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El diputado de Morena, Pedro Torres, calificó de “irresponsables” las declaraciones del legislador de Movimiento Ciudadano, Francisco Adrián Sánchez, quien acusó a integrantes del Congreso de “proteger a narcoterroristas”.

Torres calificó dichas expresiones “temerarias y profundamente ofensivas con las que solo busca generar “likes” y protagonismo.

“Resulta preocupante que un legislador recurra a este tipo de acusaciones sin sustento jurídico ni práctico, únicamente con la intención de generar polémica en redes sociales”, expresó el morenista.

Torres señaló que no hay evidencia ni análisis serio que respalde las afirmaciones de Sánchez.

“Lo que sí existe –dijo– es una clara intención de buscar protagonismo en redes a costa del respeto institucional y de la verdad”.

Criticó que su homólogo de MC ponga por delante su deseo de emitir mensajes que se hagan virales y andra a la casa de los “likes” en redes sociales.

El morenista hizo un llamado a recuperar la seriedad del Congreso local y recordó que los temas de seguridad pública y combate al crimen requieren rigor, no declaraciones efectistas ni confrontaciones mediáticas.

“Como Congreso, no debemos caer en provocaciones. Pero sí debemos señalar, con toda claridad, cuando un representante elige el camino del espectáculo por encima de su responsabilidad constitucional”, concluyó.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, Francisco Sánchez Villegas, pidió que no haya clemencia hacia el presunto homicida del niño Jasiel Giovanny y se le traslade de inmediato al Centro de Reinserción Social número 1.

Para el legislador del partido naranja, Alejandro Abraham F.D., padrastro y actualmente detenido como presunto autor del homicidio, debe dejar el Cereso femenil, donde la Fiscalía Zona Norte lo remitió, a petición de su defensa.

El sábado pasado, la Fiscalía Zona Centro, presentó ante un Juez de Control al detenido Abraham Alejandro F.D., para imputarle los delitos de homicidio agravado y calificado, violación y violencia familiar.

“El monstruo que asesinó cobardemente a este niño, que lo violentó, lo apuñaló, lo tiró en una bolsa de basura, no merece clemencia. Debe enfrentar todo el rigor de la ley sin privilegios ni excepciones”, declaró Sánchez Villegas.

“La familia de Jasiel Giovanny debe recibir justicia, honrar la memoria de la víctima y garantizar que el responsable enfrente las consecuencias de sus actos”, añadió.

“No hay castigo suficiente para quien asesina a un niño indefenso. Nada restaurará el dolor causado, nada traerá de vuelta a Jasiel Giovanny, pero es deber de la justicia chihuahuense actuar con todo el rigor, con todo el peso de la ley y el derecho”, subrayó.

La FGE informó que la defensa del imputado solicitó el traslado al Cereso Femenil, toda vez que se identificó como transexual.

En “respeto a sus derechos humanos”, la FGE acató la decisión sobre la clasificación de ingreso del sistema penitenciario.

Los municipios de Chihuahua y Juárez cobran un impuesto predial “en precio”, pues solo están aplicando actualizaciones a inmuebles que cambiaron de condición, afirmó el diputado Jorge Soto Prieto (PAN), presidente de la Comisión Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado.

Ante las protestas de grupos sociales que se oponen a lo que llaman un “aumento al predial”, y a la oposición manifiesta de la bancada de Morena en el Congreso, el panista consideró que no hay tal aumento al predial, ya que la actualización de tablas de valor no se hará de forma generalizada.

Se trata, dijo, de aplicar la tasa de valor que corresponda a predios que están inscritos como terrenos y que, en la actualidad, ya tienen una construcción encima, o aquellas casas o edificios que han tenido ampliaciones, dijo.

El legislador descartó que dicha actualización catastral sea lesiva para la economía familiar, o que vaya a tener un incremento desproporcionado respecto a los movimientos inflacionarios ocurridos en el país.

Destacó el hecho de que tanto Chihuahua como Juárez, y otros municipios de la entidad, destacan a nivel nacional por su eficaz recaudación de Impuesto Predial y de otros ingresos propios, lo cual les da autonomía de gestión y autodeterminación en su gasto.

Del supuesto incremento al predial, que es el impuesto que grava la propiedad inmobiliaria, dijo que no está contemplado en los proyectos de Ley de Ingresos de los dos municipios más poblados del estado.

Lo que sí se planea es ampliar la base gravable, pues existe una cantidad considerable de predios que no están ingresados en el padrón del Catastro Municipal, por lo cual no pagan el Predial, agregó.

Lo que se debe aumentar es la incorporación de predios al padrón de Catastro, para que también contribuyan al ingreso de los municipios y aporten al gasto público, dijo Soto.

Acerca de la posibilidad de que el impuesto predial, cuyo cobro corresponde a los municipios, pase a formar parte de la recaudación federal, el legislador se manifestó en contra, al considerar que los gobiernos municipales de Chihuahua hacen su trabajo tanto para recaudarlo como para hacer un bueno uso de esos recursos.

El diputado Saúl Mireles presentó una iniciativa para modificar el Código Penal de Chihuahua, con el fin de castigar de manera severa a quienes cometan el robo de vehículos en las carreteras del estado.

La propuesta plantea la adición del artículo 212 Ter, que impondría sanciones de entre siete y dieciocho años de prisión para quienes roben vehículos en las vías de comunicación dentro del territorio estatal, además de multas de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se informó a través de un comunicado de prensa.

El legislador del Partido Acción Nacional destacó la importancia de fortalecer la seguridad en las carreteras, ya que estas son clave para el desarrollo económico del estado, conectando regiones esenciales para el comercio, turismo y transporte.

El robo de vehículos en carreteras afecta tanto a transportistas como a particulares, generando pérdidas económicas significativas, según datos oficiales, indicó.

“Es fundamental establecer sanciones más duras para quienes intenten o lleven a cabo este tipo de delitos, especialmente cuando hay violencia de por medio”, comentó Mireles.

La iniciativa también contempla el incremento de penas en un 33% cuando los delincuentes utilicen armas o priven de la libertad a las víctimas, así como penas de hasta veinte años de prisión para servidores públicos involucrados.

Estas medidas buscan proteger tanto a la ciudadanía como a los sectores productivos, que reportan pérdidas considerables cuando sus vehículos son robados en carretera, explicó.

“Con esta propuesta, reiteramos nuestro compromiso de garantizar la seguridad en nuestras carreteras y de que quienes cometan este delito enfrenten consecuencias más severas, ayudando así a proteger el bienestar y el patrimonio de los chihuahuenses”, concluyó.

(mr)