dos presuntos agentes estadounidenses perdieron la vida durante un operativo relacionado con un narcolaboratorio.

El incidente generó polémica sobre la posible participación irregular de agentes extranjeros y ha sido utilizado por Morena para insistir en que toda cooperación en materia de seguridad debe canalizarse exclusivamente a través del gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que en México no existen operaciones conjuntas con agentes extranjeros, sino únicamente intercambio de inteligencia.

La iniciativa de Varela se enmarca en la narrativa de Morena de defensa de la soberanía frente a lo que consideran posible ingerencia extranjera en asuntos de seguridad interna.

La propuesta ha sido turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desmintió que el narcolaboratorio localizado en la sierra de Chihuahua sea el más grande del país, luego de versiones que lo posicionaban como el de mayor dimensión tras su hallazgo.

De acuerdo con lo publicado en diversos medios de comunicación, la dependencia federal precisó que, aunque se trata de un complejo significativo por su infraestructura y capacidad de producción, no puede considerarse el más grande asegurado en territorio nacional.

El laboratorio fue ubicado en una zona serrana del municipio de Morelos, donde autoridades detectaron instalaciones destinadas a la elaboración de drogas sintéticas, con equipo especializado y grandes cantidades de precursores químicos.

Tras el aseguramiento, distintas autoridades estatales habían destacado la magnitud del sitio; sin embargo, Sedena aclaró que en operativos anteriores se han localizado instalaciones de dimensiones iguales o superiores en otras regiones del país.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República, al tratarse de delitos del orden federal relacionados con la producción y distribución de sustancias ilícitas.

La precisión de la Sedena busca evitar interpretaciones incorrectas sobre el alcance del hallazgo, aunque mantiene la relevancia del operativo en el combate a la producción de drogas sintéticas en el país.

Una fotografía en poder de Milenio revela que los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua portaban armas de fuego y vestían uniforme de la Fiscalía estatal, al momento de participar en un operativo junto a personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

En la imagen se observa a siete personas en total, entre ellas las cuatro víctimas del accidente carretero: los dos agentes estadounidenses, el entonces titular de la AEI y el elemento que conducía la camioneta que se desbarrancó el pasado domingo.

También aparecen dos agentes más de la AEI y una persona no identificada, todos reunidos en un entorno serrano, presuntamente durante el despliegue operativo.

De acuerdo con la información difundida, la fotografía habría sido tomada el 18 de abril, el mismo día en que la AEI localizó un narcolaboratorio en la zona, operativo tras el cual ocurrió el accidente.

El contenido de la imagen contradice la versión ofrecida por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, quien había señalado que no existían elementos que confirmaran ese nivel de participación de los agentes extranjeros.

La investigación fue encomendada por la gobernadora María Eugenia Campos, luego de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, que desataron cuestionamientos sobre la presencia y el rol de personal extranjero en operativos de seguridad en el estado.

La difusión de esta imagen añade un nuevo elemento al caso, al evidenciar no solo la presencia de los agentes, sino su integración operativa con corporaciones estatales, lo que mantiene abierto el debate sobre la legalidad y los alcances de este tipo de colaboraciones.

Será la Fiscalía General de la República (FGR) quien tendrá la última palabra en las conclusiones relacionadas con la supuesta intromisión de agentes extranjeros en actividades oficiales en Chihuahua y, además, busca establecer si se dio la comisión de algún delito, expuso esta mañana en su conferencia de prensa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Agregó que la instancia federal seguirá la investigación del caso donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) murieron en la sierra de Chihuahua la madrugada del 19 de abril pasado al volcarse el vehículo donde viajaban con elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La presidenta indicó que el Gabinete de Seguridad puede llegar en las indagaciones hasta “cierto punto”, pero cuando hay comisión de un delito se debe investigar, por lo que la dependencia federal averigua si se cometió algún ilícito relacionado con la presencia de los extranjeros en el territorio nacional.

Lo ocurrido, dijo lo tiene que aclarar la fiscalía federal, “que haga su investigación”.

Sin mencionar al Gobierno del Estado de Chihuahua, indicó que se trata de un tema de violación a la ley por parte de una autoridad nacional.

“Nosotros no estamos para vigilar a Gobiernos estatales”, afirmó, aunque si se comete algún delito, se coordinan con sus funcionarios y les piden que cumplan con la ley; si no lo hacen, hay consecuencias, como con cualquier ciudadano.

Enfatizó que ella ha mantenido posición muy clara y citó que Wall Street Journal, medio de comunicación estadounidense, publicó que la posición que tomó como mandataria de México no es contra el Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, expresó, sí se envió una nota diplomática a ese país pidiendo una explicación del por qué el Gobierno federal mexicano no fue informado de la presencia de sus agentes en territorio nacional y que situaciones como esta no pueden ocurrir.

Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno estadounidense ha estado aportando información sobre el caso y en su respuesta a la nota diplomática enviada por el de México dicen claramente que van a respetar la Constitución de México.