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El Congreso del Estado de Chihuahua se ha convertido en una auténtica congeladora de iniciativas: 747 propuestas de ley permanecen sin dictamen para su presentación en el Pleno, muchas de ellas heredadas de la legislatura anterior.

De acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso, difundida por el Grupo Parlamentario de Morena, la LXVIII Legislatura —instalada en septiembre de 2024— recibió 181 iniciativas sin dictamen, es decir, sin que se defina si se aprueban o se rechazan.

El rezago se profundizó en el primer año de la legislatura actual: en ese periodo se han presentado 566 nuevas iniciativas, de las cuales 457 permanecen en espera.

A esta parálisis se suma el señalamiento del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que advirtió que la mayoría de los congresos estatales, incluido el de Chihuahua, no han adecuado su marco legal a las 19 reformas constitucionales federales aprobadas en años recientes.

Morena y PAN, campeones de la “iniciativitis”

De los grupos parlamentarios más activos —pero también con más pendientes— Morena encabeza la lista con 205 iniciativas presentadas en el último año, a las que se agregan 76 heredadas de la legislatura anterior, para un total de 281 sin resolver.

Le sigue el PAN, con 190 iniciativas de la legislatura actual y 89 rezagadas de la pasada. Movimiento Ciudadano suma 67 nuevas y 29 heredadas. El PRI acumula 62, el PT 24 y el PVEM 18.

Morena acusa bloqueo ideológico

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena, sostuvo que factores ideológicos han frenado el avance de diversas propuestas.

Entre ellas mencionó la iniciativa del PT para despenalizar el aborto, que no ha contado con el respaldo del bloque mayoritario.

Estrada recordó que, pese a las resoluciones jurisdiccionales —incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— que respaldan la despenalización de conductas como el aborto, en Chihuahua “no se ha podido cristalizar”.

“Tenemos posturas distintas en esos temas”, admitió el legislador. “Yo creo que esa ha sido una de las razones por las cuales no se ha podido dar cumplimiento a determinadas resoluciones”.

El proyecto de gasto, que incluye tanto al Poder Legislativo como a la Auditoría Superior del Estado (ASE), fue aprobado por unanimidad de votos en la Junta de Coordinación Política y será enviado al Ejecutivo para su integración en el Paquete Económico estatal de 2026.

De acuerdo con información del Portal de Transparencia del Congreso, al cierre de 2024 esta institución contaba con 393 trabajadores: 33 diputados, 142 empleados de confianza y 218 trabajadores de base.

En la distribución del gasto del Congreso destacan 372 millones 292 mil 004 pesos para servicios personales, 36 millones 303 mil 649 pesos para materiales y suministros, 334 millones 346 mil 689 pesos para servicios generales, 54 millones 983 mil 540 pesos para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, además de 45 millones 628 mil 290 pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Por su parte, la Auditoría Superior del Estado contempla para 2026 un gasto de 167 millones 643 mil 868.26 pesos en servicios personales, 6 millones 077 mil 623.56 pesos en materiales y suministros, 56 millones 817 mil 361.65 pesos en servicios generales, 14 millones 933 mil 043.87 pesos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como 10 millones 807 mil 191.26 pesos en bienes muebles, inmuebles e intangibles.

El incremento de 3.7 por ciento es en términos reales, en comparación con los mil 23.3 millones de pesos que se aprobaron para 2025, lo que confirma que el gasto legislativo mantendrá su tendencia ascendente, con la nómina como el rubro principal.

Además del paquete presupuestal, los diputados también votaron en positivo el proyecto de dictamen que modifica la conformación del Grupo Parlamentario del PRI, al establecer como subcoordinador al legislador Luis Fernando Chacón Erives.

El Senado de la República urgió a la mayoría de los Congresos estatales a modificar sus legislaciones para armonizarlas con las 19 reformas constitucionales aprobadas en los últimos años.

En particular, se señaló que ningún Congreso local —incluido el de Chihuahua— ha legislado para incorporar los nuevos principios que prohíben la reelección inmediata y sancionan el nepotismo en procesos electorales.

En el caso de Chihuahua, el Artículo 44 de la Constitución estatal aún permite la reelección, al establecer que el Congreso “se renovará totalmente el año que corresponda. Los diputados del Congreso del Estado podrán ser reelectos hasta por un período adicional”.

Asimismo, el Artículo 126 sigue vigente en los términos previos a la reforma federal que prohibió la reelección, lo que permite que alcaldes, regidores y síndicos puedan reelegirse por un periodo más.

Tampoco se han hecho adecuaciones legales para impedir que familiares directos de quienes ocupan un cargo de elección popular puedan contender en la siguiente elección.

De acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), durante los dos periodos ordinarios de sesiones correspondientes al primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura fueron aprobadas 19 reformas constitucionales.

Reformas en igualdad y pueblos indígenas, pendientes

Todas ellas actualizaron el marco jurídico federal, en particular en materia judicial, seguridad pública y fortalecimiento de la soberanía nacional.

Lo anterior obliga a las legislaturas locales a llevar a cabo un proceso de armonización legislativa para adaptar sus normas al marco constitucional federal y evitar conflictos normativos. Sin embargo, la mayoría de los estados no han cumplido.

El documento del IBD advierte que desde el pasado 3 de agosto venció el plazo para armonizar las leyes con la reforma en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia. Sólo Ciudad de México, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas y Baja California Sur han iniciado ese proceso.

Asimismo, la armonización derivada de la reforma en materia de pueblos indígenas sigue pendiente en 26 entidades; únicamente Chiapas y Michoacán realizaron los ajustes necesarios.

La única reforma constitucional en la que se ha registrado avance es en la relativa al Poder Judicial, donde 20 entidades ya realizaron las adecuaciones.

En todas las demás, el avance ha sido limitado, señala el documento del IBD.

“Por ello, resulta prioritario que las legislaturas locales revisen, adecuen y armonicen sus marcos normativos conforme a los nuevos mandatos constitucionales”, concluye el estudio.

Por su parte, Norte Digital solicitó la opinión de los coordinadores parlamentarios en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada (Morena) y Alfredo Chávez (PAN), pero ninguno respondió a la petición.

El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Salud de Chihuahua a expedir el reglamento de la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, aprobada el 12 de septiembre de 2023.

A casi dos años de su aprobación, la normatividad sigue sin entrar en vigor debido a la falta de dicho reglamento, necesario para su aplicación.

La diputada Irlanda Márquez Nolasco (PT), autora de la iniciativa, advirtió que esta omisión genera incertidumbre en la operatividad de la Ley y retrasa acciones fundamentales para garantizar el derecho de madres e infantes a la lactancia materna.

Entre las medidas contempladas en la legislación se encuentran la capacitación del personal de salud, la instalación de lactarios en centros de trabajo e instituciones públicas y privadas, la certificación de hospitales, así como incentivos y estímulos fiscales para fomentar esta práctica en el sector privado.

La legisladora subrayó la urgencia de que la Secretaría de Salud cumpla con la emisión del reglamento, ya que la obligación sigue vigente y su cumplimiento es esencial para garantizar plenamente los derechos que protege esta Ley.

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